El Gobierno nacional desarrolla diversas negociaciones para aprobar un proyecto de reforma laboral, que sería tratado por el Senado el 11 de febrero próximo.
Las gestiones incluyen contactos por parte de las principales figuras de la administración de Javier Milei y la visita personal del ministro del Interior, Diego Santilli, a varios gobernadores, quienes podrían influir sobre la posición de los legisladores de esas provincias.
Los principales cuestionamientos a la iniciativa aluden a las pérdidas que podrían sufrir las provincias, ya que el proyecto prevé disminuir la carga en el Impuesto a las Ganancias y en otras contribuciones patronales.
Funcionarios de la gestión de Martín Llaryora estiman que Córdoba resignaría unos $97 mil millones anuales por la detracción de esos tributos de la coparticipación de impuestos.
Esta aparece como una moneda de cambio en las gestiones del Gobierno nacional, que compensará con otras partidas y obras públicas a las provincias cuyos legisladores respaldan la iniciativa.
El proyecto tiene el rechazo del peronismo y de la CGT, por la eventual pérdida de aportes de los futuros trabajadores, quienes quedarían exentos del pago de una “cuota solidaria” si no están afiliados al gremio de la actividad.
El proyecto supone un mayor desgaste en el poder de convocatoria de la conducción cegetista, que ya descartó la posibilidad de convocar un paro general, ante la escasa receptividad que tendría la medida.
El Partido Justicialista, conducido por el kirchnerismo, no está dispuesto a concederle ningún logro legislativo a la gestión de Milei, que tienda a modificar las actuales condiciones socioeconómicas.
Más de cuatro de cada 10 trabajadores se desempeñan en la informalidad, quienes no perciben un sueldo similar a los que están registrados, carecen de obra social, de aportes previsionales y de otras prerrogativas que sí gozan quienes están inscriptos en forma legal.
La oposición debe aportar a encontrar una solución a la actual crisis del mercado laboral.
Queda en manos de las autoridades atender también las observaciones al proyecto que, en lugar de mejorar las condiciones de trabajo, puedan significar una pérdida de derechos para quienes están en actividad.
Es el caso de que una empresa podría despedir a parte o a la totalidad del actual plantel, para incorporar luego a otros operarios con cambios en la contratación.
El Gobierno tiene la obligación de lograr la sanción de un proyecto equilibrado para ambas partes, con perdurabilidad en el tiempo, que mejore la productividad y se convierta en un instrumento clave para un desarrollo sustentable.
La eventual sanción de una reforma laboral haciendo uso de todos los instrumentos de presión que posee la administración de Javier Milei, puede conducir a resultados efímeros en relación con los objetivos buscados.
Tales operaciones fueron de uso cotidiano en las anteriores administraciones; en especial, en las del kirchnerismo, que ahora parece desconocer su propia historia.
Es aconsejable lograr una reforma con los mayores consensos posibles y que aporte soluciones a los problemas que enfrenta la economía argentina.
