La Justicia cordobesa está a punto de poner en marcha el sistema de flagrancia, una herramienta procesal destinada a dar respuestas rápidas a delitos en los que la persona sospechosa resulta detenida en el mismo momento del hecho o en circunstancias inmediatas.
La medida fue anunciada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y otras áreas del sistema judicial.
El esquema prevé la creación de nueve fiscalías específicas que atenderán, en sedes norte y sur, todos los casos de personas aprehendidas por la Policía en situación de flagrancia o cuasiflagrancia.
Quedarán excluidos los delitos que correspondan a fiscalías especializadas, como Violencia Familiar, Género o Narcotráfico. Según datos oficiales de 2024, el volumen anual rondaría las 10 mil personas detenidas.
El funcionamiento del sistema tiene un circuito preciso. La unidad recibe al detenido. Si es mayor de edad, el fiscal realiza un análisis preliminar y define si corresponde mantener la detención, disponer la libertad con imputación, remitir el caso a una fiscalía territorial o cerrar la causa mediante archivo o sobreseimiento.
La promesa es que la mayoría de estos casos se resuelvan en 20 días.
La principal ventaja del sistema reside en la concentración de casos simples, lo que permitirá aliviar la carga de trabajo de las fiscalías comunes.
Esa redistribución permitiría que las fiscalías “de número” dediquen más tiempo a investigaciones complejas. Además, las nuevas unidades funcionarán las 24 horas, los 365 días del año, para fortalecer la capacidad de respuesta.
En marzo también comenzarán a operar dos nuevas unidades territoriales en barrio Los Bulevares y en Santa Isabel.
Con ellas, los fiscales trabajarán más cerca del territorio. Se apunta a consolidar 27 fiscalías con una lógica territorial que coincida con los mapas de comisarías y unidades judiciales de la Policía, para mejorar la prevención y la persecución penal.
La implementación del sistema había quedado frenada durante meses porque la Legislatura de Córdoba no trataba los pliegos de fiscales necesarios para completar las designaciones. La Justicia anunció el lanzamiento aun cuando restaban formalidades, lo que refleja la decisión de no postergar más una herramienta clave para mejorar la gestión.
Pese a esos tropiezos, el inicio del sistema de flagrancia constituye una noticia positiva. La especialización, la celeridad procesal y la reorganización territorial configuran un cambio estructural en la administración penal.
No resolverá por sí sola los problemas de inseguridad ni las falencias históricas del sistema, y quedan dudas sobre cómo se trabajará cuando la persona detenida tenga otras causas delictivas abiertas en otras fiscalías. Pero introduce criterios de eficiencia imprescindibles.
La Justicia cordobesa enfrenta el desafío de consolidar este modelo, dotarlo de recursos suficientes y evaluar sus resultados con transparencia.
Si logra cumplir la promesa de acortar tiempos y ordenar cargas de trabajo, el sistema será un ejemplo de modernización institucional. Se necesitan reformas que acerquen la Justicia a la ciudadanía. Este paso avanza en esa dirección.
