El reciente siniestro fatal en Córdoba, en el que un joven de 19 años perdió la vida durante una picada ilegal cerca del aeropuerto Ambrosio Taravella, sirve para poner de manifiesto varios problemas alarmantes.
Este trágico suceso no sólo evidencia la conducta temeraria de quienes participan en estas carreras clandestinas, sino también la permisividad de ciertos padres, la naturalización de algunas conductas ilegales y la insuficiencia de controles por parte de las autoridades competentes.
No está de más recordar que la organización y la participación en picadas ilegales son consideradas “delitos preventivos de tránsito”. Aun cuando no se produzca un siniestro, el solo hecho de generar este tipo de situaciones de riesgo ya es suficiente para iniciar una causa penal.
Estos hechos se han convertido en eventos recurrentes en diversas zonas de la ciudad de Córdoba. Los encuentros, organizados a menudo a través de redes sociales, congregan a jóvenes que, en alardes de imprudencia, ponen en riesgo no sólo sus vidas, sino también las de terceros.
En este sentido, la adrenalina y la búsqueda de aceptación social parecen superar cualquier consideración sobre las posibles consecuencias fatales de sus acciones.
La muerte de Facundo Donat es un recordatorio doloroso de esos peligros.
Pero detrás de cada volante manejado por uno de estos jóvenes, suele haber padres que, de manera consciente o inconsciente, permiten o incluso facilitan el acceso a vehículos potentes sin supervisión adecuada.
La falta de límites claros y de educación vial en el seno familiar contribuye a que estos jóvenes se sientan autorizados a participar en conductas de alto riesgo.
Es imperativo que los padres asuman su rol como primeros educadores y custodios de la seguridad de sus hijos, con normas firmes que fomenten una cultura de responsabilidad al volante.
Por otra parte, si bien es cierto que existen esfuerzos esporádicos por parte de las autoridades municipales para desarticular estas concentraciones ilegales, con claridad no son suficientes.
Vecinos denuncian desde hace tiempo que miércoles y jueves eran recurrentes estas “competencias”, por lo que –sumado al hecho mencionado de que se publicitan en redes sociales– no se puede alegar desconocimiento a la hora de planificar operativos de control y de disuasión.
La realidad demuestra que estos eventos continúan realizándose con alarmante regularidad y que la falta de una vigilancia constante y de sanciones ejemplares envía un mensaje de permisividad que organizadores y participantes de estas carreras pueden interpretar como una luz verde para seguir adelante.
Es esencial que las autoridades adopten una postura proactiva y sostenida, con controles rigurosos, y que hagan aplicar la ley con la misma diligencia con la que se gestionan otros aspectos administrativos, como la recaudación de impuestos y tasas. La ciudadanía hace enormes esfuerzos para afrontar esas obligaciones, y a cambio pide una contraprestación básica.
Nadie debe esquivar su responsabilidad. De otra manera, será imposible abordar esta problemática de manera integral, promoviendo la educación, estableciendo límites claros y exigiendo el cumplimiento estricto de la ley para prevenir futuras tragedias.
