Una investigación realizada por las organización Grow-Género y Trabajo, en alianza con MundoSur y Bumeran, reveló que 80% de las personas viven o vivieron alguna situación de violencia laboral.
La investigación se realizó a través de encuestas a 3.243 personas de Argentina, Perú, Ecuador, Chile y Panamá entre julio y octubre de 2024, sobre la percepción que tienen de la violencia laboral.
La investigación arrojó una conclusión clara: la violencia en el trabajo no es un hecho aislado, sino una realidad estructural que impacta en la salud, la productividad y las oportunidades de desarrollo de las personas.
La encuesta reveló también que 96% del total vivió o presenció alguna situación de violencia laboral.
Vale recordar que en 2020 la Nación promulgó el convenio 190 de la OIT, que reconoce que las mujeres son las más expuestas a esos comportamientos y prácticas inaceptables en el mundo laboral.
La ley 27.580, sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, colocó a la Argentina como el tercer país del mundo en adherirse al convenio. Entró en vigor en junio de 2022 y alcanza a quienes trabajan en cualquier situación contractual.
La norma preveía relevamientos, programas de capacitación, abordaje de casos y la creación de un Observatorio sobre Violencia Laboral y de una Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, entre otros puntos.
Recién en septiembre de 2024, la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la Legislatura de Córdoba trató un proyecto de ley para que la provincia adhiriera a la mencionada ley nacional. No hay registro de que se haya aprobado, y varios proyectos destinados a prevenir y sancionar la violencia laboral duermen el sueño de los justos en los cajones del recinto.
Como se puede observar a simple vista, sobran anuncios y falta demasiado compromiso como para abordar esta realidad.
Las consecuencias de la violencia laboral pesan sobre las personas y sobre el entorno: en quien trabaja, afecta su salud psicofísica y puede producir consecuencias negativas en sus relaciones sociales y familiares. En la organización, produce malestar entre el personal, disminución en la productividad, desaprovechamiento de capacidades, pérdidas económicas y desprestigio social. Y en la sociedad, consolida la discriminación, favorece el descreimiento en las instituciones y en la Justicia.
Quizá por eso no llama la atención otra de las conclusiones del estudio, cuando detalla las razones para no denunciar: “La percepción de falta de acción organizacional y la desconfianza en los mecanismos de denuncia internos y externos reflejan barreras estructurales que desalientan a las personas a exponer las situaciones de violencia”.
Más allá de lo que las políticas públicas dicten, está claro que no alcanza. Urge que las propias empresas, fábricas, comercios y otras dependencias e instituciones cuenten con políticas de recursos humanos que concienticen sobre el tema y que lo traten como una prioridad.
Sin ese abordaje integral, difícilmente se dejen de escuchar los pocos casos que se conocen sólo cuando llegan a la Justicia o a los medios.
