En unos 45 días del año en curso, se registraron en Córdoba 17 muertes violentas, dato que se hace más preocupante si se observan los índices crecientes de los últimos tres años: todo parece indicar que se superarán los números del año anterior, tal como este superó los de 2022 y ese otro, los de 2021. En resumen, que quienes apuntaban a la espiralización de la violencia como un fenómeno inevitable hablaban de un futuro que por desgracia ya llegó.
Las cifras surgen del informe elaborado por el Observatorio del Delito del Ministerio de Seguridad de la Provincia, del que pueden extraerse detalles no menos alarmantes, como que, si se excluyen los crímenes de género, buena parte de estos hechos responde a rencillas y a ajustes de cuentas entre particulares. En otras palabras, que los pendientes muchas veces se resuelven sin acudir a la asistencia de abogados ni a visitas a tribunal alguno.
En vastas barriadas de nuestra ciudad, la resolución de conflictos se ha tornado una cuestión casi cuentapropística y la abundancia de armas ilegales hace el resto. Pero, detrás de esos hechos de habituales crónicas policiales, aparece otra constante que es consecuencia de un largo proceso en el que la política se fue alejando de la gente, dejándola al amparo de dudosos punteros, mientras se construían guetos suburbanos que intentaban maquillar el abandono.
La retirada constante del Estado en relación asimétrica con el crecimiento de las necesidades completó el escenario, y allí donde el Estado se automarginaba aparecieron los gerenciadores de la pobreza, representantes y mediadores para nada desinteresados.
La mesa estaba servida, pero faltaba algo. Y esto lo aportó el narcotráfico, cuya expansión ha creado una economía subterránea que llega a todas partes: a todos los estamentos del poder y a todas las capas bajas de una sociedad desesperanzada. Así, no pocos de los incidentes con saldo fatal son producto de disputas por pequeñas porciones del territorio y del negocio, donde quienes combaten no son carteles sino revendedores. Revendedores que se multiplican ante el crecimiento de la pobreza.
La política y sus gestores en el Estado han estado marchando detrás de estos fenómenos en los que fuerzas de seguridad y justicia expresan la misma falta de herramientas y saberes para afrontarlos, mientras en una clara muestra de impotencia se van cediendo espacios, al punto de que sencillamente los uniformados ya no pueden ingresar a muchos barrios de comedores populares, desbordados por una demanda creciente.
El llamado de atención, empero, escala más alto aún en la medida en que quienes todavía quieren creer en un sistema de derechos y obligaciones se desengañan. Es el mejor caldo de cultivo para aventuras conducentes a nuevos fracasos.
