Desde el comienzo del ciclo lectivo de 2023 (y dos decenas de años hacia atrás), la realidad educativa provincial se encuentra protagonizada por sólo dos de los sectores de la comunidad educativa (los demás, en la consideración del Gobierno, tenemos papeles de reparto): el Ministerio de Educación y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).
Los conflictos entre esas partes, sabemos, traen aparejada la pérdida de días de clases, con nocivas consecuencias, por lo que nos preguntarnos si alguna de esas parcialidades vela realmente por el efectivo cumplimiento del derecho a la educación, en su acceso y calidad, en igualdad de condiciones para la totalidad de los chicos cordobeses.
La teoría
La ley 9.870 dispone: “La educación en la provincia de Córdoba tiende a alcanzar los más altos niveles de calidad. A tal fin, el Gobierno provincial instrumenta las políticas necesarias…”.
Por otra parte, la cartilla de afiliados de la UEPC enuncia: “En defensa de la educación y los educadores. Somos un gremio que lucha por una educación inclusiva y de calidad”.
Sobre estos postulados, se podría responder: “¡Sí: ministerio y sindicato trabajan mancomunadamente en pos de una educación cualitativa e igualitaria para el millón de niños y de jóvenes cordobeses que dependen de esa herramienta para forjar un futuro de prosperidad!”.
La realidad
Magros salarios, escasa y desactualizada capacitación docente, escuelas en ruinas, desinversión en equipamiento y tecnología, obsoleta currícula, insuficiente nombramiento docente, lamentable desempeño pedagógico, altísima deserción, desoladora situación de los alumnos con discapacidad demuestran que aquellas premisas son sólo una expresión de deseos, una quimera, una utopía.
Entonces, ¿cuál de estas instituciones estaría fallando en esos nobles objetivos planteados? Nosotros creemos que ambas. Sindicato y ministerio son los responsables de la debacle educativa provincial, porque son lo mismo.
Recordemos que, en 1988, Walter Grahovac asume como titular de la UEPC. Tras 14 años en funciones, escaló a la cartera educativa provincial y se convirtió en ministro desde 2007 hasta la actualidad.
Este salto del líder sindical, del gremio al gobierno, acarreó la confusión de roles, la mezcla de intereses y que no se reconozca con claridad a quiénes representa cada espacio ni cuáles derechos defiende.
Escasa representatividad gremial
Cuando Grahovac abandona el bombo gremialista para ponerse el traje de funcionario provincial, Carmen Nebreda lo reemplazó hasta 2009, cuando asumió como diputada kirchnerista (pregunta al margen: ¿cotiza ser titular del sindicato docente para trepar a cargos políticos personales?).
A ella la sucedió, hasta hoy, Juan Monserrat. Según información obtenida por este medio, en las últimas elecciones gremiales (2019) el padrón de afiliados llegaba a 42.187 docentes, pero sólo votó el 42% (17.700, aproximadamente), y el 69% de los sufragantes (12.213, aproximadamente) reeligió al candidato de la lista celeste. Si consideramos que el número de educadores es de 80 mil, podemos concluir que Juan Monserrat –quien en 2023 cumple 14 años al frente de la UEPC– representa apenas al 15% de los docentes provinciales.
Esta subrepresentatividad gremial; la masividad, la contundencia y la solidez demostradas por los “docentes autoconvocados” en el reclamo de sus derechos postergados tras 35 años de “representación” por la lista celeste, y la devastadora realidad educativa me impulsan a realizar algunas afirmaciones atrevidas: el gremio no son “los docentes”; es perjudicial que gobierno y cúpula sindical estén revueltos; es nociva la perdurabilidad en el poder, y es imperioso volver a ubicar a cada uno en su góndola.
Por un lado, es necesario un gremio representativo; es decir, con la mayoría de los docentes contenidos y que retome su axioma anteriormente transcripto.
Por el otro, es necesario un gobierno cuyo objetivo, como dice la ley, sea alcanzar los más altos niveles de calidad educativa y que, en consecuencia, designe como ministro de esa cartera a una persona proba que garantice el cumplimiento del derecho a la educación en condiciones de igualdad, que respete los derechos docentes sin sometimiento gremial y que escuche a todas las voces de la comunidad educativa.
Hace meses la discusión se centra en salarios, jubilaciones, intereses sectoriales, pugnas partidarias, tiempos electorales. Pero pocos hablan de educación como el derecho humano que está siendo pisoteado, ni del millón de alumnos que están siendo rehenes de una disputa de poder de la que, pese a ser ajenos, son los principales perjudicados.
La invitación es a que, de manera mancomunada, pensemos el futuro desde el presente. Y para ello es imprescindible que gobierno, sindicato, familias, docentes, directivos y sociedad en general, respetando roles y prerrogativas propias, trabajemos en un mismo objetivo: dar prioridad a la educación.
* Presidente de la asociación civil Familias por la Educación Córdoba
