Es la misma Legislatura equilibrada que hizo transpirar a Martín Llaryora en el inicio de su gestión hace casi un año. Es la misma que obligó a su tropa a hacer contorsiones extremas, tentar a opositores y estirar al límite los usos y buenas costumbres de la Unicameral para sostener el ajustado cuórum. Esa Legislatura aprobó esta semana en primera lectura el Presupuesto provincial.
La novedad no estuvo dada por la aprobación –algo que logra el oficialismo de manera sistemática año tras año–, sino por lo abultada que fue. Y, especialmente, por el unánime respaldo que dio en la discusión en general el radicalismo a la hoja de ruta diseñada por Llaryora para su segundo año de mandato. Dentro de dos semanas, la UCR volverá a refrendar ese apoyo cuando el proyecto quedé sancionado de manera definitiva.
Por carta, el Foro de Intendentes Radicales les solicitó al partido y a sus legisladores que acompañaran el proyecto parido por el Panal. Ese sí es un hecho inédito. 58 de 70 legisladores avalaron el proyecto. La amplia mayoría se compara con las sanciones logradas por Juan Schiaretti cuando el exgobernador dominaba a voluntad la Legislatura, fruto del holgado triunfo electoral de 2019. Ahora, en un contexto bien diferente en el que la palabra “crisis” lo tiñe casi todo, el logro político de Llaryora es inocultable.
Tan cómoda es la jugada en la Unicameral que, en medio del tratamiento del Presupuesto provincial, hay una quincena de legisladores de viaje por España. Eso tampoco tiene antecedentes.
El oficialismo provincial padece y le sale carísimo, en términos financieros, el “no hay plata” que instaló Javier Milei cuando asumió, y que se mantendrá sin alteraciones para Córdoba durante 2025. El no tratamiento del Presupuesto nacional es una pésima noticia en términos institucionales. Y en la práctica es peor aún para las arcas provincias. Los millonarios fondos que la Nación no envía a la Caja de Jubilaciones seguirán dependiendo de una negociación política que hoy no existe. La discrecionalidad será un signo distintivo de Milei en el año electoral que está a nada de comenzar. Los reclamos financieros de Córdoba seguirán sin respuestas.
La contracara de ese contexto adverso para Llaryora es que, en el plano doméstico, ese muro casi impenetrable que es la administración mileísta se convirtió en una oportunidad. El cambio de lógica del posicionamiento opositor en la Unicameral en temas sensibles para las gestiones de los intendentes es una muestra evidente de las mutaciones que tienen origen en el orden nacional.
La administración Llaryora es la única canilla que quedó abierta para los jefes municipales en el desierto que dejaron el ajuste y la recesión derivada del plan de estabilidad macro que ejecuta el gobierno libertario. Milei bajó la persiana. Llaryora la levantó.
Los pocos tours de intendentes que viajaban a Buenos Aires junto a diputados nacionales con llegada al oficialismo desaparecieron. Para los intendentes opositores, el Centro Cívico es la nueva ”Nación”. Llaryora se percató antes del detalle y por eso selló un nuevo Acuerdo Federal con los jefes municipales. Más fondos y mejores posibilidades de asistencia financiera para el interior, que incluyen hasta la realización de obras. El “modelo Córdoba” –que se encamina en lo discursivo a enterrar al pretencioso “partido cordobés”– ya recoge en la Unicameral lo que se sembró hace apenas unos días.
La apuesta provincial también incluye, obviamente, el plano político y electoral. La transversalidad que promueven Llaryora y el oficialismo tiene capilaridades. Sumar nuevos adherentes siempre es una opción. Es el camino más directo y también más visible. Ese proceso se inició en 2023. Los resultados de esa captación de dirigentes sueltos han sido modestísimos hasta el momento.
Pero hay otra forma, que no demanda tanta exposición y que emerge cuando se acerca el momento de desempolvar las urnas. Es todo un clásico. El trato es así: los intendentes desenganchan las elecciones municipales de las provinciales a cambio de que el Panal no apoye a candidatos locales propios. Luego, se les pide a los vencedores no trajinar demasiado a favor del candidato opositor cuando toca el turno provincial. Nada nuevo. Hay más de un centenar de nuevos jefes y jefas municipales con chances de reelegirse en 2027. Ese plato siempre estará sobre la mesa.
En una posición diferente está la fuerza que lidera Luis Juez. Es la única bancada de peso que rechaza el Presupuesto en la Unicameral. Cuestiona con dureza el “incremento sideral” que tendrá la deuda en dólares, por la generosa habilitación que plantea el proyecto oficial. También critica la resistencia de Llaryora al achique del organigrama estatal y a los gastos de las agencias “con nulo o escaso control”. Sin intendentes propios en funciones, el “no” juecista tiene costo cero.
Bornoroni, la apuesta para bloquear a Juez y a De Loredo
Como cualquier oficialismo que se precie de tal, Llaryora administra en paralelo el complejo desafío de gestionar en crisis con la necesidad de atender el plano electoral. Y en ese devenir intentará moldear, como siempre lo hizo el PJ, el mejor escenario posible para cuando toque defender el largo ciclo de poder que cumplirá 28 años en 2027.
Desde 2019, esa responsabilidad sumó el capítulo capitalino. La promesa de trabajo en equipo a cambio de progreso que inauguraron Schiaretti y Llaryora fue refrendada en las urnas el año pasado sin que sobrase nada. El turno que viene tendrá al tándem Llaryora-Passerini con ese desafío. Por eso el Panal monitorea con atención el desempeño del intendente Daniel Passerini. Es un punto más sensible del que parece. Llaryora es gobernador por su gestión en la Capital. Si alguien en el PJ olvida eso, podría pagarlo caro en el futuro.
Sin perder tiempo, y con la primera posta electoral fijada para 2025, en el laboratorio oficialista se reproducen y ensayan alquimias de todo tipo. Algunas, inclusos, suenan disparatadas. Igual, ahí están, en análisis. En los últimos días, los mismos creadores de la improbable propuesta “Schiaretti debería ser candidato a diputado en Caba” proponen ahora una nueva pócima que tiene como protagonista al único libertario cordobés reconocido como tal por Karina y Javier Milei: el diputado nacional Gabriel Bornoroni.
“Milei va a ganar en Córdoba el año que viene. Mínimo, va a sacar 40 puntos. Si yo fuera Bornoroni, renuncio a la banca y me vuelvo a presentar. Gano y quedo parado para dentro de dos años”, lanzan la propuesta.
La asesoría llaryorista transmite un razonamiento lineal y esconde un propósito evidente: instalar a Bornoroni con expectativas para la gobernación y bloquearle así la puerta a Luis Juez y a Rodrigo de Loredo. Sumar canastas o fragmentar a la oposición sigue siendo el ABC de cualquier oficialismo.
Aunque el globo de ensayo suena improbable, dos ministros provinciales lo defienden: “Al grueso de la gente no le importa si renuncia y se presenta para el mismo cargo. Eso lo pueden criticar los periodistas, pero lo que cuenta es que no es ilegal”.
Más racional y responsable aparece el demorado giro sobre ficha limpia que adoptó, finalmente, el peronismo cordobés. Durante años se resistió a avanzar en la Unicameral con la necesaria iniciativa que impide que condenados en segunda instancia ocupen cargos públicos.
El radicalismo batalló casi en soledad con proyectos que Schiaretti prefirió ignorar. La situación se volvió indefendible para el exgobernador, quien pretende liderar una fuerza nacional sin kirchnerismo en sangre. Ahora, Llaryora dio la orden de cambiar de postura e imprimirle celeridad al asunto. Habrá novedades muy pronto en la Unicameral.
Diferenciarse del evidente pacto no escrito que parece forjarse entre Milei y Cristina es un negocio que el Panal no quiere perderse.
