El episodio ocurrido en la puerta de la vivienda de Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta viene a coronar, de un modo inesperado, un clima creciente de violencia de imprevisibles consecuencias. Las investigaciones en curso determinarán si se trató de una conspiración (de unos u otros) o de un acto individual. Los primeros datos apuntan a lo que el lenguaje popular denomina como “un loco suelto”.
En cualquier caso, la alta vulnerabilidad de las decenas de custodios con que cuenta la vicepresidenta no puede ser obviada. Tampoco la determinación de Cristina y su entorno de sacrificar su seguridad personal a favor de la construcción de un clima cotidiano de adhesión festiva a su persona.
Como fuere, se trata de un hecho gravísimo que no tardará en desgranar sus efectos sobre la intensidad de la política nacional.
Zonas de violencia
De todos modos, a los argentinos no nos faltan zonas de conflicto capaces de deslizarse fácilmente hacia actos de violencia física y sangre. Una de ellas, por ejemplo, es la atinente a la reivindicación mapuche de sus presuntos derechos ancestrales a la propiedad de tierras. Pasan los meses, e incluso años, sin que los gobiernos se decidan a tomar el toro por las astas en un asunto donde los actos violentos se ejercen de manera cotidiana, con cortes de rutas, quemas de viviendas, expulsión de propietarios y tomas de tierras.
Existen otras tensiones menos focalizadas, donde el ejercicio de la violencia está latente. Una de ellas se relaciona con lo vinculado a los ajustes económicos en marcha, aunque su implementación sea todo lo cuidadosa y suave que pueda intentarse para evitar mayores desmejoras en el humor social.
El país entero ha estado viviendo durante décadas por encima de sus posibilidades. A lo largo de muchos años, hemos consumido más que lo que producimos. La diferencia se cubría con endeudamiento externo e interno y con emisión monetaria. Nos hemos acostumbrado a esta situación irregular y nos acomodamos a los beneficios transitorios de esa circunstancia.
Como hemos llegado a situaciones límite, no cabe duda alguna de que se avecina un tiempo en que amplios sectores vivirán un impacto en sus ingresos y su calidad de vida, con imprevisibles reacciones sociales, vecinas a la violencia.
Asimismo, los avances de la Justicia en relación con los hechos de corrupción que se habrían cometido durante los años de gobiernos kirchneristas son ya una robusta fuente de violencia institucional, a partir del rechazo frontal por parte de los imputados, encabezados por la vicepresidenta.
El partido de gobierno atribuye a intenciones políticas cualquier condena judicial que pueda recaer sobre su líder, más allá de la abundancia de pruebas reunidas, las que no se preocupan por refutar o desmentir. No están dispuestos a aceptar de ninguna manera la culpabilidad de la vicepresidenta y ya amenazaron con reacciones violentas para el caso de que la condena solicitada por el fiscal sea confirmada por el tribunal (“Si la tocan a Cristina…”).
Existe el antecedente del fiscal Alberto Nisman, que los peritos judiciales y la propia Cristina Kirchner calificaron de asesinato.
Después del atentado
El grave episodio bien podría ser utilizado como el punto de partida, si no para una conciliación nacional, al menos para una reunión de oficialismo y oposición a fines de reforzar los votos y las acciones en búsqueda de un fortalecimiento institucional que garantice que las disputas políticas se diriman en un clima de paz y apego a las leyes.
Pero esto parece difícil. La intención oficialista de vincular el atentado con las críticas hacia la vicepresidenta que expresan los medios y la oposición cada día parece más bien encaminada a sacar provecho político del hecho. La determinación de declarar un feriado nacional es una enorme sobreactuación que no se corresponde con los débiles cuidados que la custodia le deparaba a la vicepresidenta.
Las condenas de la oposición al atentado fueron unánimes y claras. No dejan espacio para dudas. De todos modos, el Gobierno parece encaminado a vincular al hecho, si no materialmente, al menos de un modo político a todo aquel que exprese su rechazo por Cristina Kirchner.
En medio de una situación complicada, con muchos problemas pendientes de resolución, el Gobierno parece estar calculando qué puede hacer para sacar provecho del desgraciado hecho y sumarlo de alguna manera a su construcción épica en torno de la figura de su líder.
Es un error. Otro más.
