Con inusual destemplanza, ante la derrota legislativa, el presidente de la Nación descargó su enojo sobre las provincias argentinas, fundamentalmente Córdoba y Santa Fe.
La conducta, que de por sí es lesiva del precepto constitucional federal, llama a reflexionar de cara al futuro.
En la medida en que no se enfrente la crisis con el convencimiento de que hay que gobernar sobre bases de consenso muy amplias, que reflejen claramente la voluntad y la ejecución de una nueva forma de hacer política y administrar la cosa pública, seguiremos acrecentado el pesimismo y la incertidumbre sobre el futuro. Ambos son malas compañías para la inversión productiva
La discusión debe girar sobre la estructura federal del país, recordando que las provincias son las que dan origen a la Nación, dado que son preexistentes a la misma. Por lo tanto, no se puede aceptar pasivamente que quien ejerce la máxima magistratura del país discrimine a ninguna provincia, cualquiera sea la causa que fundamente tal conducta.
Es necesario definir el marco de discusión de lo coyuntural –reformas monetaria, previsional, tributaria y fiscal; readecuaciones presupuestarias, etcétera– dentro del diseño de políticas que devuelvan el funcionamiento republicano, representativo y federal.
Hacia un nuevo esquema
En ese marco, deberá acordarse un nuevo esquema de relaciones institucionales y económicas entre Nación y provincias. Se necesita trabajo mancomunado y no rencillas de ocasión. Este es el debate de las próximas horas, donde las provincias harán lo suyo, pero logrando cohesión para abordar mecanismos que viabilicen el reclamo federal.
Las necesidades crecientes de caja del Gobierno nacional son hoy solventadas por las provincias mediante un régimen impositivo en el cual las actividades productivas aportan, vía retenciones, impuesto al cheque e impuesto Pais, entre otros tributos, sumas cuantiosas que no vuelven a su lugar de origen, salvo en pequeñas proporciones.
Así, los habitantes de los estados provinciales pagan impuestos para financiar el sistema de jubilaciones nacional y vuelven a pagar para cubrir déficits de sus propias cajas, porque la Nación no envía las remesas que legalmente corresponden.
Lo mismo acontece con el sistema financiero, supervisado por un Banco Central en el que no están representadas las economías regionales y que, por ende, desconoce las necesidades financieras de la vasta y disímil geografía del país. Federalizar su funcionamiento es otra cuestión que no puede dilatarse.
En el caso de Córdoba, un ejemplo paradigmático lo tenemos con lo que sucede con la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros, que si no fuera por el esfuerzo que realiza la administración central de la Provincia y la disponibilidad de recursos en sus cuentas públicas, estaría ante un verdadero problema para hacer frente al pago de haberes.
El reclamo de Córdoba en este sentido no constituye ninguna dádiva a la Provincia, ya que, más allá del acuerdo específico sobre el tema, los fondos para financiar a las cajas provinciales provienen de las propias provincias, que por mecanismos de precoparticipación se destinan a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Hoy la Nación le adeuda a la Provincia de Córdoba, por estos conceptos, alrededor de $ 240 mil millones.
Otro aspecto para tener en cuenta, cuando el Presidente dice, quizá mal informado, que Córdoba gasta su presupuesto en recitales y en festivales artísticos, es señalar que la deuda financiera total de la Provincia representa menos de cuatro meses de recaudación, y casi su totalidad tiene su contraprestación en la red vial, acueductos, cloacas y escuelas.
Lógicamente que si se elige el camino de gobernar con fuertes devaluaciones de la moneda, el impacto se hará sentir. Sólo con el salto cambiario a $ 800 por dólar, la deuda de Córdoba se vio incrementada en $ 167.150 millones, que no obstante no afectaría tanto su presupuesto si la Nación cumpliera con las obligaciones impagas.
Ejes para el debate
En conclusión, es urgente retomar el camino de un entendimiento sustentable entre Nación y provincias, que tenga en cuenta los siguientes ejes:
1. Diseñar el acuerdo como parte de un plan de gobierno integral, abarcativo de todas las cuestiones por considerar para superar la crisis.
2. No plantear la discusión en los términos de “esto o el abismo”. Hoy la clase dirigente, en casi todos sus niveles y con contadas excepciones, no tiene autoridad para el maniqueísmo.
3. Ser conscientes de que la situación social es de tal gravedad que los gobernadores saben que cualquier recorte excesivo en el gasto, que implique dificultades de pagos, puede ser la chispa que dispare el estallido social en sus jurisdicciones.
4. Finalmente, si se quisiera avanzar, hay que tener presente que nadie se sienta en una mesa de negociaciones conociendo de antemano que el resultado de la misma le será adverso. Y esto los gobernadores lo saben a la perfección.
* Doctor en Ciencias Económicas; exministro de la Provincia de Córdoba
