Toda la estrategia del Gobierno nacional después de su triunfo de octubre fue fortalecer sus márgenes de acción en el momento de mayor desconcierto opositor, para expandir los límites lo más lejos posible. Porque, en la dinámica política, esos límites inevitables nunca tardan en aparecer.
Al menos en tres terrenos comenzaron a asomar esas fronteras que la Casa Rosada no puede cruzar sin riesgo ni desgaste. El anuncio de un nuevo régimen cambiario, la fricción por el Presupuesto en el Congreso y la incipiente agitación sindical por la reforma laboral fueron los síntomas visibles.
El mecanismo de bandas cambiarias que había sido anunciado por el equipo económico como un artículo de fe en tiempos electorales entró en revisión por la combinación de varios factores.
El más nítido fue el repliegue poselectoral de la administración Trump. Un regreso moderado y esperable, desde la inédita intervención activa del Tesoro norteamericano en los días previos a la elección hacia una mirada más normal y distante, respetando las demandas del FMI sobre la acumulación de reservas en Argentina.
La recalibración de las bandas cambiarias tiene una clave: el techo para la flotación se actualizará con el dato de inflación mensual informado por el Indec. Es decir: con la evolución de los precios medida en el segundo mes anterior.
El cambio de régimen se ofrece en un contexto de dificultades persistentes en el último trimestre para perforar el piso de dos puntos de inflación mensual. La actualización del dólar a partir de enero con esos valores será un desafío para bajar la inflación a menos de un dígito en agosto, como prometió en estos días el presidente Javier Milei. El escenario de remonetización previsto por el Banco Central para todo 2026 prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual al 4,8% del producto interno bruto.
Pero ese sinceramiento de la política cambiaria es al mismo tiempo imprescindible para el propósito de acumular reservas que pide el FMI, ahora con el Tesoro de Trump en abstención a distancia.
Sólo cuando se anunció la nueva fase del programa económico, los mercados reaccionaron con otra baja del riesgo país. Eso demuestra las dificultades existentes para fortalecer las reservas sólo sobre la base de la cuenta capital, tal como lo experimentó el equipo económico con su primer intento de regreso a los mercados de deuda.
El segundo límite apareció para el Gobierno en el debate del Presupuesto 2026, cuya condición superavitaria es clave para que la acumulación de reservas sea posible sin disparar un rebrote inflacionario.
Sólo el equipo de Luis Caputo sabe en detalle si lo que aprobaron los diputados implica un desequilibrio insalvable. Los números de la ecuación fiscal aún no están claros. La Casa Rosada maximizó sus objetivos al incluir en el Presupuesto la derogación de la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario. El freno opositor resonó más que el objetivo cumplido de la primera media sanción presupuestaria en Diputados durante la gestión Milei.
La victoria o la derrota política en esa votación deben medirse, entonces, barriendo la hojarasca, mirando con lupa la clave fiscal. Un cálculo que, por cierto, debería incluir también las transacciones discrecionales acordadas con los gobernadores. El balance sigue en evolución hasta que concluya el trámite en el Senado.
Contrapesos
Pero las condiciones para sostener el proceso de desinflación, que ha sido el principal activo político del Gobierno, no sólo dependen de la política cambiaria y del equilibrio presupuestario. Milei necesita sostener el respaldo social promoviendo condiciones para el crecimiento de la economía. Ese proceso demanda reformas estructurales de alto impacto.
En ese contexto, la intención de obtener para la reforma laboral una sanción exprés antes de fin de año siempre pareció una expresión más del maximalismo típico de la gestión Milei.
Patricia Bullrich gestiona el proyecto en el Senado: inició el trámite con un codazo histórico a la desesperación de José Mayans y con una maniobra hábil para la conformación de las comisiones. Pero, a tono con las fricciones que hubo en la sanción del Presupuesto, decidió postergar hasta febrero el debate de la modernización laboral.
Tampoco en este caso los avances y retrocesos deben juzgarse a simple vista. La CGT se desperezó con una movilización modesta; ganó tiempo para organizarse mejor, y, a su modo, también señaló un tercer límite para el oficialismo. El Gobierno sabe que hay intereses cruzados en la legislación laboral –que no son únicamente gremiales– y se dio el tiempo mínimo para articular un debate mirando de reojo la judicialización previsible.
Bullrich conoce las dificultades históricas que tuvo el país desde la restauración democrática para abordar el tema. Tiene un activo a favor: el creciente consenso social sobre la necesidad de una reforma. La mitad de los trabajadores activos en el país padecen la informalidad laboral: ¿es por efecto de una modernización normativa que aún no ocurrió, o por defecto de las leyes vigentes durante décadas?
La aparición de los primeros límites al Milei envalentonado tras la elección es incómoda para el Gobierno, pero inevitable para la dinámica democrática.
El riesgo del vacío opositor se venía observando en la coexistencia de novedades contradictorias: ¿puede la Casa Rosada solazarse en la revelación de las penurias tributarias de la AFA mientras, al mismo tiempo, designa al mando de la agencia de recaudación impositiva a un funcionario investigado judicialmente por evasión impositiva, lavado de activos y enriquecimiento ilícito?
