Inspirada por la recurrente frase “la mejor vacuna es la que se aplica”, escribí estos borradores para una discusión inminente.
Entre los numerosos acontecimientos de la vida social e institucional que detuvieron su marcha el año en que la pandemia paralizó las ciudades, está el proceso de renovación de autoridades unipersonales y representantes de cuerpos colegiados en varias universidades del país; entre ellas, la Universidad Nacional de Córdoba. En vista de los sucesivos decretos presidenciales y medidas de aislamiento y distanciamiento, los mandatos de gobierno universitario vencieron y fueron prorrogados hasta hoy.
Mientras, a comienzos del corriente año, una comisión ad hoc se abocó a estudiar las formas de instrumentar una elección que fuera posible aún en medio de las restricciones de circulación impuestas por los gobiernos.
Es por esto que, en los próximos días, nuestra Universidad Nacional de Córdoba discutirá las modificaciones al reglamento, para el llamado a elecciones de autoridades: 15 decanos/as e integrantes de los órganos colectivos de gobierno con mandato vencido son un hecho más que suficiente para reclamar una democracia de “necesidad y urgencia” y avanzar en la concreción de los comicios.
El informe de la comisión ad hoc para el proyecto de reforma del reglamento electoral, que en los próximos días entrará en discusión en el Consejo Superior de la UNC, parece estar a salvo de la paradoja “clases a distancia pero elecciones presenciales”, ya que su redacción contiene la posibilidad de combinar opciones presenciales y a distancia para la emisión del voto, tal como hasta ahora vinieron haciendo con sus clases todas las facultades que demandan aprendizajes prácticos (Odontología, Medicina, Química, entre otras) y algunas que habilitaron instancias de presencialidad para diversas actividades (la Biblioteca 24 Horas de Ciencias Económicas y el Campo Escuela de Agronomía, por dar sólo dos ejemplos).
El informe de la comisión, que comenzará a discutirse este mes en el Consejo Superior, sostiene visiblemente el principio “más participación = más democracia”, una cuestión que Argentina abrazó como causa en 1912 y cuya participación ciudadana se fue ampliando con la inclusión del voto femenino (1949), el voto de las personas procesadas (2003), el voto de jóvenes mayores de 16 años (2012).
En efecto, con una tradición sustentada a lo largo de más de un siglo, la ciudadanía argentina entiende que la legitimidad de un/a candidato/a electo/a depende de la mayor cantidad posible de electores que emitan su voto; y de esa voluntad de participación amplia da cuenta la ley de obligatoriedad del voto para autoridades nacionales, provinciales y municipales.
En coherencia con ese espíritu democrático de las leyes argentinas, el reglamento electoral de la UNC prevé igualmente la obligatoriedad del sufragio para docentes, no docentes y estudiantes, y alienta con firmeza el voto de graduadas y graduados.
¿Cómo salvar, entonces, esa voluntad inclusiva de participación universal en tiempos de pandemia? ¿Cómo no traicionar un mandato que recorre el cuerpo democrático de la Argentina y también de instituciones democráticas como la UNC?
La propuesta de modificaciones a la actual reglamentación, que sumen al voto presencial –con distanciamiento obligatorio– las alternativas del voto por correo y del voto por internet, sería un camino que haría posible la participación de toda la comunidad universitaria.
El alumnado que hoy cursa en un aula virtual, aprueba una materia y se recibe; y el cuerpo de investigadores, docentes y no docentes que trabajan en múltiples espacios virtuales, han dibujado una geografía extendida de la UNC, cuyos bordes se recortan sobre el mapa de toda la Argentina (y quizá del mundo). Como ocurre en casi todo el sistema educativo: estudiantes, docentes y no docentes ejercen y garantizan el indispensable derecho a la educación.
Pero hoy el desafío democrático nos impone la obligación de garantizar también los derechos políticos de una ciudadanía extendida más allá de los espacios físicos de las aulas, en los espacios virtuales.
Aun con las limitaciones que todo sistema electoral tiene: el (largamente sospechado) sistema presencial con urnas; el burocrático voto por correo; el novedoso voto por internet, son todas alternativas tendientes a asegurar el derecho al voto, lo cual no es una instancia más del sistema sino la piedra angular de una democracia que se vería lesionada si un/a solo/a de sus ciudadanos/as no dispusiera de la mayor facilidad posible para ejercer su derecho a elegir o ser elegido/a.
En el sistema democrático representativo de nuestra universidad, el poder político de sus gobernantes se sustenta en el poder de decisión que sus gobernados ejercen con su voto; es por esto que a mayor número de votos, mayor legitimidad de las políticas de gobierno.
Hoy, cuando una nueva polémica se agita ponderando la presencialidad de la educación como única modalidad posible, o por el contrario advirtiendo sobre los riesgos sanitarios de la circulación de las personas, un reglamento electoral que ofrezca variadas opciones de participación ciudadana es la mejor alternativa para asegurar una democracia representativa y para garantizar plenamente el derecho electoral.
Habilitar todas las formas posibles de votar es la declaración misma de que facilitar el voto es sostener que la democracia será con todos o no será democracia; que el mejor voto es el que se emite y el peor voto es el que se impide.
* Decana de la Facultad de Lenguas
