Por su contundencia, la reciente derrota parlamentaria del gobierno de Javier Milei vuelve a poner al régimen de gobernabilidad en un momento incierto.
Es un momento similar por su proyección a dos coyunturas no muy lejanas en el tiempo, en las cuales el país huyo hacia adelante improvisando artefactos políticos novedosos, pero no necesariamente efectivos.
La resistencia social frente a la crisis terminal del modelo de economía estadocéntrica provocó en 2019 una invención que parecía genial: la presidencia vicaria. La jefatura del poder administrador delegada en un testaferro sin poder político. Alberto Fernández presidente, Cristina Kirchner, vice.
Se sabe: todo terminó con el colapso de un monumental dispositivo de vetos internos, en un contexto de populismo sin plata, que aceleraba su compulsión distributiva, mientras menos recursos tenía. La hiperinflación que incubó ese proceso derivó en la presidencia de Javier Milei.
La nueva presidencia llegó de manera disruptiva, no tanto por su narrativa hostil contra lo establecido, sino por su fragilidad institucional: una legitimidad electoral incuestionable, pero una condición ultraminoritaria en el Congreso, gobernaciones e intendencias.
Esta novedad obligó al sistema a diseñar durante el primer tramo de gestión un nuevo régimen de gobernabilidad. El diseño de emergencia apareció entre el fracaso inicial de la Ley Bases, a principios de 2024, y la firma del acuerdo federal del 9 de julio posterior. No hay gobernabilidad de la Argentina democrática sin un pacto fiscal, aunque sea precario entre el Presidente y los gobernadores.
En el Congreso, ese artefacto de consenso tuvo una instrumentación inédita. Un pacto de emergencia cuyo formato jurídico no fue la obtención de leyes, sino la administración mediante vetos admitidos por omisión por el Congreso.
Ante la imposibilidad numérica de obtener leyes, Milei se valió del régimen de sanción ficta para los decretos de necesidad y urgencia que impuso en su hora dorada el kirchnerismo. Necesitaba un tercio de bloqueo en el Parlamento para que esos vetos no caigan. Lo compuso con su bloque propio, los aliados que quedaron del proceso de balotaje y los legisladores alineados con los gobernadores, que fueron administrando cada sesión como expertos en casa de apuestas.
Ese régimen de gobernabilidad concluyó el jueves pasado. A 100 días de las elecciones, la política argentina regresa a la nebulosa de la navegación sin brújula. El impacto de la novedad puede ser medido con diferentes parámetros. La caída parlamentaria del oficialismo fue amplia por su forma y más por su contenido.
Desde la condena judicial a Cristina Kirchner, su núcleo de legisladores quedó amarrado al mástil de la intransigencia más absoluta. La nueva liga de gobernadores aprovechó esa ventaja táctica para poner en valor su rol como fiel de la balanza en el Congreso. El Gobierno nacional, con su adicción al insulto, hizo el resto: alejó a aliados clave del bloque del balotaje. No sólo perdió en la sesión: puso en duda su tercio de bloqueo para los vetos.
La derrota es peor desde el contenido. Los gobernadores argumentaron su rebelión con el reclamo de recursos tributarios. Pero el paquete de contenidos legislativos venía traccionado con otros proyectos de alto impacto fiscal: nuevas normas previsionales y emergencia asistencial para personas con discapacidad.
Desde la perspectiva de la estrategia política de Milei, el impacto fiscal de la rebelión es clave. Ataca el núcleo de su diseño programático: la eficiencia del plan antiinflacionario. No sólo su línea de flotación para la supervivencia, también su as de espadas para la elección.
¿Juntos?
Pero, así como entre febrero y julio de 2024 el Gobierno nacional y las provincias se vieron obligados por la crisis a encontrar alguna fórmula de gobernabilidad mínimamente sustentable para todos, también ahora siguen interpelados por la misma realidad.
Sin certeza sobre su tercio de bloqueo, Milei anticipó la judicialización de las decisiones del Congreso. Es un recurso para ganar tiempo, de porvenir más que incierto en los tribunales. El propio Presidente admitió que el resultado de ese emprendimiento es dudoso. Dijo que, aun acatando la nueva legalidad, el costo fiscal implícito no complicará el programa económico antes de octubre.
Para que la realidad económica respalde sus pronósticos, el equipo liderado por Nicolás Caputo deberá extremar sus precauciones. La última bravata del ministro sobre el dólar subió el piso del tipo de cambio. Hay contingencias que los modelos matemáticos que borronea Milei en Olivos no controlan. ¿Cuál será, por caso, la decisión que tomará mañana la juez Loretta Preska sobre YPF?
Con un margen de error mínimo, el Gobierno tiene ante sí el desafío de reconstruir el diálogo con los actores de la nueva oposición ampliada. Guillermo Francos estudiará de seguro alguna ingeniería combinada de vetos parciales y judicialización. Pero la escena se complementa con el diseño de la competencia electoral en cada distrito.
Allí surge una incógnita adicional: ¿Milei está enfrentando la novedad de un desorden en el triángulo de hierro? ¿Cómo conviven -si es que aún lo hacen- el diseño estratégico general de Santiago Caputo con la jefatura de organización política que ejerce Karina Milei?
¿Todo aquello que en política Milei ha venido empujando hacia afuera, hacia el terreno simbólico indeseado de la casta, está todavía por debajo del punto de equilibrio frente al respaldo al Presidente que miden las encuestas?
El artefacto de gobernabilidad de 2024 está caído y el nuevo puede tardar en aparecer. Ese es el tamaño de la incertidumbre argentina.
