Una economía en estado de fragilidad extrema mira con inquietud el empate de debilidades en el que sigue bloqueado el sistema político.
El sector de la oposición más hostil con el Gobierno se lanzó a un paro general prematuro, con proclamas de tono destituyente, apenas disimuladas. El paro fue un fracaso en toda la línea. La huelga tuvo un acatamiento escuálido. La movilización callejera se nutrió de los aparatos conducidos por las burocracias sindicales más rancias. Los discursos fueron monopolizados por los dirigentes más refractarios a la voluntad de cambio que acaba de expresarse como nueva mayoría en las urnas. Toda la escena parecía montada para ayudar al Gobierno y el Gobierno sacó provecho de esa efusión precoz.
Pocas horas después, el turno para exponer la fragilidad propia le tocó al gobierno. El proyecto de ley ómnibus que la Casa Rosada envió al Congreso para que sea tratado en extraordinarias cosechó un tropiezo significativo. El gobierno desglosó y retiró de las deliberaciones previas del Parlamento el paquete fiscal, la sección clave para el futuro inmediato de la política económica. Las negociaciones con los bloques legislativos llegaron al punto de obtener un dictamen de mayoría favorable al oficialismo, pero con tantas reservas explícitas sobre el paquete fiscal que preanunciaban una derrota del presidente Milei en el tratamiento sobre tablas.
Esas reservas afectaban los intereses de la Casa Rosada tanto por el lado de los ingresos, como por el lado del gasto. Los dos puntos más conflictivos: los ingresos previstos por retenciones a las exportaciones y el gasto del sistema previsional. En la oposición a estos ajustes se unificaron de hecho -con discursos distintos- la oposición dura y también la más propensa a ofrecer garantías de gobernabilidad. El sector más abierto al diálogo subordinó su estrategia a los reclamos de los gobernadores provinciales. Hubo una división de tareas entre inorgánica y evidente: los legisladores que reportan a sus partidos asumieron la oposición al ajuste del gasto; los legisladores referentes de los gobernadores hicieron propio el reclamo por los ingresos.
La decisión de Milei de retirar el paquete fiscal retrotrae ambos segmentos de la negociación a foja cero. Si no se aprueba ningún cambio, las jubilaciones seguirán atadas al esquema regresivo fijado por Alberto Fernández. Los gobernadores podrán explicarles a sus votantes que no convalidaron más presión fiscal, pero quedan totalmente expuestos al desfinanciamiento de sus pasivos provinciales. La decisión de la Casa Rosada también vuelve a nada las concesiones que había hecho sobre coparticipación del blanqueo y moratoria, y la reversión del jubileo realizado con el impuesto a las Ganancias.
La apuesta de Milei es de alto riesgo. Pone a los gobernadores ante el desafío de un ajuste real. Pero también expone al Presidente a la desconfianza de los actores económicos que intentan sondear hasta dónde le funcionará su experimento político de presión al Congreso sin bancas suficientes para sostenerla. Milei necesita exhibir cuanto antes que hay avances en una reducción sustancial del déficit fiscal. Para eso necesita ajustar gastos (el previsional es acaso el más sensible; también el más inflexible) y aumentar los ingresos.
Las retenciones son esenciales en esa ingeniería. En el actual esquema cambiario, son parte constitutiva en la conformación del precio del dólar, factor sustancial del orden de expectativas con el cual se orienta el nivel general de precios: de la inflación, clave de bóveda del contrato electoral que encumbró a Milei.
Polarización
¿Cómo se explica entonces el empate de debilidades entre el bloque que quiere ejecutar reformas y el que se opone a cualquier modificación del dirigismo que colapsó en una nueva crisis hiperinflacionaria?
Hay una clave de interpretación posible si se mira la nueva polarización en la que quedó estacionado el electorado nacional. Sobre todo, la distancia ideológica entre ambos polos: hay un abismo entre la narrativa de helicópteros que reiteró la oposición en el paro y el discurso de motosierra de la Casa Rosada tras el retiro del paquete fiscal. Los bloques de centro que adquirieron relevancia en la discusión parlamentaria tienen bancas para el veto, pero vienen de perder como coaliciones para el voto.
Milei sigue apoyándose en esa mayoría apenas silenciosa que le informan las encuestas. En su bloque político defienden como habilidad estratégica que Milei haya enviado una ley enorme de bases fundacionales al Congreso con la urgencia tributaria adentro. Elogian que luego el Gobierno haya cedido normas -como la reforma electoral- para intentar la aprobación del paquete fiscal. Y justifican que ahora el Gobierno retire el paquete fiscal, dando por sentado que se aprobará el articulado remanente. Es una lógica de un optimismo emocional irrefutable, pero aún sujeto a verificación operativa.
La oposición más dura se consuela con las dificultades de Milei y acciona por reflejo con el mismo discurso y metodología que derrumbó al gobierno de Alberto Fernández y lo condujo a una catástrofe electoral. Para decirlo en los términos del filósofo Pablo Moyano: su problema no es metafórico, sino metabólico. No sólo se agotó su narrativa: es incapaz de sintetizar el nuevo conflicto político.
Hasta los intuitivos caciques sindicales, consolidados desde hace décadas como directivos de grandes y prósperas corporaciones económicas, parecen haber perdido la brújula: habiendo conseguido trabar en los tribunales el capítulo laboral de la reforma mileísta, se lanzaron al fracaso de un paro innecesario.
