El peor error que puede cometer un país que acaba de elegir un presidente con amplia legitimidad en el voto y un Congreso fragmentado con alta capacidad de veto es analizar la escena política tomando la parte por el todo. Javier Milei es el nuevo presidente, obligado a arbitrar entre necesidades y expectativas, pero en los hechos la suerte de su gestión no depende sólo de él.
El discurso de Milei en las puertas del Parlamento no sólo cifró el tamaño del derrumbe argentino. También intentó articular una mística popular para arengar a la sociedad frente a ese desafío. La expectativa tras el mensaje motivacional se trasladó a la agenda operativa. De eso se encargó el ministro Luis Caputo, dos días después.
Lo de Caputo, si se deflacta la introducción en la que reiteró el diagnóstico presidencial, fue casi minimalista. Tan sólo 10 medidas, un vaso de agua en el desierto. Acaso el principal mérito del mensaje de Caputo fue aquello que no dijo. No arrancó su gestión proponiendo a través de un proyecto de ley ómnibus una reforma integral de la economía en sentido opuesto al dirigismo de las cuatro gestiones kirchneristas.
Eso, que para la ortodoxia libertaria vendría a ser poco menos que el pecado de Adán, fue un gesto de sensatez política del Gobierno. Sin construir los reaseguros mínimos de viabilidad parlamentaria, una apuesta dogmática hubiese significado para el nuevo oficialismo el riesgo de una derrota inicial, una licuación prematura de capital político.
Al haber sido Caputo más pragmático que audaz para la apertura del ajedrez que tiene enfrente, conviene analizar si con ese listado restringido de medidas apuntó en la dirección correcta. Hay dos consensos generalizados entre los economistas: que la aceleración inflacionaria de la primera semana de Milei no es responsabilidad de Milei sino consecuencia de los precios reprimidos con los cuales especuló Sergio Massa en su intento por llegar a la presidencia; y que cualquier tentativa de estabilización de la economía requiere de algún ancla en torno de la cual se reacomode el esquema de precios relativos.
Así enunciado, el requisito parece sencillo, pero los instrumentos disponibles para construir ese anclaje son casi inexistentes. La política cambiaria está condicionada por un nivel histórico de reservas negativas. Por eso el primer Caputo no sólo no fue el de la dolarización prometida por Milei (ni siquiera el de una liberalización acotada del tipo de cambio) sino el del Estado fijándole precio al dólar.
Tampoco la política monetaria está disponible mientras penda de un hilo la bola de pasivos remunerados del Banco Central. En consecuencia, la señal más fuerte enviada por el ministro fue sobre la política fiscal.
Puede sonar escaso –y lo es– para una expectativa social que percibe de inmediato ajustes como la suba de precios de 332% para la hacienda vacuna en los últimos 12 meses y de 260% para el gasoil, según datos evaluados por la Fundación Mediterránea. Pero el Gobierno ha decidido instalar una narrativa clave para su gestión: no hay salida a la hiperinflación inminente sin un ataque decidido al déficit fiscal. Ha logrado instalar en esa dirección un lenguaje novedoso: habla en términos de puntos del producto interno bruto (PIB). Milei explicó que el gobierno saliente financió el rojo del Tesoro en una cifra alarmante: 20% del PIB.
Traducido a ese lenguaje por los economistas Jorge Vasconcelos y Maximiliano Gutiérrez, el mensaje de Caputo fue una propuesta de suba de ingresos por 2,3% del PIB y una reducción de gastos del 3,2% del PIB. Esa suma de transición obligada más ajuste imperioso obtuvo un respaldo inesperado: Gabriel Rubinstein, quien fue segundo de Massa en Economía, dijo que ellos hubiesen hecho prácticamente lo mismo. Un dato relevante en la semana en la que se anunció una devaluación del peso del 54%.
El desafío de corto plazo para el Gobierno es conseguir una fórmula alquímica: que la inflación provoque una licuación del déficit hasta que la reducción inducida de este desacelere la inflación. La clave para que esa apuesta técnica no termine en paradoja es manejar el acople de ambas inercias en un tiempo muy preciso y limitado.
Nueva oposición
La nueva oposición también tiene un desafío contrarreloj. Su apuesta política para impedir el triunfo de Milei fue –a imagen y semejanza del socialismo español– proponer un “muro democrático” contra el ascenso de la derecha. A los socialistas españoles, apenas les funcionó. El dato central para sus émulos argentinos es que aquí fracasó en las urnas.
Dicho en los términos menos condescendientes: para el nuevo bloque opositor en Argentina, el gobierno de Milei es una circunstancia horrible. Pero no es ese el corazón de su problema. Su auténtico nudo gordiano es que una mayoría consistente evaluó como algo más horrible al gobierno de Alberto, Cristina y Massa.
Los gobernadores de provincias asistirán a una reunión con Milei con ese problema político en ebullición. Urgidos por la crisis, interpelados por el voto. La derrota de Cristina Kirchner en el Senado frente a Victoria Villarruel es el indicador de que, a una oposición democrática con pretensión mayoritaria, nunca le puede funcionar el “teorema de Belliboni” (Eduardo, el piquetero trotskista que dijo: “Yo quiero que al gobierno de Milei le vaya mal”).
No sólo el kirchnerismo está desorientado frente a la crisis política. De todo su padrón de afiliados, la UCR acaba de elegir como presidente a un economista que gestionó a las órdenes de Cristina. El radicalismo suele ser coherente con sus obcecaciones. En 1991, dos años después de la hiperinflación de Raúl Alfonsín, propuso al ministro de Economía Juan Carlos Pugliese como candidato a gobernador de Buenos Aires.
Un teórico afín al radicalismo como Andrés Malamud suele decir, en broma, que la UCR es como un submarino: puede flotar, pero todo parece indicar que está diseñado para hundirse.
