En Córdoba, los procesos electorales y la discusión política están desde hace años predeterminados por acuerdos previos que luego se disimulan con pirotecnia proselitista. Demostración de eso es la interna que Rodrigo de Loredo (Sumar) le impuso por vía judicial al radicalismo cordobés que Ramón Mestre y Mario Negri (Convergencia) ya se habían repartido de antemano, la que sólo garantiza el entretenimiento del día.
El resultado de esa dinámica son seis gestiones continuadas del peronismo cordobés y una crisis del radicalismo que parecía haber alcanzado su plenitud tras la catástrofe electoral de 2019, pero que no dejó de profundizarse luego.
El centenario socio mayoritario de la alianza Juntos por el Cambio quedó encerrado en las disputas entre los mismos nombres de siempre que pugnan por integrar la próxima lista legislativa, que es lo que se juega hoy. Pero el partido está subordinado por entero en su acción política a las directivas que bajan desde el PRO nacional, que tiene el liderazgo bicéfalo de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta.
Tanto para Macri como para Larreta, la relación con Juan Schiaretti parece mucho más relevante que la conducción del radicalismo cordobés: es recurrente la fantasía macrista de tener al gobernador cordobés como vice en una hipotética fórmula presidencial; y cuando hablan de sumar peronistas a Juntos por el Cambio piensan en Schiaretti.
En lugar de entreverarse en la interna radical, ambos hicieron ya su apuesta en Córdoba por el exradical y exfuncionario schiarettista Gustavo Santos. El margen del radicalismo local –cualquiera sea el nombre que se imponga en la interna de hoy– y sus socios para constituir una oposición real en la provincia es menos que escaso.
Es un laberinto que cuesta interpretar desde fuera de Córdoba, pero que se vuelve determinante para entender por qué el peronismo cordobés actúa en los hechos como un partido único. Esta semana habrá en la Legislatura una muestra elocuente de esta situación, cuando varios opositores avalen la controvertida designación de Juan Manuel Delgado, actual procurador del Tesoro del Gobierno provincial, como titular del Ministerio Público Fiscal por los próximos cinco años. Se trata de uno de los hechos sustanciales para el poder schiarettista, que tiene votos de sobra, pero que además tendrá apoyo opositor.
Si la interna radical termina como viene, es posible que esta noche la controversia pese mucho más que el resultado. Qué dirán las urnas es un verdadero enigma, porque el resultado reflejará principalmente la capacidad de articular una logística que empuje a votar a unos afiliados que todavía tratan de entender cómo fue que Mestre y Negri terminaron juntos y que De Loredo terminó enfrentándolos.
Es un desafío de aparatos –en el que pesarán también interesados apoyos externos– más que una compulsa de ideas o de diferentes planteos políticos: en lo sustancial, Convergencia y Sumar representan cosas muy parecidas.
Con una elección Paso que llegará tarde o temprano, la trascendencia de la interna radical que hoy entretendrá a la dirigencia política tiene todavía menos peso en la sociedad de Juntos por el Cambio. Esa será la pulseada decisiva en el espacio opositor que, a pesar de su dirigencia, tiene todas las chances de anotarse en Córdoba un triunfo electoral contundente en las elecciones legislativas.
La importancia de los nombres propios que ponga en su lista Juntos por el Cambio se reduce cuando se considera que el nombre más determinante en Córdoba es el de Cristina Fernández de Kirchner. Es el profundo antikirchnerismo cordobés la clave principal de este año electoral y es también ese el determinante de que el schiarettismo haya acelerado su alejamiento del Frente de Todos.
Para el peronismo cordobés, esta es la hora de exagerar las diferencias: la verdadera cruzada que la Provincia emprendió en los últimos días por la prórroga de los beneficios a los productores de biocombustibles es una clara muestra de la dinámica que va tomando ese distanciamiento con el peronismo nacional. El kirchnerismo frenó en Diputados la ley que garantiza la continuidad de ese régimen de promoción y el schiarettismo coordina con Juntos por el Cambio la presión al Gobierno nacional para que se apruebe esa prórroga.
Hacía mucho que los ministros provinciales no salían en bloque con un reclamo al Gobierno nacional como acaba de ocurrir por los biocombustibles. Tanto que hay que remontarse a los años en que gobernaba Cristina Fernández.
Vienen meses de discusiones nacionales que prometen coincidencias crecientes entre Hacemos por Córdoba y Juntos por el Cambio. Todas serán en contra de los temas clave que impulsa la vicepresidenta: las encuestas que mira el Centro Cívico dicen lo mismo que las que consume la oposición cordobesa. Indican que el que se acerca al kirchnerismo pierde.
El Frente de Todos, con Carlos Caserio a la cabeza, intentará contradecir ese designio. Todo indica que para conservar esa banca kirchnerista en el Senado tendrá que sacar más votos que los que logre Alejandra Vigo con la boleta schiarettista desprovista de referentes nacionales.
