A más de 60 días de haber asumido como gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, enfrascado en sus ambiciones como político nacional, sobreactúa su cordobesismo mientras se pelea con el presidente Javier Milei y dibuja el “partido cordobés”, que imagina indispensable para su proyección nacional.
Mientras esto ocurre, los tres temas centrales que preocupan a los cordobeses –educación, seguridad y salud– parecen marginados a un segundo plano.
En vísperas del inicio de clases el próximo lunes 26, y con la planificación del ciclo lectivo en marcha, reina la incertidumbre entre los educadores de bolsillos flacos, abatidos antes de comenzar por las malas noticias que se multiplican.
En lo estrictamente pedagógico, maestros y profesores recibieron resoluciones y circulares ministeriales con los lineamientos del programa de gobierno en materia educativa, con el objetivo de que piensen una “escuela posible”, sin reformas drásticas, pero que garantice resultados educativos, contención social y freno a la violencia en todas sus formas.
Está cargado de buenas intenciones y conceptos reciclados de gestiones anteriores, que parecen ser nuevos, pero no lo son tanto. Eso sí, prometen no volver a dejar a los maestros y maestras solos, como ocurrió en la pandemia.
Se llega al inicio del ciclo lectivo con muchos frentes abiertos. A problemas históricos que requieren respuestas y soluciones, se suman el recorte del Gobierno nacional en el envío de los fondos para afrontar el pago del incentivo docente, que los educadores reciben desde 1998 y que representa más del 10% de sus salarios, además de la tensión por la falta de definición de la paritaria.
Cito aquí sólo algunos puntos de una larga lista de situaciones irresueltas en las gestiones que precedieron al ministro Horacio Ferreyra: el estado de mantenimiento de los edificios escolares; la falta de capacitación y de actualización específica de los docentes en temas arrolladores como la tecnología y la inteligencia artificial; la escasa conectividad en las escuelas; la recuperación de los saberes básicos del alumnado (está de más decir que resulta vergonzoso e inconcebible que niños y niñas concluyan la primaria sin saber leer y escribir), y el malestar docente por la sobrecarga laboral derivada de un sinnúmero de acciones administrativas que deben realizar además de la pedagógica, que lógicamente debería ser la esencial.
Qué va a hacer el gobierno de Llaryora en materia educativa es todavía una incógnita. Las autoridades anunciaron una serie de promesas vagas, asegurando que la educación será una prioridad, y enumeraron un puñado de ideas bonitas en la teoría.
Pero el ministro no se muestra en público para explicar cómo las llevará a la práctica sin sobrecargar aún más a las escuelas. Enfrascado en una tarea titánica, el flamante titular del ministerio nada le ha dicho a la ciudadanía.
Por lo pronto, tiene que reordenar un área gestionada durante 16 años en piloto automático por un mismo ministro y equipo de funcionarios, que dejaron bajos todos los indicadores de calidad educativa. Tiene, además, que gestionar con menos presupuesto y sin acompañamiento de planes nacionales.
Preocupa el hermetismo de Ferreyra hacia la población en general. Es un mal síntoma. Habla a sus funcionarios y a los directores de escuela por Zoom, pero no comunica nada a la gente de a pie, a las familias ni al resto de la comunidad educativa, que quieren saber cuál va a ser el rumbo, concreto y conciso.
Ya nadie confía ciegamente en los funcionarios; hay que demostrar, bajar a la realidad las promesas y las frases pomposas de los documentos oficiales.
Hay que acercarse a la gente para que esté informada porque, además de ser un derecho ciudadano, no hay nada más angustiante que caminar a tientas, sin saber hacia dónde se va.
* Senador nacional (Juntos por el Cambio)
