Toda elección presidencial en la República Argentina implica volver a debatir temas recurrentes que están proponiendo dos países distintos. Cuestiones que van desde un Estado minúsculo sin empresas públicas a su cargo, a un gobierno con omnipresencia en la mayoría de los órdenes de la vida.
Un país oscilante entre la apuesta a las virtudes y el derrame del mercado, de una parte, y la intervención del Estado, sosteniendo y promocionando sus actividades económicas, de la otra.
En realidad, pasan las elecciones, la discusión se reitera y no se resuelve, y los resultados de esos gobiernos dejan cada vez más pobres, un país más endeudado y un fuerte enojo con la dirigencia política.
Este año no es la excepción. Las encuestas electorales vienen marcando la preferencia por candidatos que radicalizan sus discursos y sus propuestas. Tanto desde una orilla de la grieta como de la otra.
En esta tensión, las primeras víctimas son las posiciones moderadas, que plantean alguna racionalidad en la búsqueda de una salida para el país.
Así, se vuelven a plantear cuestiones como las eventuales privatizaciones de Aerolíneas Argentinas y de YPF (remembranzas de la década de 1990); dolarizar la economía; eliminar los subsidios en los servicios públicos y los planes sociales, o bajar la edad jubilatoria y permitir la libre portación de armas.
A primera vista, los consensos sociales sobre estos temas parecen contradecir las principales propuestas de quienes hoy tienen más chances de consagrarse en las Paso y competir por los puntos en la elección general de octubre.
Así surge del relevamiento realizado entre los cordobeses por la Consultora Delfos, en una encuesta de 1.870 casos domiciliarios efectuada esta semana en 17 ciudades de la provincia de Córdoba.
Casi el 80 por ciento de los cordobeses dijo estar en contra de la libre portación de armas. A pesar de que la seguridad es el principal tema de preocupación en la provincia y el país, estas medidas extremas no son acompañadas.
Probablemente, aquí influya lo que ocurre en países donde esta medida está en vigencia, como Estados Unidos, donde con cierta frecuencia se producen atentados surgidos de la libre disponibilidad de armas.
La dolarización de la economía, que suena disruptiva para un país tan atado a su cultura nacional, también es rechazada por una mayoría, pero sin contundencia, ya que casi el 47 por ciento la rechaza, pero cerca del 31 la acepta.
También se ponen sobre la mesa del debate electoral las privatizaciones de Aerolíneas Argentina y de YPF. La sociedad cordobesa vuelve a marcar su rechazo a estas medidas que tuvieron vigencia en la década de 1990, y que fueron revertidas cuando las empresas volvieron a manos del Estado durante los gobiernos del kirchnerismo. En proporciones casi similares, poco más de la mitad de los cordobeses se pronunció en contra. Esta es una línea de pensamiento que se mantiene en el tiempo.
Por otra parte, la situación de los jubilados, del sistema que sostiene los ingresos de los pasivos, es tema de debate no sólo en la Argentina sino en el mundo.
En ese marco, surge la idea de subir la edad para jubilarse, asociada al aumento de la expectativa de vida. En este caso, el rechazo es contundente: el 91 por ciento se pronunció en contra.
Finalmente, la eliminación de los subsidios a las tarifas de servicios públicos como gas y electricidad también encuentra un fuerte rechazo entre los cordobeses. En este caso, casi el 75 por ciento dijo estar en contra.
La única medida que logra cierto acompañamiento, pero tampoco de manera contundente, es avanzar sobre la eliminación de los planes sociales. En este caso, el 46 por ciento dijo estar de acuerdo con esta medida, tema que encuentra en el seno de su debate posiciones concurrentes.
En este sentido, subyace la idea de gran parte de los argentinos de que los planes fueron acciones tomadas en el marco de la emergencia durante la crisis de 2001 y que su persistencia, en definitiva, termina convirtiéndose en una medida del fracaso de los diferentes gobiernos por dar vuelta esta realidad.
Así, el debate público está marcando que, más allá de las promesas de campaña y propuestas rutilantes, quien gobierne el país desde diciembre próximo deberá enfrentar posiciones políticas de los argentinos sostenidas en intereses y creencias de una sociedad que no cambia de ideas, a pesar del paso de los gobiernos.
* Director de la consultora de opinión pública Delfos
