Juan M. Mocoroa*
Escribo estas líneas con angustia. Conmocionado. Luego de un largo proceso, el tribunal acaba de condenar a cinco jóvenes de poco más de 20 años a cadena perpetua por el terrible homicidio de un adolescente. Escucho a un colega que dice que la resolución es de una “clemencia irracional”, que es producto de una “Justicia débil”. Escucho a los padres del adolescente muerto: se los ve calmados. Parece que no ven la misma debilidad que su abogado.
Los veo a ellos, los padres, con la foto de su hijo en la mano. Me pregunto a quien puede importarle mi angustia, mi conmoción, cuando dos padres no verán más a su hijo porque unos violentos hicieron con él lo que sabían hacer: patearle la cabeza como si fuera una pelota. A nadie, a nadie puede importarle. Y está bien que así sea.
Pero hay algo que sí debería importarnos. Mas allá de las cuestiones técnicas, deberíamos pensar qué nos pasa como sociedad. En qué nos hemos convertido, que parece que nada nos alcanza.
¿Eso merecen?
Leo Twitter, esa red social que agiganta la ira, que permite que afloren nuestros peores sentimientos y nuestras emociones más viles. Leo gente que se alegra por la condena, se indigna por la benevolencia del tribunal porque benefició a tres imputados. Leo que hay quienes festejan que los condenados serán violados, torturados, maltratados en la cárcel. Que eso se merecen.
Me estremezco. Pienso. No existe diferencia moral entre quienes lograron esa calamidad, que es la muerte de Fernando, y quienes festejan que vayan a ser violados, maltratados, torturados.
Esta condena perpetua en nuestro sistema jurídico es para siempre. Subrayo, con mayúscula sostenida: PARA SIEMPRE.
Según la legislación vigente, no pueden obtener los beneficios de la libertad condicional o salidas transitorias. Los imagino en 20 años, la misma cantidad de años que vivieron hasta que les dieron los golpes de muerte a Fernando. Van a estar presos, y tendrán 40; o casi. Los imagino en 30 años: tendrán 50; o casi. Seguirán presos. Y así hasta que el tiempo haga de las suyas: se enfermen, se deterioren, mueran.
Una interpretación más benévola, les otorga 50 años de condena efectiva. Sin libertad. Cincuenta años es para siempre. No hay diferencia. Ya no tendrán vínculos, ya no tendrán espacio. Ya no tienen futuro.
No puede ser que pidamos esa condena. No puede ser, me digo y me repito.
El castigo penal, de manera necesaria, tiene un componente retributivo. Es decir, generar un mal a quien hizo un mal. Pensamos que quienes hicieron mal merecen recibir mal. Pero me pregunto: ¿cuánto mal merecen recibir los que hicieron mal?
Vuelvo a imaginarlos. Los pienso. Los veo. Cuando tengan mi edad, estarán presos. Hoy tienen la edad de mi hija, y están presos. Cuando tengan la edad de mi padre, estarán presos. Siempre estarán presos. Siempre. Me repito una vez más: siempre. ¿Es esa la respuesta que se merecen? ¿Es ese el reproche justo? ¿Es esa la medida de castigo que merecen?
Expresión del rechazo
El derecho penal es la herramienta más drástica que empleamos como comunidad para reprochar las conductas que nos ofenden. Por eso es tan complejo encontrar las razones que justifican ese castigo.
Una de las justificaciones más extendidas en la actualidad se asienta sobre la “función expresiva del castigo”. Según ella, el castigo es una expresión del rechazo que sentimos, como comunidad, por las acciones u omisiones de un agresor. Es la manera en la que le comunicamos a quienes generaron un daño que no toleramos su acción.
Esta forma de pensar tiene algunas implicaciones importantes. En particular, existe una obligación moral de reprochar la muerte de otro. Más allá de las consecuencias de ese castigo en particular. Esto es importante porque no mediatiza al ofensor: lo que se busca es hacerle saber que sus conductas son desaprobadas por la comunidad.
La respuesta está atada a lo que merece quien genera un daño. El caso de Fernando es un caso claro en el que los agresores merecen un castigo. Lo merecen porque hay una víctima, Fernando. Y están sus padres. Intentamos redignificarlos, al menos en algún sentido. Es decir, queremos que sepan que no merecen este sufrimiento. Nuestras instituciones sólo tienen una respuesta: el castigo penal. Pero ¿cuánto castigo?
A su vez, decimos que la pena tiene una finalidad resocializadora; que pretendemos que quien cometió un delito pueda integrarse a la sociedad. Lo dice la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad: la pena busca que “el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto”. No hay rehabilitación con un castigo para siempre; tampoco reinserción social.
¿Es justo un sistema jurídico que castiga para siempre? Me lo pregunto, pero no tengo respuesta. Tengo alguna intuición: no, no es justo. Hay mucho que pensar, todavía, sobre qué respuestas damos y la manera en que lo hacemos, también ante hechos tan horribles.
* Abogado
