La ampliación del procesamiento de Daniel Santoro, el periodista argentino de investigación premiado internacionalmente y a quien se lo acusa de integrar una asociación ilícita, pone en foco una concepción antidemocrática que equipara a la prensa con el espionaje.
Nada responde mejor un dislate que contestar con un disparate: efectivamente, en todo buen periodista hay un espía.
El espionaje busca poner luz sobre lo que es oculto o se quiere esconder. Es lo que hace un buen periodista que se prepara profesionalmente para indagar, descubrir la información que de manera deliberada está aplastada por el secreto.
¿En beneficio de quién lo hace? De la ciudadanía, que tiene derecho a conocer el destino de los dineros públicos, la conducta de dirigentes o funcionarios o eventuales maniobras de otros factores de poder.
Por eso, autoritarios de todos los colores buscan acallar a la prensa. Con censura directa, como hacen los dictadores sin vergüenza, o con astucias argumentales, cuando se trata de populistas.
En ambos casos se busca cancelar la función de control de la prensa en democracia.
Garantías no privilegios
Protegido ante los tribunales, el periodista no está obligado a divulgar quién le proporciona la información, por el principio de protección de las fuentes.
Las protecciones constitucionales no son privilegios del periodista sino garantías para el trabajo que este realiza, la gestión privada del valor simbólico de la libertad de expresión y el derecho de las sociedades a ser informadas.
Daniel Santoro es el periodista que en las últimas décadas investigó y denunció en el diario Clarín los escándalos más resonantes de corrupción, en especial los de los gobiernos de Cristina Kirchner, quien nunca disimuló su desprecio por la prensa y en el especial por dicho diario, al que confunde con un partido político de oposición y acusa de sus fracasos políticos.
Santoro es, como señalamos antes, el periodista argentino más reconocido fuera de las fronteras del país: premios Rey de España y María Moors Cabot, de la Universidad de Columbia, así como distinciones de Transparencia Internacional.
Acusado de integrar una asociación ilícita liderada por un falso espía, el procesamiento del periodista ha sido criticado por los constitucionalistas más respetados y por las principales organizaciones de prensa.
Concepción antidemocrática
Por ello, vale destacar lo que sustenta el dislate: una concepción antidemocrática que se reconoce aquí y allá; el creciente desprecio hacia la prensa de los sectores políticos populistas, y el papel de la mano de obra desocupada de los espías entrenados en tiempos de dictadura, reconvertidos en mercenarios de la información.
Ese desprecio por la prensa y la presión del poder tergiversaron el trabajo periodístico, no sólo por la dificultad para acceder a las fuentes sino porque propiciaron la actividad de esos mercaderes de la información, los desleales espías del Estado que siguieron haciendo en democracia lo que aprendieron con la dictadura.
Los temidos servicios de inteligencia a los que ningún gobierno democrático subordinó a la ley que prohíbe espiar a ciudadanos de a pie, sean periodistas o políticos.
La distorsión viene de lejos, desde el inicio mismo de la democracia, cuando las denuncias de la prensa se interpretaban como atentados a la democracia.
Por eso preocupa que sea un juez con indisimuladas simpatías al oficialismo el que ve un delito donde hay un derecho democrático: el de la sociedad a ser informada.
Y esto en momentos en que se termina de crear un organismo estatal que ya en su nombre (Nodio) confiesa su función de control escondida bajo un supuesto intento de combatir la desinformación y la “violencia simbólica” que circula en la red y en los medios de comunicación.
No se termina de entender que la función de los estados democráticos es garantizar los derechos constitucionales, no controlar a los periodistas ni reducir a los ciudadanos a niños sin discernimiento a quienes hay que decirles qué pensar.
Tales actitudes van desmantelando las democracias, porque los sectores mal llamados progresistas siguen descalificándola como un sistema burgués, sin reconocer que los derechos humanos que tanto invocan son una concepción liberal que dio al mundo progreso y prosperidad. Y a ellos, las bancas que ocupan.
*Exsenadora nacional por Córdoba
