Hace unos días, la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (Caitpa) celebró su 30º aniversario, lo que nos brinda una excelente oportunidad para reflexionar sobre el crecimiento de nuestra actividad.
Fue en 1992 cuando, mediante la sanción de la ley 24.051, se establecieron por primera vez las normas para el manejo de residuos peligrosos en Argentina. Antes de esa fecha, no existían sanciones ni responsabilidades claras respecto a la gestión de estos residuos, lo que generaba un escenario de descontrol y riesgos ambientales.
Hoy, el sector cuenta con más de 150 empresas destinadas al tratamiento de residuos industriales distribuidas en todo el país, lo que representa un avance significativo. Sin embargo, los desafíos que enfrentamos son enormes.
Según un relevamiento reciente de la UBA y la UNR, entre julio de 2023 y junio de 2024, sólo se trató el 7,7% de los residuos industriales y peligrosos generados. Esto significa que la mayor parte de estos desechos se sigue descartando de manera ilegal, con graves consecuencias para el ambiente y para la salud.
A pesar de este panorama preocupante, también podemos destacar los avances logrados desde los años 90. El próximo paso que debemos abordar desde el sector es comprender mejor la política actual de las empresas en relación con sus residuos.
Un concepto relevante
Algunas preguntas clave son: ¿cómo se piensan los procesos industriales en términos de utilización de recursos? ¿Cuál es el rol del Estado en este desafío? ¿No deberíamos ser más estrictos con quienes generan residuos, y en este sentido, disponen para ello recursos que son limitados?
En este contexto, resulta relevante analizar el concepto de greenwashing. Este término describe las estrategias que algunas empresas utilizan para proyectar una imagen ambientalmente responsable sin adoptar verdaderas prácticas sustentables. Por ejemplo, para compensar sus emisiones de carbono, muchas compañías implementan políticas que parecen beneficiosas para el ambiente, pero que, en realidad, no cumplen con los objetivos reales de sostenibilidad. La reducción de emisiones debe ir acompañada de un cambio genuino hacia energías renovables y una transformación integral de los procesos industriales.
Un ejemplo actual que ilustra el uso de estrategias engañosas para mejorar la reputación es lo que hacen algunos países árabes que invierten en clubes de fútbol de elite o eventos deportivos internacionales para mejorar su reputación global, pese a mantener políticas cuestionables en otros ámbitos.
En el caso del greenwashing, tanto empresas como países recurren a estas prácticas para aparentar cumplimiento con los objetivos internacionales de reducción de emisiones, como los establecidos por las Naciones Unidas: reducir a la mitad las emisiones de carbono para 2030 y alcanzar la neutralidad para 2050.
Sin embargo, en la última COP, países como Arabia Saudita, Irán y Rusia se negaron a firmar acuerdos para limitar la explotación de yacimientos petroleros, priorizando sus economías por sobre el medio ambiente. Este hecho subraya cómo el plástico, un subproducto clave del petróleo, sigue siendo una amenaza significativa.
Actualmente, sólo unas pocas empresas cumplen realmente con los requisitos de sostenibilidad. Una revisión de los informes de sustentabilidad muestra que muchas se limitan a iniciativas menores, como contratar cooperativas para reciclar plásticos o plantar árboles, mientras desatienden problemas cruciales como la gestión de residuos peligrosos y la emisión de gases contaminantes.
El principal obstáculo es la falta de control sobre cómo las industrias gestionan y desechan sus residuos. Aunque la economía circular es un modelo prometedor, no aborda los desechos que no pueden ser reciclados, compostados o reusados. Sin un control efectivo, seguiremos enfrentando problemas como los grandes pasivos ambientales que generan contaminación.
Por último, el Gobierno nacional busca atraer inversiones en minería y energía a través de incentivos. Si bien esto es necesario para el desarrollo del país, también es fundamental exigir a estas empresas políticas claras de gestión de residuos y planes de cierre responsables. Solo así podremos avanzar hacia un modelo más sustentable y equitativo, donde la protección ambiental sea una prioridad.
* Presidentes de Catries y Caitpa
