La corrupción, por definición, es opaca. Sólo es posible conocerla a partir de aproximaciones sucesivas. El hallazgo de ella siempre acontece luego de ensayo y error. Sus mecanismos de detección, por tal motivo, se han ido sofisticando a medida que la tecnología ha ido evolucionando.
Recientemente se destapó un nuevo escándalo en Argentina en el área de compras públicas, a partir de la manipulación del sistema electrónico de subasta de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Con esto, se conseguía que cuatro empresas se alternaran en las licitaciones y se distribuyesen entre ellas las victorias.
La suma infinita de procesos de corrupción de gobiernos diversos ha conducido a la creencia común en relación con que el problema de la corrupción sólo puede ser eliminado si se llevan todos los procesos del Estado a entornos tecnológicos propiciados por el antes llamado e-government. Cuando se observa que esto tampoco ha funcionado, la frustración se acrecienta y se incrementa la desafección cívica.
Sin embargo, el fracaso de tecnologías y de procedimientos concretos no significa que no haya alternativas y que la ciudadanía deba ser rehén eterna de quienes delinquen aprovechando la función pública. Es posible diseñar los sistemas anticorrupción de forma inteligente y usando mejores prácticas ya probadas internacionalmente.
“Blockchain” y transparencia
La forma de propiciar la extinción del mal de la corrupción por la raíz es la transparencia. El error del sistema de compras de Andis es que las informaciones no eran públicas, por definición. Es decir, faltaba el elemento crucial que permite la auditoría ciudadana: publicitación en tiempo real de las informaciones del proceso de compra.
Para tener un sistema auditable en tiempo real, son necesarios dos elementos: que toda información pública sea accesible en el instante que es producida y que ella no pueda ser alterada a posteriori sin rastros. Una de las tecnologías que tiene esas propiedades por excelencia es el blockchain, y ya existen soluciones de compra pública que la implementan y apalancan sus garantías de integridad.
Por tanto, hay soluciones conocidas y viables. Cada día son más baratas y rápidas de implementar. Concretamente, este es el caso de blockchains sin criptomonedas y sin mineración, que son las ideales para el uso de sector público, como Lnet, patrocinada inicialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Son ambientes ideales para la transformación digital de los gobiernos. Si el gobierno digital fue una vacuna contra la corrupción, el uso de blockchain es un remedio (medicamento).
Además, el costo social de descubrir corrupción con un año de atraso es terrible. Vidas son perdidas y bienes no son producidos cuando los servicios son eliminados o resultan mal ofrecidos. Todo esto puede evitarse si el dinero no hubiera sido desviado a bolsillos privados.
El área de compras públicas es una de las más centrales y más críticas en el Estado, ya que es transversal y condición de existencia de toda política pública: no hay salud, educación o seguridad si no se compran insumos y servicios. Una buena compra es la que se orienta a la mejoría permanente del gasto público, a atender las demandas ciudadanas, en el marco de una necesaria responsabilidad social y ambiental.
Herramientas para el control social
Por este motivo, se precisa repensar las herramientas digitales y normativas que el Estado argentino está usando (que, por lo que la realidad demuestra, son obsoletas). La transformación digital es cada día más vertiginosa, los sistemas necesitan ser actualizados conceptualmente de forma permanente. La corrupción se recrea y avanza todos los días y el Estado (representando al interés ciudadano) no puede quedar atrás.
En el área de discapacidad, en Argentina, la sociedad civil es muy fuerte y organizada. Sumarla a hacer el control social, desde que haya sistemas informáticos adecuados, es la solución. De hecho, este escándalo sólo fue descubierto cuando la Policía y los medios pudieron analizar los datos brutos de las compras.
La sociedad civil, con tecnologías como la mencionada, puede hacer esta auditoría de forma continua con este acceso libre a los datos brutos, desahogando a los investigadores para hacer el trabajo que el público no consigue. En estos contextos, los periodistas, por ejemplo, descubren escándalos y corrupción con mucha más frecuencia y más eficiencia, porque saben navegar en los datos, que cada día son más públicos.
Esta afirmación sirve para el resto de sectores gubernamentales. El control social es el único camino efectivo de auditoría de políticas públicas y contribuye a aminorar los riesgos de corrupción. El costo de esta se limita y pueden liberarse fondos para dotar de mayor calidad al diseño y a la implementación de políticas públicas. Para esto, la línea que muestra el camino del recurso público desde su origen hasta su ejecución precisa ser clara, transparente y entendible para el ciudadano de a pie, no sólo para los especialistas.
Se conoce el camino por seguir porque ya hay soluciones probadas como exitosas en distintas latitudes de la geografía mundial y latinoamericana. Para adoptarlas, sólo hacen falta voluntad política y presión social. Únicamente con el concurso de todos es posible gobernar este flagelo que atenta contra la producción de riqueza y la mejora de la calidad de vida.
*Doctora en Sociologia por la Universidad de San Pablo y directora de Strategia Publica
**Director de Canada Chair y director del Grupo de Transferencia sobre Decisiones, Elecciones y Juegos de la Universidad de Salamanca
