Existe en estos días un dilema irresuelto sobre la influencia mutua de la economía y la política en Argentina, y es probable que siga sin respuesta hasta que concluya el ciclo electoral.
La economía oscila entre dos conjuntos de números diferenciados, que despiertan expectativas inversas.
Por un lado, están los números que muestran una inflación en baja, a un ritmo superior al esperado. La gestión Milei está consiguiendo arrimar el índice de precios a parámetros más cercanos a una economía normal. Persiste la discusión sobre rubros que aumentan por sobre el índice general. Pero la inflación es un promedio estadístico. Lo que se objeta, ocurriría incluso con índice cero.
Los números del Indec también reflejan una tendencia a la reactivación económica. Su dispersión tanto sectorial como geográfica dificulta una percepción social nítida. La expansión del sector energético, por caso, contrasta con el retraso en la industria o la construcción.
Por otro lado, está el conjunto de números que expresan la inquietud de los mercados cambiario y financiero. El dólar y el riesgo país regresaron a los niveles previos a la flexibilización del cepo. Los esfuerzos del equipo económico para enfriar esa dinámica generan dudas.
Entre sus aciertos iniciales, estuvo el desarme de la bola de nieve de pasivos remunerados heredados en el Banco Central. Pero el Gobierno pareció regresar en estos días a una ingeniería parecida.
Como explicó el economista Luciano Laspina, las Leliq de Sergio Massa eran emisión monetaria diferida. Se canjearon por otros instrumentos (las Lefi), bajo el argumento de que el Tesoro las pagaría con superávit. No ya el Banco Central con emisión monetaria e inflación. Pero al final las terminó cancelando el Central. “Ese shock de liquidez explica todo”, concluyó.
Este conjunto de números se completa con el rojo más temido: el de reservas del Central, a la espera de un perdón del FMI por incumplir la meta de acumulación de 4.700 millones de dólares en el segundo trimestre. Conviene retener el número. Volveremos a él más adelante.
La política oscila entre dos variables: la gobernabilidad presente y la competencia electoral inmediata. No se trata sólo de las tensiones clásicas de una campaña electoral. Hay elecciones, pero en un contexto de rediseño turbulento de la representación política que entró en crisis en 2023. Cayó un modelo: el de las coaliciones. El nuevo no termina de aparecer.
¿Es la política inestable la que convulsiona a la economía? ¿O son las especulaciones sobre la evolución económica las que condicionan las apuestas de los sectores políticos? Dicho de otro modo: ¿hay una política que da por irreversible la inconsistencia del programa económico y toma posición en consecuencia? ¿O hay una política que advierte el avance del programa económico y, por tanto, se previene tomando precauciones por adelantado?
Dilema sin resolver
Este es el dilema argentino sin resolver, al menos hasta las elecciones de septiembre y octubre.
El primer año de Milei fue el de un equilibrio político precario: un régimen de gobernabilidad fundado en la emergencia. Se articuló con un pacto federal provisorio, cuya normatividad de excepción fue la combinación de dos grandes herramientas. Una, política: el blindaje de hecho para los vetos presidenciales. Y una, económica: el acuerdo para la suspensión integral de la discusión presupuestaria.
La ofensiva fiscal de los gobernadores puso en evidencia la preclusión de ese régimen de gobernabilidad.
Aquí conviene advertir un par de aspectos inconfesados de la rebelión federal.
El primero es que no existiría sin el voto táctico del kirchnerismo parlamentario.
El segundo es que a la tracción fundamental de los legítimos reclamos tributarios no la hacen los proyectos sobre fondos del Impuesto a los Combustibles o la distribución de los ATN: la presión política proviene del volumen fiscal del paquete articulado para su tratamiento simultáneo en el Congreso. En especial, el desvío aprobado para la administración del sistema previsional.
De cada 100 pesos que gasta el Estado nacional, 41 van al pago de jubilaciones. El costo anualizado de lo aprobado con la anuencia de los gobernadores se calcula en unos 4.500 millones de dólares. ¿Una cifra cercana a la mencionada unos párrafos más arriba?
Hay expectativas negativas en los mercados, que se justifican por la curiosa disociación que los gobernadores hacen entre su reclamo de fondos y el efecto general que padecerían si la inflación se desboca por el desamarre del ancla fiscal.
Curiosamente, el complemento funcional de ese comportamiento es la crisis política interna del oficialismo; el mismo oficialismo que se proclama acérrimo defensor del ancla. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sinceró en esos términos el conflicto a cielo abierto entre el Presidente y su vice.
Victoria Villarruel no necesitaba -como lo hizo- argumentar a favor de los proyectos de la oposición para defender su rol institucional en la última sesión del Senado.
Pero el Presidente actúa peor: le imputa a Villarruel una traición cuyas circunstancias mantiene ocultas. En política, las cosas importantes se dicen y se someten a debate y prueba. La omisión no se compensa con la negación del saludo.
Lo que Francos no admite es que la crisis política oficialista está excediendo la “batalla por el jamón del medio”, que supo anticipar muy gráficamente Villarruel.
El modelo de organización elegido por Milei es el de la sumisión incondicional. En la rebelión de los gobernadores también reside una resistencia legítima a ese modelo. De allí su unanimidad plural.
