La Jefatura de Gabinete de Ministros en el marco del gobierno argentino fue una de las innovaciones que trajo aparejada la Reforma Constitucional de 1994.
En noviembre de 1993, el presidente Carlos Saúl Menem y el expresidente Raúl Alfonsín suscribieron un acuerdo conocido como “Pacto de Olivos”, en el que se convino modificar la Constitución Nacional con una serie de reformas que incluían la posibilidad de reelección inmediata del presidente, objetivo principal de Menem.

A cambio, el líder radical logró introducir en el núcleo de coincidencias básicas algunos cambios en el diseño institucional, entre ellos, la figura del jefe de Gabinete de Ministros.
No tan “premier”
Alfonsín tenía en mente incorporar al paisaje doméstico una suerte de primer ministro o premier, un cargo que en las socialdemocracias europeas solía tener más gravitación que el propio jefe de Estado, como fue el caso de Konrad Adenauer (Alemania) o de Winston Churchill (Reino Unido), entre otros.
Sin embargo, en Argentina no fue así. En general, ninguno de los presidentes que advinieron convocó a figuras de primerísimo nivel, sino que prefirieron confiar ese cargo de alto rango a personas cercanas sin demasiado poder propio, por lo cual antepusieron en muchos casos la capacidad de acatar o ejecutar directivas a la experiencia en la función pública. Incluso, en algunos períodos hubo personajes más influyentes que ocupaban otros cargos ministeriales.
Lo dicho no va en menoscabo de quienes desempeñaron la función, sino que se trata de un dato objetivo, fácilmente corroborable con tan sólo repasar la saga.
Se comprobará, entonces, que la confianza aparece como un atributo superior al prestigio o la autoridad de los oportunamente ungidos. Y una de las curiosidades: no hubo ninguna mujer entre la veintena de quienes han ejercido la función hasta hoy.
Las atribuciones del funcionario están enumeradas en el Capítulo Cuarto de la Sección Segunda de la Constitución Nacional.
El primero de los 13 incisos del artículo 100 dispone que le corresponde “ejercer la administración general del país”, toda una definición de la amplia incumbencia del puesto.
El resto de los apartados describe un menú de responsabilidades específicas, tales como “hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la ley de Presupuesto” y “efectuar los nombramientos de los empleados de la administración, excepto los que correspondan al presidente”, entre otras.
El artículo siguiente alude a la obligación de concurrir al Congreso “al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno”, un cometido cumplido a medias y, en ocasiones, convertido en mero trámite burocrático. La norma aludida agrega que “puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras”.
La breve historia del cargo indica que se inauguró en julio de 1995, durante la segunda presidencia de Carlos Saúl Menem. Lo ejerció hasta 1996 Eduardo Bauzá, un incondicional del mandatario, quien ese año fue reemplazado por el entonces ministro de Educación y Cultura, el ingeniero agrónomo Jorge Rodríguez, hasta la finalización del mandato del riojano.

Fernando de la Rúa, elegido en representación de la alianza de la Unión Cívica Radical con el Frepaso, confió la función a Rodolfo Terragno, abogado de perfil intelectual, y a Chrystian Colombo desde 1999 hasta la renuncia presidencial en diciembre de 2001.
Crisis de 2001 y kirchnerismo
En la agitada transición y los interinatos de esos días, pasaron Humberto Schiavoni, designado por Ramón Puerta; Luis Lusquiños, por Adolfo Rodríguez Saá, y Antonio Cafiero, por tan sólo cuatro días. Aquietadas las aguas, Eduardo Duhalde nombró a Jorge Capitanich, reemplazado por Alfredo Atanasof, de pasado sindical, hasta mayo de 2003.

El abogado Alberto Fernández fue el jefe de Gabinete de Néstor Kirchner durante todo el mandato de este entre 2003 y 2007, e incluso durante los primeros meses de la presidencia de Cristina Fernández, y lo sucedieron otros dos abogados: Sergio Massa, hasta julio de 2008, y Aníbal Fernández.
En el segundo mandato, ocuparon el cargo el politólogo Juan Manuel Abal Medina, entre 2011 y 2013, y, nuevamente, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández hasta 2015.
Desde Macri hasta Milei
Mauricio Macri, elegido por Juntos por el Cambio, cubrió el casillero con otro politólogo, Marcos Peña, quien ya lo había acompañado durante su gestión como jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El justicialista Alberto Fernández accedió a la presidencia en 2019 y recurrió al politólogo Santiago Cafiero hasta 2021; al médico Juan Manzur hasta 2023, y al ingeniero Agustín Rossi en el último tramo de su gestión.

Javier Milei, el actual presidente, designó al también ingeniero Nicolás Posse, sin trayectoria política previa, quien ejerció la función unos pocos meses, para ser reemplazado por el abogado Guillermo Francos. Manuel Adorni es el actual jefe de Gabinete.
De los mencionados, a la fecha fallecieron Eduardo Bauzá, Luis Lusquiños y Antonio Cafiero, en tanto que varios de ellos se alejaron de la política activa por razones de edad u otros factores.
En conclusión, si la intención de los convencionales de 1994 fue procurar una atenuación del presidencialismo argentino para acotar su intensidad, no se logró, y tal cometido sigue siendo una asignatura pendiente.























