El 10 de diciembre se cumplió un año desde que Javier Milei tomó el poder. Llegar en un contexto de debilidad institucional e implementar un plan de estabilización requirió de utilizar todas las herramientas políticas y económicas que tenía a su disposición.
El Gobierno inició su gestión con un plan de estabilización que puso al tipo de cambio en el centro de su estrategia, mientras enfrentaba una economía marcada por la inflación descontrolada, un déficit fiscal crónico y reservas internacionales casi agotadas.
Desde el primer día, el Banco Central tuvo que lidiar con una brecha cambiaria significativa que incentivaba distorsiones como la sobredeclaración de importaciones y la subdeclaración de exportaciones, lo que agravaba la pérdida de reservas. Solo en 2023, la entidad ya había vendido U$S 23 mil millones y acumulado deudas por U$S 20 mil millones con importadores.
El plan arrancó con una devaluación inicial para liberar la inflación reprimida y ajustar precios que habían sido artificialmente controlados.
El ajuste tarifario se convirtió en una pieza clave del programa. Los subsidios a la energía y al transporte, que representaban una pesada carga fiscal, comenzaron a recortarse para reducir el déficit.
En paralelo, sectores protegidos por aranceles altos, como la industria textil y electrónica, mantuvieron precios elevados que el Gobierno buscó compensar eliminando regulaciones e impuestos que limitaban la competencia.
Estas medidas buscaron reducir la dispersión de precios.
Como parte de la estrategia, el Gobierno adoptó un esquema de devaluaciones preanunciadas, conocido como crawling peg, fijando una meta inflacionaria mensual del 2% para moderar las expectativas.
Sorprendentemente, en el primer mes de gestión se alcanzó un superávit fiscal, lo que permitió cortar con la emisión monetaria como fuente de financiamiento y brindó mayor credibilidad al plan.
Sin embargo, el desafío no se limitó al manejo del tipo de cambio. El Banco Central enfrentó un contexto en el que las tasas de interés, herramienta tradicional para controlar la inflación, no tenían el mismo efecto que en otras economías.
Este mecanismo asume una integración amplia de la población al sistema financiero, con acceso a préstamos y ahorros bancarios. En economías como la argentina, en las que predominan la informalidad y la desconfianza en el sistema bancario, la dinámica es diferente.
De este modo, en lugar de reducir las presiones inflacionarias, las altas tasas funcionaban como una señal de lo que el Banco Central debía pagar en el futuro por sus pasivos (en particular las Leliq), lo que aumentaba las expectativas de emisión.
En el frente externo, el Banco Central resolvió la deuda con importadores con la creación del Bopreal, que permitió a las empresas darles certidumbre a sus casas matrices. De este modo, se evitó el corte de las cadenas de suministro en un mundo cada vez más proteccionista.
La política detrás del plan de estabilización
Implementar el plan de estabilización descripto requirió de un apoyo significativo que no siempre es fácil de conseguir, sobre todo en un contexto de transformación social profunda. Milei reconoció una realidad que muchos actores políticos aún ignoran: la Argentina ya no es una sociedad salarial.
El país se ha convertido en una sociedad dual, donde el 50% de la población trabaja en el mercado formal con acceso a beneficios, mientras que el otro 50% sobrevive en la informalidad.
Este cambio, iniciado en los años 1990 y acentuado en los últimos 10 años de estancamiento económico, ha transformado a Argentina en un caso típico de desigualdad latinoamericana.
Milei interpretó de manera correcta esta nueva realidad, implementando una política económica dual: desinflación para los sectores informales y desregulación para aliviar las cargas sobre la clase media formalizada, encarnadas por Luis Caputo y Federico Sturzenegger, respectivamente.
Para implementarlas, el Gobierno explotó las herramientas del presidencialismo argentino. Centralizó recursos, reduciendo transferencias automáticas a las provincias, lo que obligó a los gobernadores a negociar de modo directo con el Ejecutivo para obtener financiamiento. Esto fortaleció la posición del Presidente al darle control absoluto sobre la asignación de recursos.
En el ámbito legislativo, el Gobierno aprovechó la fragmentación de Juntos por el Cambio tras su derrota electoral.
Los partidos de la coalición enfrentaron un dilema: apoyar al Gobierno para promover políticas públicas cercanas a sus preferencias, pero sin rédito electoral; o mantenerse en la oposición y quedar opacados por el peronismo.
La Libertad Avanza capitalizó esta división, negociando apoyos individuales a bajo costo político.
Además, Milei buscó mantener altos niveles de aprobación popular en medio del ajuste. Para los sectores informales, priorizó la desinflación y aumentó la Asignación Universal por Hijo, mejorando los ingresos reales. Para la clase media, afectada por recortes, ofreció beneficios como desregulación y acceso al crédito.
El próximo año, el Gobierno enfrentará nuevas demandas sociales, vencimientos de deuda y un contexto global incierto, mientras navega las complejidades de un año electoral. Es probable, entonces, que los veamos desempolvar nuevas herramientas del galpón.
* Politólogo y magister en Economía Aplicada (Universidad Torcuato Di Tella)
