La globalización económica, la universalización de los derechos fundamentales y la inteligencia artificial son tres acontecimientos que han cambiado las bases fácticas y teóricas del Estado, circunstancias que repercuten en su gestión, la que se encuentra lejos de la expectativa de los habitantes.
Los acontecimientos aludidos debilitan al Estado como ente aglutinador y protector de geografías y poblaciones determinadas, generando situaciones lacerantes que lesionan a la humanidad en su conjunto y, en consecuencia, a cada uno de los habitantes del globo.
El dato según el cual más del 40% de la población vive en situación de pobreza muestra que la gestión estatal no satisface los objetivos sociales que justifican su existencia, circunstancia que exige analizar el pasado para que, a partir de la experiencia que se extrae de la memoria, se pueda actuar en el presente con la esperanza de un proyecto que permita la consecución del bien común, que no es igual a la suma de intereses individuales y sectoriales.
Clientelismo y corrupción
El Estado asume el ejercicio monopólico del poder con la condición de someterse al orden jurídico universal de los derechos fundamentales. El orden jurídico que se sancione para habilitar el ejercicio efectivo de dichos derechos debe ser simple, claro y coherente, evitar incertidumbres y hacer posible el control de las restricciones indebidas a la libertad y las desigualdades que se produzcan.
A lo largo del siglo 20 se sancionaron leyes que, con el propósito de remover situaciones que impedían la igualdad efectiva ante la ley, generaron una dispersión normativa que afectó la unidad, la integridad y la claridad del ordenamiento jurídico.
A ello se sumó que la puesta en práctica de dicha legislación fragmentaria se desarrolló según reglas técnicas y prácticas administrativas basadas en la piedad y el paternalismo y sin indicadores objetivos de resultados en términos de dignidad humana.
La falta de control generó un deterioro del sistema implementado, no sólo por la falta de resultados, sino porque se instaló, como modalidad de gestión estatal, el clientelismo y la corrupción, que provocaron, además, una administración dispendiosa de los recursos de la hacienda pública.
La búsqueda de la igualdad real impactó en el principio general de igualdad ante la ley. Y con ello, “la unión nacional” proclamada en el preámbulo de la Constitución se difumó en fragmentos corporativos ensimismados en intereses específicos distantes y muchas veces encontrados con el bien común, lo que forzó la creación de organismos de dirección y control generalmente desconectados entre sí.
El dictado de las reglas operativas respectivas, caracterizadas por su diversidad y dispersión, no sólo acrecentó la inflación normativa –lo cual afecta la simplicidad del orden jurídico–, sino que provocó lagunas y anomias que disminuyen su credibilidad.
La dignidad humana
El ordenamiento jurídico universal de los derechos fundamentales consagró la dignidad humana como razón de ser de todo orden social, político, económico y jurídico. Tal prescripción, para que no sea una simple proclamación, exige garantizar su vigencia a través del ejercicio efectivo de aquellos derechos, por lo que no hay más alternativa que remover las causas que lo impiden, esto es: la inflación normativa, la dispersión organizativa, el paternalismo, el clientelismo, el autoritarismo administrativo, la segmentación corporativa y la corrupción.
Por ser los derechos fundamentales inalienables, universales, irrenunciables y no negociables política y económicamente, frente a ellos no hay derechos irrevocables, en tanto que toda la legislación que se sancione tiene como objetivo asegurar que sean ejercidos con libertad, en igualdad y sin privilegios, por lo que todo cambio legislativo que remueva las posiciones especiales que obturan la consecución del bien común es, además de necesario, legítimo.
La democracia no se agota en los procedimientos indispensables del sistema representativo, sino que debe verificar la densidad de la dignidad humana, porque de otra manera se transforma en retórica oligárquica.
El pluralismo consustancial al ejercicio de los derechos fundamentales no puede reducirse a un discurso en el que dichos derechos se negocien políticamente según la regla aritmética de mayorías y minorías, o económicamente de acuerdo con la puja distributiva del ingreso. Para evitar la exclusión, se requiere el encuentro dialogal de la amistad cívica y no el debate del conflicto.
La adecuación de la gestión estatal no puede postergarse; ella debe actualizarse de manera continua a partir de la experiencia que muestra la memoria, con miras a un futuro de esperanza y de proyecto común, en un ámbito en el que los derechos y los deberes de cada uno se armonicen a partir de la fraternidad y no del enfrentamiento.
* Profesor de Derecho Público, Universidad Siglo 21
