Hay decenas de autores y de investigaciones que trazan una línea recta entre el aumento de la pobreza y el crecimiento del delito y de la inseguridad en nuestras sociedades. Esta variable es tan evidente como dolorosas son las cifras que reflejan los índices de pobreza en el Gran Córdoba: 625 mil personas, de las cuales 141 mil perforan la barrera de la indigencia, según datos que publica este mismo diario referidos a marzo pasado.
Sería entonces un lugar común reconocer que los cordobeses vivimos cada día con mayor angustia encerrados en nuestras casas, limitando nuestras salidas, ajustando nuestros horarios de llegada al hogar y los de nuestros seres más cercanos, y en definitiva normalizando con resignación el hecho de vivir rodeados de una ola de inseguridad cada vez más próxima y cada día más violenta.
La relación que muchas veces no se aborda es la que existe entre pobreza e inseguridad, asociadas a una mala calidad de nuestras instituciones y a la ausencia de una agenda de gobierno pensada en la gente y sus prioridades, capaz de planificar y de orientar sus acciones hacia escenarios de mediano y largo plazo. Mucho de eso sucede hoy en las diferentes esferas del Gobierno provincial.
Cuando hablo de baja calidad institucional, quiero hacer directa mención a un Gobierno provincial que por más de dos décadas no ha escuchado a quienes venimos advirtiendo acerca de la necesidad de repensar las estrategias provinciales de seguridad, incluida la necesidad de declarar la emergencia en la materia y de relacionarse de otra manera con el Gobierno nacional en busca de soluciones coordinadas para problemas que atraviesan las fronteras de una provincia.
Por falta de previsión, voluntad política, una agenda cargada de prioridades invertidas y ausencia de diálogo real, este Gobierno hoy se encuentra con miles de efectivos policiales menos de los que se necesitan en la calle para garantizar la presencia disuasoria del delito por parte el Estado.
Las escuelas y las instituciones de formación policial han sido desmanteladas; sus instalaciones, vendidas, y por ellas transitan jóvenes que salen a la calle sin una adecuada formación para garantizar nuestra seguridad.
En consecuencia, tenemos en la calle pocos policías, mal remunerados, sin adecuado equipamiento y con móviles en precarias condiciones. Y frente a ellos, un perfil de delitos cada vez más violentos y delincuentes que trabajan en redes crecientemente complejas y sofisticadas.
Con los datos a la vista, la respuesta visible de la administración de Martín Llaryora ha sido comprometer a los municipios en el combate contra la inseguridad comprando cientos de autos caros de manera poco transparente y gambeteando los controles del Tribunal de Cuentas provincial, y poniendo en la calle a jóvenes sin capacidades ni herramientas para prevenir el delito.
Una manera cínica y elegante de solidarizar los costos políticos de la inseguridad con los gobiernos municipales, mientras la inseguridad no para de crecer.
Un derecho
Es hora de enfrentar el problema de otra manera, entendiendo que la seguridad es un derecho y no puede ser, como lo es hoy en Córdoba, un privilegio de algunos sectores de la sociedad. La pobreza y la inseguridad no son fenómenos nuevos en Córdoba, sino que se vienen consolidando y profundizando ante gobiernos que las subestimaron y las dejaron al margen de sus prioridades, más orientadas al marketing y disociadas de la agenda de la gente.
Ya es hora de reconocer que estamos en emergencia y de actuar en consecuencia, destinar recursos, abrir el diálogo a otras fuerzas y a otras miradas del problema, e intentar consensuar políticas estables en el tiempo. Con más autos ploteados, ya hemos visto que no se soluciona nada. No más aspirinas para el cáncer, para decirlo de un modo concreto.
En ese sentido, a nivel nacional celebro el trabajo en conjunto de los ministerios de Seguridad y Defensa y sus iniciativas, involucrando a las fuerzas militares en la lucha contra delitos como el terrorismo y el tráfico de drogas, coordinando acciones con las agencias de inteligencia del país y la región en lugar de trabajar a oscuras, retaceando información estratégica en la materia.
Para iniciar este camino, es necesario, en primer lugar, reconocer los errores de los últimos gobiernos provinciales en la materia (incluido el actual) y asumir que el desafío de la inseguridad exige una inmediata y fuerte inversión y el esfuerzo conjunto de las fuerzas políticas, de nuestras agencias de seguridad, de los expertos y de la sociedad civil toda.
No podemos seguir escuchando el discurso de un Gobierno que se posiciona como “analista de la realidad” tirando culpas hacia afuera y delegando funciones. Necesitamos un gobierno que se asuma como el actor principal, con responsabilidad absoluta para brindar seguridad a los cordobeses.
Los problemas de inseguridad llevan varios años en la provincia, muchos recursos invertidos en especialistas y en asesores… y los problemas no sólo no desaparecen, sino que se agravan. Es momento de actuar ya, de repensar estos temas de manera prioritaria y sin especulaciones, para que no sea definitivamente tarde.
Ya no nos alcanza con vivir libres: queremos vivir libres y seguros.
* Exlegislador provincial; director ejecutivo de Fundación Ciudadanos
