Desde hace años, la seguridad aparece como una de las primeras demandas ciudadanas. No sólo en Córdoba. Todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sufren olas de delitos que también se observan a lo largo y a lo ancho de América latina, con particularidades desde las maras hasta el narcotráfico.
Al accionar delictivo no se lo combate con declaraciones ni posteos que describan o traten de empatizar con las víctimas. Tampoco con frases hechas o anuncios grandilocuentes que prometen soluciones instantáneas, porque no las hay. Mucho menos idolatrando modelos autoritarios como el de Nayib Bukele en El Salvador.
En Córdoba, la nueva Ley de Seguridad y Convivencia 10.954 y su reciente reglamentación mediante el decreto número 181, del 26 de abril, han dado un marco jurídico que, aunque perfectible, es innovador y nos pone a la vanguardia para afrontar las problemáticas de la inseguridad, tanto objetiva como subjetiva.
En ese sentido, vale destacar el acierto de la creación de un organismo técnico como el Instituto de Planificación y Formación en Seguridad y Convivencia, dependiente del Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (Copec), con las competencias para asegurar la idoneidad y la transparencia necesarias.
Esa normativa es la base para diseñar políticas públicas a mediano y largo plazo, basadas en consensos políticos, interpartidarios e intersectoriales que trasciendan al gobierno de turno. Porque la seguridad debe ser una política de Estado. Para eso, sus causas y sus fines deben estar claros.
Es la anomia, no la pobreza
Muchas veces se repite que la pobreza es “la” causa de la inseguridad. Sin dudas, una democracia real, y no sólo formal, exige luchar contra ese flagelo que violenta la dignidad humana, generando trabajo. Pero no hay evidencia científica que acredite una relación directamente proporcional entre ambas variables.
Por eso, sería absurdo y casi ridículo que una política de seguridad se planteara como uno de sus objetivos “disminuir la pobreza”, que condicionara sus resultados a la disminución de la cantidad de personas en esa situación o que la utilizara como una excusa para no alcanzarlos.
A diferencia de la pobreza, la anomia social (o el desapego a las normas jurídicas o comunitarias) sí es una causa de la delincuencia y, por ende, de la inseguridad. Por eso, disminuir el delito y mejorar la convivencia deben ser fines complementarios de las políticas de seguridad.
A esos fines, hay que gestionar proyectos en cuatro frentes problemáticos, en simultáneo: 1) reorganización de las fuerzas de seguridad; 2) reestructuración del sistema penitenciario; 3) modernización de la legislación, y 4) agilización de la administración de justicia a escala nacional, provincial y local.
Al mismo tiempo, hay que implementar campañas para restaurar los lazos de coexistencia pacífica, notoriamente deteriorados, concientizando sobre valores, derechos y deberes de la vida en una comunidad organizada. Menor delincuencia y mejor convivencia deben construir un círculo virtuoso.
Gobernanza anticipatoria
Nuestra provincia requiere un ejercicio metódico de “gobernanza anticipatoria”. Hay que prever los desafíos actuales y por venir, diseñando respuestas proactivas en el marco de tres grandes líneas estratégicas, para implementar gobierne quien gobierne: la planificación, la formación y la información.
Planificación: es necesario y urgente elaborar un plan integral, consensuado con los actores sociales y políticos, que vaya más allá de los oficialismos o las oposiciones de turno, sin oportunismos ni chicanas. En ese sentido, el conocimiento de las universidades es sumamente importante y debe ser aprovechado.
Formación: es clave la revisión integral de la formación de las fuerzas de seguridad (Policía, Servicio Penitenciario y Fuerza Policial Antinarcotráfico), más la capacitación de las guardias locales y de los prestadores privados. Porque la calidad vale tanto como la cantidad.
Información: también es clave la información sobre los hechos delictivos y sobre la consecuente percepción de inseguridad (o el miedo a ser víctima), tanto para la toma de decisiones como para el control social. Para eso, es muy importante que funcione el Observatorio creado por la nueva ley.
La lucha contra la inseguridad no puede limitarse al accionar de un gobierno. Es indispensable que los actores políticos y sociales establezcan un “pacto por la seguridad y la convivencia”, anteponiendo las coincidencias sobre las diferencias, mediante el diálogo político. Córdoba tiene todo para hacerlo.
* Presidente de Copec
