Javier Milei cumplió 20 días de gestión, en medio de la mayor tormenta económica y política que haya desatado la asunción de un nuevo gobierno en los últimos 40 años de democracia.
El Presidente sancionó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y presentó un proyecto de “ley ómnibus”. Ambos introducen cambios en las jubilaciones, en los alquileres, en las relaciones laborales, en la salud y en los impuestos, entre los puntos más importantes, además de promover una profunda desregulación de la economía.
La iniciativa es resistida por el kirchnerismo –que busca su revancha tras la derrota en el balotaje–, por la CGT y por los movimientos sociales, los cuales perderán ingresos y poder político.
Fuentes oficiales afirman que el DNU podría ser validado por la Cámara de Diputados, con lo cual tendría fuerza de ley. Para ser derogado, debe ser rechazado por las dos cámaras del Congreso.
La Corte Suprema de Justicia opinará sobre su validez recién en febrero próximo.
Qué cambió con Milei
Las últimas encuestas revelan que el DNU tiene amplia aceptación, a partir de que “la Argentina necesita un cambio” para superar años de decadencia.
La economía está estancada desde 2011 a nivel del producto per cápita; la pobreza afecta al 45,9% de la población, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, y los trabajadores informales se equiparan con los registrados.
El relevamiento de CB Consultores señala, no obstante, un dato interesante: la sociedad rechaza el trato a los jubilados nacionales.
Los bonos de 55 mil pesos que se pagarán con los haberes de diciembre y de enero –también se abonará en febrero, pero aún sin un monto definido– perjudican a los aportantes al sistema: la ayuda sólo alcanza a quienes perciben un haber mínimo, al tiempo que castiga a quienes efectuaron aportes por 30 años o más.
Tampoco tranquiliza a los jubilados que el Gobierno tenga la facultad discrecional de fijar los aumentos, aun cuando estos sean mensuales.
Otro punto que la sociedad pone bajo la lupa es la derogación de la Ley de Alquileres.
Hasta que el mercado se normalice con la oferta de inmuebles, los inquilinos serán perjudicados en cuanto al plazo y a la moneda (la mayoría de los propietarios exigirá dólares).
La extensión del período de prueba en el ámbito laboral de tres a ocho meses puede generar un mercado de “aprendices”, que deambulan de una empresa a otra sin estabilidad.
La libre elección de una obra social o de una empresa de medicina prepaga podría generar una concentración en un sistema con costos cada vez más elevados, por el desarrollo de la tecnología y nuevos procesos médicos.
Los primeros efectos no deseados podrían ser corregidos, pero ello requiere de un Estado atento, por caso, en la evolución de la libre importación de bienes y de insumos.
Los abusos durante la convertibilidad destrozaron el tejido productivo de las pymes, por la posición dominante de grandes importadores y las maniobras de dumping, entre otras acciones.
La tormenta política
“El Niño” es un fenómeno meteorológico que combina fuertes tormentas, en determinadas zonas sequías y altas temperaturas en otras.
Ese ejemplo puede trasladarse transversalmente a todas las organizaciones, incluidos los sectores empresarios, aunque la gran mayoría de la gente de negocios esté de acuerdo con el rumbo elegido.
Un botón de muestra: la suba de las retenciones al 15% provoca un aporte extra del campo de 7.700 millones de dólares, con base en el aumento de las alícuotas al trigo, al maní y al aceite y la harina de soja.
Algunos productores presumen que en las medidas contra el maní y los derivados de la soja hay “un costo político” que pagar, por haber visto con buenos ojos la candidatura de Sergio Massa. Los dirigentes de primera línea de la agroindustria rechazan esa conjetura.
¿Cuánto tiempo está dispuesta la sociedad a resistir el ajuste? Más allá de la tormenta política, el apoyo es mayoritario, incluso en los sectores medios y medio-bajos de la población.
Pero toda “esperanza” (una de las palabras que identifica a la gestión de Milei, según Giacobbe & Asociados) tiene un límite: seis meses parece ser el tiempo de espera prudencial.
Mucho antes se harán sentir los vientos de la tormenta política que alientan ciertos núcleos políticos.
