El reciente conocimiento público de los despilfarros sin control en las universidades nacionales y la marcha en su “defensa” abrieron un debate acerca de las casas de altos estudios que tenemos y las que necesitamos. Me sumo a él, reflexionando sobre cuatro mitos que han contribuido a su decadencia: la gratuidad, el ingreso irrestricto, el cogobierno y la autonomía.
Las universidades nacionales fueron aranceladas hasta que, en 1949, el decreto 29.337 del general Juan Domingo Perón las declaró gratuitas. Pero la gratuidad es una mentira, pues aunque el estudiante no paga lo hace por él el resto de la sociedad con los impuestos, en un mecanismo perverso de reasignación de recursos, porque aquellos cuyos hijos no pueden acceder a los estudios superiores terminan pagándoselos a los hijos de los ricos.
Más justo sería que quienes pueden pagar lo hagan y los que no, si acreditan dedicación al estudio, reciban una beca que les permita hacerlo, ayudando así a los sectores más postergados de la sociedad, promoviendo la movilidad social ascendente, incrementando el presupuesto de las universidades y obligándolas a competir entre ellas. Y también servirá para dejar de costear los estudios a los extranjeros.
El ingreso irrestricto, impuesto también por Perón en 1943, es una estafa a la sociedad, a la que se le devuelven los impuestos con profesionales mal preparados, salidos de universidades desbordadas de su capacidad. También son estafados los estudiantes, pues la baja calidad académica conspira contra su éxito laboral.
En los países serios, el ingreso a las universidades requiere la aprobación de un examen, pero en Argentina, su ausencia provoca que, pese a tener la mayor cantidad de estudiantes universitarios de Latinoamérica –438 por cada 10 mil habitantes–, posea la tasa más baja de graduados, el 26% de los ingresantes de las universidades estatales. Además, el 74% no se recibe en el término de seis años y la mitad no aprueba más de una materia anual.
Será menester crear mecanismos de selección eficientes para evitar las arbitrariedades, pero sin olvidar que la universidad no está para compensar las falencias de los niveles primario y secundario. Igualar para abajo es la mejor manera de deteriorar una sociedad.
El cogobierno, otro mito, creado en 1955 mediante el decreto ley 6.403, por un gobierno de facto, es un invento argentino que en ningún otro país existe y que atenta contra el orden natural. El estudiante, que al asumirse como tal admite su ignorancia y reconoce la capacidad de sus profesores para enseñarle, no puede participar a la par de ellos en la elección de las autoridades. Desde luego que deben implementarse mecanismos ágiles para que los estudiantes –razón de ser de la universidad– hagan oír su voz y den a conocer sus inquietudes y sus propuestas. Pero de allí a hacerlos gobernar hay un abismo.
Soluciones eficientes
La universidad debe educar a los jóvenes para vivir en democracia, pero la democracia sólo tiene cabida cuando los integrantes de una comunidad son iguales entre sí. Es posible en la sociedad civil, en la que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, pero resulta inviable en instituciones en las que existen jerarquías, como la familia, las fuerzas armadas o los institutos de enseñanza.
Ni qué hablar del caso de los no docentes, cuya participación en el gobierno universitario no resiste el menor análisis. Semejantes desatinos han convertido a las universidades públicas en escenarios de lucha en los que los partidos políticos compiten en elecciones estudiantiles, como si se tratara de bancas legislativas.
La autonomía es la capacidad de una institución de fijar sus propias normas, pero en aquellas que pertenecen al pueblo, que la financia con sus impuestos, le asiste a este el derecho inalienable de decidir, por medio de sus representantes, sus fines y sus pautas de manejo. Por caso, la determinación del número de profesionales que cada universidad puede admitir.
Hoy se confunde la autonomía con una libertad absoluta para administrar sin control dineros públicos lo que, sumado a la politización recién mencionada, ha convertido a muchas facultades en lavadoras de cerebros en las que se ejecuta un descarado adoctrinamiento ideológico y partidario, que nada tiene que ver con la libertad doctrinal o de cátedra, que sí debe defenderse de los partidismos y los fanatismos.
Los problemas que aquejan a la universidad actual son muy diferentes de los que existían en 1918 y exigen que, con una nueva reforma, nos ocupemos de buscarles soluciones eficientes, que no lograremos con intercambios de agravios ni con puebladas. Las consecuencias de los errores en este campo no se miden en años sino en generaciones y a los argentinos no nos está sobrando el tiempo para perseverar en el ejercicio de experiencias fracasadas.
* Escritor e historiador
