Los riesgos que enfrenta Javier Milei para el primer trimestre de su gestión son casi innumerables, pero al menos tres principales señales de alarma está obligado a evitar.
En lo económico de corto plazo: una nueva devaluación del peso en medio de la aceleración inflacionaria. En lo político inmediato: una derrota parlamentaria o judicial definitiva para sus dos emprendimientos normativos inaugurales, el DNU 70 y la ley ómnibus. En lo social: una escalada de conflictividad que exceda el paro prematuro convocado por la CGT tras su última resurrección.
En ese contexto, algunos indicios favorables al Gobierno se observaron en los últimos días. El más significativo fue el acuerdo técnico con el FMI para reflotar el programa de desembolsos que la gestión anterior había dejado caer a fuerza de incumplimientos seriales. Aunque el Gobierno actual aspire a una negociación integral con el FMI para alcanzar un acuerdo propio, el apoyo del Fondo al rumbo económico asumido por Milei despeja una parte sustancial del puente que el equipo económico necesita tener tendido hasta que ingresen los dólares de la cosecha y el Congreso apruebe nuevos ingresos para el paquete fiscal.
Pero la Casa Rosada consiguió un gesto adicional: que desde el propio FMI se subraye la necesidad de instrumentar en lo inmediato alguna línea de medidas para atender el impacto social que está provocando el sinceramiento de precios relativos y la expansión de la inflación reprimida. Se ignora con qué eficacia hará uso el Gobierno de esa venia formal del Fondo para asistir a los sectores más vulnerables golpeados por el ajuste.
Que el principal acreedor institucional del país advierta de esa necesidad es una dosis de realismo imprescindible. Con precisión para detallar el momento histórico, el día que se difundió la inflación del último mes de diciembre, el diario Clarín tituló en su tapa: “El ciclo K terminó con la inflación más alta del mundo”. Al cabo de su extenso imperio político, la economía kirchnerista legó un regreso al país de 1991, aquel que buscaba una salida a la hiperinflación de Raúl Alfonsín y que sacudió los primeros años de Carlos Menem.
El FMI también señaló el dato político central para que Milei pueda aspirar a un plan de estabilización inflacionaria. Consideró que es clave que el nuevo presidente consiga apoyo para su programa político en el Congreso. Este señalamiento del FMI coincidió con la apertura de los debates parlamentarios sobre la ley ómnibus.
Novedades
Dos novedades importantes asomaron en escena. La primera es que el oficialismo dio señales de algún pragmatismo imprescindible para aprobar la ley ómnibus y estrenó vocerías más solventes para defender sus argumentos. La segunda es que la oposición quedó expuesta mostrando el alto grado de fragmentación que diseñaron las urnas en octubre pasado. Algo que no se había visto todavía en toda su magnitud porque el nuevo Parlamento estaba inactivo.
Milei se muestra distante de las tratativas en el Congreso. Se exhibe optimista con el futuro de la ley ómnibus e insiste con su discurso intransigente: quiere la ley completa. Pero el ministro del Imterior, Guillermo Francos, ya admitió que cedería buena parte de la reforma electoral propuesta para salvar la aprobación de la ley. Y Patricia Bullrich enmendó rápidamente el articulado sobre el derecho de reunión para evitar trabas en el Congreso.
No menos relevantes fueron el giro en torno a la política pesquera y de biocombustibles, ante la advertencia de algunos gobernadores afectados. Francos y Bullrich demostraron además alguna gimnasia parlamentaria adecuada para consolidar un acuerdo primario sobre la ley ómnibus. La clave sigue siendo cuánto del poder delegado para la emergencia está dispuesto a negociar Milei, y por cuánto tiempo; pero por primera vez el objetivo de la aprobación no pareció una utopía irrealizable.
En el espacio opositor, quedó en evidencia la magnitud de la fragmentación. Aunque el discurso de resistencia sistémica del kirchnerismo y la izquierda es el más estridente, el verdadero poder de veto del Congreso no se cifra en la relevancia política de ese sector, sino en la dispersión de voluntades en una escena de alta fragmentación. Alegatos flamígeros como el de los legisladores Sergio Palazzo, Nicolás del Caño o Santiago Cafiero fueron neutralizados de manera eficiente por los voceros de Milei. De allí al conteo de votos hay todavía un largo camino a recorrer.
Con un oficialismo que en los hechos se mostró pragmático atenuando algunos de sus planteos y una oposición sin liderazgos para unificar el poder parlamentario de veto, no está escrito de antemano que los proyectos normativos casi inabarcables que pretende Milei fracasen en el Congreso. En consecuencia, tampoco en la Justicia. También los legisladores están obligados a permanecer atentos con el nuevo clima de época. No en vano, los primeros sondeos de opinión, al mes de gobierno de Milei, ubican al presidente; a la vice, Victoria Villarruel; a Patricia Bullrich y al cordobés Juan Schiaretti como los dirigentes nacionales con mayor prestigio.
Para sostener su convocatoria al paro retroactivo de la CGT, el sindicalista camionero Pablo Moyano reclamó mayor presencia de Cristina Kirchner, de Sergio Massa y de Alberto Fernández. Si mira las encuestas, advertirá de que está invocando la ayuda de los dirigentes nacionales con más alto nivel de imagen negativa. Un salvavidas de plomo.
