Luego de haber postulado al juez federal Ariel Lijo y al profesor Manuel García-Mansilla como candidatos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el presidente Javier Milei finalmente los nombró en comisión, tras meses de incertidumbre.
Lijo ejerce su ministerio en los tribunales de avenida Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro. Sus pares lo aprecian y le reconocen cierto liderazgo. Le dicen, cariñosamente, “el Gordo”.
Es famoso por su destreza para deslizarse como pez en el agua en el torrente de las causas criminales que se tramitan en ese icónico edificio, donde suelen concurrir imputados poderosos.
Lijo, un hombre de códigos
Se lo respeta por ser un hombre “con códigos”, aunque uno puede preguntarse qué clase de códigos –además del Penal y el Procesal Penal – debería regir la actuación de un juez del crimen.
Las barras bravas, las pandillas de barrio y hasta las mafias también tienen los suyos. Pero entre los colegas de Lijo, ser un “tipo con códigos” es un sello de confianza y de especial consideración, aun cuando la opinión pública lo percibe como un mal juez.
Resulta llamativo que a los magistrados encargados de investigar y juzgar delitos les tengan sin cuidado el cúmulo de sospechas de corrupción que rodean a Lijo. Según las malas lenguas, montó junto a su hermano Alfredo (”Fredy”) una exitosa empresa familiar dedicada al tráfico de influencias, que creció al ritmo de la sostenida demanda de impunidad.
Lo sorprendente es que “Fredy” pasó de vender empanadas a amasar una fortuna justo después de que su hermano se convirtiera en juez federal. Mientras “Fredy” prosperaba y exhibía una vida acorde con su nueva fortuna, Ariel llevaba un régimen de vida tan austero que ni siquiera tenía auto propio. Pero no andaba a pie.
Según el periodista Hugo Alconada Mon, se movía en un Mercedes Benz de una aseguradora donde su hermano era accionista junto a un exfuncionario condenado por corrupción, asesorado por un financista procesado por narcolavado.
Esta es la figura, polémica y cuestionada, que Milei ha decidido defender a toda costa: un símbolo de la casta y de las prácticas reprobables que han marcado la historia del país. Y ahora, forzando al límite las instituciones, busca abrirle paso a la Corte Suprema y meterlo a los empujones.
García-Mansilla, un hombre de méritos
El caso de García-Mansilla es distinto. Prestigioso catedrático de Derecho Constitucional, rector de la Universidad Austral y defensor de la interpretación originalista de la Constitución, ha dedicado su carrera a profundizar en sus fuentes históricas, hasta convertirse en uno de los mayores referentes en la materia.
Supongo que ha tenido mala suerte al haber sido nominado junto a un candidato cuya conducta está en las antípodas de la suya.
La exposición en el Senado mostró que Lijo no da la talla, en tanto García-Mansilla demostró con solvencia sus méritos para el cargo. Sin embargo, el juez consiguió el dictamen de la Comisión de Acuerdos, mientras que el catedrático todavía no alcanzó el número necesario para ello, probablemente por su posición contraria al aborto.
La progresía local siente repugnancia por el conservador y no por el sospechado de corrupto, aunque la sociedad entera se queja de la postulación de este.
La cuestión del prestigio
Así, Lijo pudo contar con el respaldo del kirchnerismo, un espacio con vasta experiencia en delitos venales contra la administración pública, lo que deja en evidencia que la supuesta intransigencia del Gobierno frente a la casta es, en realidad, bastante negociable de acuerdo con las circunstancias del caso.
Los nombramientos en comisión están permitidos por la Constitución incluso para los jueces de la Corte. Existen precedentes en tal sentido, por lo que esta facultad del Presidente está fuera de discusión.
Sin embargo, cuando Mauricio Macri nombró por este medio a los actuales magistrados Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, tanto fue el revuelo que se armó que los así designados optaron por no asumir hasta contar con los acuerdos del Senado.
Como García-Mansilla había defendido doctrinariamente estos nombramientos, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti le preguntó si hubiera aceptado ser nombrado por el presidente Milei en comisión como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El candidato contestó que, visto el impacto que tuvo ese decreto en la opinión pública, no hubiera aceptado, porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son privativas del Presidente.
De Lijo no se puede esperar nada. Pero si García-Mansilla es consecuente con lo que expuso en el Senado, no debería aceptar este nombramiento. Al hacerlo, no sólo reafirmaría su compromiso con las instituciones, sino que también preservaría su propio prestigio y evitaría quedar atrapado en una jugada que tensa los límites del orden constitucional.
* Abogado
