“En mi país, es muy distinto. El Gobierno central no negocia con los estados subnacionales. Todo está reglado. No hay margen para el reclamo. Hay una porción de ingresos de la que dispone el Estado federal y que se reparte en función de variables y porcentajes prefijados, que contemplan las características económicas de cada provincia. Todos saben qué porción de ingresos recibirán. Cuesta entender por qué ustedes funcionan así. ¿Será que disfrutan de discutir y pelearse?”.
Para este diplomático, encargado político de una embajada importante con oficina en Buenos Aires, que pasó por Córdoba esta semana para conocer la marcha de un programa social financiado por su país, resulta casi inentendible aceptar la lógica de tirantez, tensión y estado de negociación casi permanente en la que se enfrascan a diario la Casa Rosada, los gobernadores e intendentes.
La reedición de esa puja, que no es otra cosa que una negociación pura y dura por plata, tendrá para Córdoba un primer capítulo formal este lunes, protagonizado por el gobernador Martín Llaryora y Diego Santilli, ministro del Interior aún no asumido pero ya operativo.
Ambos estarán cara a cara para iniciar una negociación en la que buscarán sentirse ganadores al final del proceso. No será sencillo. Para el gobernador, el resultado de esta discusión es determinante. El año que comienza dentro de menos de ocho semanas marcará la suerte de su proyecto reeleccionario, su objetivo primario antes de embarcarse en la aventura nacional de Provincias Unidas, que arrancó machucada el 26 de octubre pasado.
Lo obvio: menos recursos se traducen en menor posibilidad de concreción de obras –o más costo propio–, un apartado crítico y sensible para las administraciones del peronismo provincial.
Una caja de recursos más acotada impedirá, además, aflojarle el cinto al apretón que vienen teniendo los empleados estatales (maestros, médicos y personal de fuerzas de seguridad) y los pasivos provinciales, pagadores principales del ajuste que, ahora sí, el presidente Javier Milei reconoce que los gobernadores han hecho desde 2024 a la fecha. ¿No eran todos degenerados fiscales, sin contemplación alguna?
En el Panal, hay dos condicionantes que sobresalen entre las preocupaciones para el próximo año y que estarán contemplados en el proyecto de presupuesto provincial que será presentado a finales de esta semana en la Unicameral: uno por el lado del gasto; otro por el de los ingresos.
Hay funcionarios que reconocen que “no hay margen” para seguir ajustando a los estatales. “Nos putean en todos los idiomas, y tienen razón; fueron quienes pagaron la mayor parte del ajuste”, se admite desde un despacho provincial.
Profundizar en esa contracción para 2026 se asume riesgoso en términos electorales para el oficialismo. Además, tampoco hay espacio para un incremento en los impuestos por encima de la inflación, como el que efectuaron Llaryora y el ministro Guillermo Acosta este año. Esa fue la manera rápida y efectiva que encontraron para compensar en parte el recorte nacional y el incumplimiento de compromisos que hizo Milei; “a los hachazos”, en términos de Juan Schiaretti.
“Es un presupuesto desafiante: estamos estrechos. Tenemos que dar cuenta del clima de época nacional de austeridad y no podemos repetir la suba de los impuestos; la gente nos mata”, dice un cercanísimo a Llaryora.
Eso es una preocupación central, al margen de que se descuenta que la oposición provincial esperará la llegada de los nuevos cedulones para denunciar el clásico “impuestazo”.
La Caja que aqueja
El gobernador se reencontrará personalmente con Santilli, a quien conoce “de potrillo”, cuando iniciaron sus militancias en el peronismo y coincidían en la rosca juvenil de los años 1990.
Probablemente también participe de la reunión Manuel Adorni, flamante jefe de Gabinete. Pero la figura determinante y decisiva es otra: el ministro de Economía, Luis Caputo. De él depende la magnitud de la apertura del grifo de fondos y/o de la extensión de avales para la toma de deuda externa, una opción que en el Gobierno de Córdoba ven siempre con entusiasmo. Es la forma de suplir lo que no se logre con Nación vía partidas y flujo corriente. Sucede que en las planillas de gastos y egresos que presentó Caputo, casi no hay espacio para entusiasmarse.
Esta semana, el llaryorista Ignacio García Aresca firmó un dictamen alternativo al presupuesto del oficialismo. Allí hay una señal de lo áspera que puede ser la negociación.
Por la magnitud que tiene para las cuentas provinciales, uno de los ejes centrales del reclamo de Llaryora pasará por mejorar el caudal de fondos mensuales para cubrir parte del déficit de la Caja de Jubilaciones. Nada alcanza, se sabe.
Acuerdo mediante de la Corte, ese monto es de cinco mil millones de pesos mensuales para este año. En el Panal, aspiran a que se triplique para 2026. No será sencillo.
Esta semana hubo novedades al respecto. Las auditorías que realiza la Anses para establecer el nivel de compensaciones con Córdoba por la no transferencia de su sistema y fijar, en última instancia, un monto para el desfase de los últimos años ya arrojan algunos resultados.
Por el período 2017, 2018 y 2019, la Anses tiene un saldo favorable actualizado por inflación de unos seis mil millones de pesos. En cambio, para el lapso 2020/2021 –cuando Alberto Fernández congeló los envíos– el margen a favor de Córdoba suma 400 mil millones de pesos.
Resta auditar 2022, 2023 y 2024, todos favorables para Córdoba. Ante la Corte, el gobierno de Milei y el de Llaryora se comprometieron a que en marzo de 2026 habrá un resultado final. Que Nación luego pague lo adeudado y acordado, será otra batalla.
Decisiones y riesgos
Con cuidado por las sensibilidades que toca, pero con la determinación de avanzar para no exacerbar a niveles irreversibles los riesgos electorales en 2027, la administración provincial analiza la manera de dar impulso a la gestión capitalina del intendente Daniel Passerini, quien se recupera de una operación por un tumor maligno en su próstata.
En el análisis evaluativo que trazan en los principales despachos llaryoristas sobre la administración de Passerini, hay coincidencias. Llaryora y sus más puros reconocen las dificultades económicas heredadas –el hoy gobernador no pagó un dólar de la deuda por 150 millones que tomó Ramón Mestre, y se la pateó a su sucesor en el marco de la campaña electoral de 2023 que lo llevó al Panal– y suman el fenomenal recorte de fondos nacionales.
“Daniel es como un francotirador sin balas: está capacitado para hacer el trabajo, tiene el arma, pero no tiene qué disparar”, se escucha decir a Llaryora en privado. Sin embargo, y en paralelo, también hay reclamos por la dinámica “tortuguesca” de la gestión.
En tanto, los opositores internos a Passerini –que los hay y varios– piden la intervención lisa y llana.
Entre los más componedores, surgen algunas ideas que se escuchan hoy en el Panal y que están en fase de evaluación. Una de ellas tiene forma de certeza: se asegura que habrá fondos de la Provincia en formato de convenios, con la intención de transferir recursos que intenten mostrar reacción de respuesta y un mayor protagonismo público de la gestión.
El objetivo es mostrar “otra cara” en 2026 en la ciudad, para sostener expectativas electorales para la disputa provincial, que en el Centro Cívico imaginan para abril de 2027. Sin un desempeño de bueno para arriba en la Capital, la reelección puede convertirse en pura ilusión para Llaryora.
Montado sobre este último punto, hay quienes imaginan el pase de alguna figura del gabinete provincial que le ponga cara a esa decisión de fortalecer a la principal intendencia peronista. El plan no estaría mal si no tuviese dos enigmas inquietantes. ¿Cómo tomaría Passerini esa jugada que podría leerse como intromisión? Y otro, aún más desafiante: ¿Quién podría encarnar ese eventual rol?
Son algunos de los múltiples desafíos próximos de Llaryora. Mientras, 2027 ya está en cuenta regresiva.
