El índice de percepción de corrupción (IPC) es publicado de forma anual desde 1995 por Transparencia Internacional, organización no gubernamental con sede en Berlín. Clasifica a los países “por sus niveles percibidos de corrupción en el sector público”, todo ello determinado por encuestas de opinión y evaluaciones de expertos.
El IPC define la corrupción como “el uso indebido del poder público para beneficio privado”. Propongo examinar el período 2014-2023, que encasilla 180 países en una escala de cero (totalmente corrupto) a 100 (totalmente limpio).
En los años señalados, sobre el total, Argentina comparte con Zambia, Etiopía y otras naciones el puesto número 98, con 37 puntos, y Dinamarca ostenta el número uno del mundo, con 90.
Algunas reflexiones
En todas las formas de gobierno –democráticas, autoritarias o dictatoriales–, encontramos altos grados de corrupción.
Parece que en todas las culturas del universo, el flagelo de la corrupción se ha extendido como una enfermedad infecciosa, que estamos resignados a aceptar como algo habitual.
Es un hecho consumado; nuestra meta es proponer acciones para reducir en forma significativa la tragedia de la corrupción.
Observamos que la gran mayoría de los políticos, desde que asumen un cargo, empiezan a construir su continuidad o perpetuación en el poder.
El ejemplo estrella lo constituye la provincia de Formosa. En efecto, Gildo Insfrán, un político perteneciente al Partido Justicialista, ocupa el cargo de gobernador de dicha provincia de manera ininterrumpida desde el 10 de diciembre de 1995 y sigue, lo que lo convierte en la persona que más tiempo ha integrado la fórmula gubernativa de una provincia argentina, con más de 30 años en el cargo.
Además, percibimos que, en lugar de reducirse las reelecciones en Formosa y todo el territorio nacional, se están extendiendo a cada rincón del país. En las conclusiones volveremos sobre tan perturbador tema.
Otras acciones que caracterizan la condición del ser humano son las guerras en todo el planeta. Parece que la ambición desmedida por el poder político, el control de los recursos, la ampliación y ocupación del espacio terrestre no tienen límites.
También nos llama a la reflexión la permanente violación de las normas jurídicas y los códigos éticos mínimos, necesarios para que el ciudadano común no sufra las sustracciones de la recaudación de los impuestos aportados al Estado con carácter obligatorio.
Los gobernantes que en esa instancia conducen el Estado son los artífices de la gran corrupción que padecemos.
Las justificaciones aceptadas por la población se resumen en esta frase: “Es una cuestión política”. Y asunto terminado.
Corresponde, entonces, examinar qué se entiende por “es una cuestión política”. En primer lugar, señalamos que significa que se resuelve según “conveniencia y oportunidad”. O sea, cuestión política es igual a decidir según conveniencia y oportunidad.
En ocasiones, puede utilizarse en forma correcta cuando el poder administrador resuelve en el marco de sus facultades legítimas; por caso, cuando Guillermo Francos afirmó: “No es una crisis institucional sino política”, en relación con el distanciamiento entre el Presidente y su vice; o bien en forma delictiva, cuando el poder administrador pretende encubrir una acción ilegal o una que perjudique a terceros, como en el caso de la desobediencia a los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El uso de la conveniencia y oportunidad, en muchas decisiones, se encuentra en una zona de penumbra que resulta difícil de discernir, como por ejemplo la designación de asesores en el Congreso o en las legislaturas provinciales. ¿Es una cuestión política o de uso punitivo de los recursos públicos?
Conclusiones
Según Transparencia Internacional, Argentina, con 37 puntos, registra un aplazo vergonzoso frente a los índices de pobreza que estamos padeciendo.
La idea es cambiar o mejorar significativamente esta puntuación. Parece poco probable, por razones culturales y sociales que se consolidaron durante muchos años con un marco jurídico que propicia la corrupción y la impunidad de los políticos.
Según las leyes de aplicación en el presente (lege data), las disposiciones constitucionales (artículos 50°, 56°, 76°, 90° y 90°, apartado 3) han permitido que un grupo de políticos sin escrúpulos monopolizaran los poderes estatales.
Esto explica, entonces, el hecho de que algunos gobernantes roben y gasten sumas millonarias para asegurar su reelección.
Además, los miembros del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo tienen colonizado el Poder Judicial y no procesan (salvo excepciones) a los gobernantes en funciones.
En otras palabras, para disminuir la corrupción y crecer como nación que lucha contra la pobreza debemos cambiar las reglas de organización de los poderes. Ello implica una futura reforma constitucional enfocada a eliminar o reducir todo género de reelecciones. Coincido con los lectores: nadie puede esperar que esto suceda con la “especie” de cuerpo político que supimos conseguir.
Como en publicaciones anteriores, para cerrar esta nota cito un pensamiento de sobrada elocuencia de Vance Pagnol (1895-1974): “Algunos (políticos), por su pendular trayectoria, no se sabe bien de qué lado mastican, pero que tragan, tragan”.
Doctor en Derecho
