Hasta que comenzaron los reclamos por los autoplanes en nuestro país, permitíamos que nos vendieran rodados 0 kilómetros, a “tasa cero” o “sin interés”. ¿Esto es realmente así o es una práctica comercial que atenta contra la Ley de Defensa del Consumidor?
Comencemos por señalar que todos estos contratos tienen por objeto la adquisición de un vehículo. ¿Cómo podemos comprar un auto? De contado o financiado, ¿hay otra opción? No.
No es relevante si el acreedor es un banco o una compañía financiera, como es el caso de los círculos de ahorro que forman las mismas automotrices. Cuando me comprometo a pagar en cuotas, nace el financiamiento.
La ley obliga a publicar el costo financiero total de las operaciones de crédito para el consumo, esto es, la verdadera tasa de interés que se aplica en la operación, incluido todo tipo de gasto o impuesto.
En los planes de ahorro, a raíz de la actualización unilateral del precio del vehículo, aparecen intereses implícitos en las cuotas por pagar. Dicho de otra manera, lo que realmente hacen las empresas es otorgar un crédito para el consumo, eludiendo la normativa aplicable.
Son tales la distorsión y el abuso por parte de las automotrices que no existe forma alguna de calcular el costo financiero total hasta que se termine de pagar el plan, porque el valor del vehículo varía mes a mes.
¿Qué argumentos utilizan las empresas para justificar los aumentos de la cuota? La devaluación de la moneda, la inflación. No interesa, en definitiva, que por uno u otro motivo aumentaron sus costos de producción.
No obstante, estos son riesgos comerciales a la hora de financiar una venta. Para compensar los riesgos, las empresas aplican un interés. En los autoplanes esto no se hace porque se permite un ajuste mensual del valor del vehículo, cuando la ley argentina prohíbe la indexación del capital.
Una tasa de interés puede ser mayor o menor que la inflación, es el riesgo propio del negocio financiero. ¿Puede ser una tasa variable? Sí, pero la ley obliga a informarla, que es lo que no hacen.
Repito, en la práctica existe una tasa de interés implícita, que varía todos los meses, al cambiar las condiciones financieras del contrato, de manera unilateral y abusiva, porque se brinda información parcial o incompleta a la hora de contratar el autoplán.
¿Cómo puede ser que esto suceda? Porque son los usos y costumbres en una sociedad que no tiene educación financiera. Para la mayoría de las personas, lo importante es “poder pagar la cuota”, y esto permite el abuso. Los consumidores firman un contrato sin que ni siquiera exista un precio en la operación de compraventa.
La única que puede dar vuelta este sistema perverso para el consumidor es la Justicia. Las automotrices deben adecuar sus contratos para cumplir con la ley, como lo hicieron hace unos años los bancos y otras entidades financieras.
Me pregunto: ¿la Inspección General de Justicia de la Nación aprueba estos contratos, con esas condiciones, porque no tiene un asesor financiero adecuado, porque lo ignora o porque protege a los más poderosos? La lucha por la defensa del consumidor del autoplán recién comienza... Dependerá de la valentía de los jueces hacer cumplir la ley.
* Abogado
