Otra vez la política negacionista quedó demostrada, con la ausencia del presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, en la 30ª Convención de la Unión Industrial Argentina (UIA). Una decisión tan inaudita como incomprensible, ya que como presidente de los argentinos, Milei debería dialogar con todos los sectores productivos y laborales sobre el futuro de la producción nacional.
Esto ratifica que, sin esperar contribuciones o sugerencias, el secretario de la Producción Juan Pazo –quien llegó ya comenzada la conferencia– fue enviado para anunciar la inminente presentación de un proyecto de ley favorable a las patronales, concerniente a la reforma laboral.
Una vez más comprobamos que seguimos equivocados buscando la confrontación, en lugar de recuperar la modalidad institucional generada por nuestra propia idiosincrasia, que es la solidaridad y el consenso para resolver situaciones complejas.
Nos olvidamos de que seguimos inmersos en una profunda crisis ética en la representatividad de las instituciones. Descartando el diálogo y el entendimiento entre distintos sectores, cada uno opera como departamento estanco para cuidar sus propios intereses, mientras las situaciones complejas y generales del país nadie las resuelve; sólo aquellos que ven algún” negociado”.
De modo coincidente, el Presidente –un anarquista de mercado– pretende instalar el libre mercado, sin intromisión del Estado y menos de las entidades intermedias.
A este modelo, Milei le agrega su desinterés por custodiar la soberanía, la libertad y la independencia, entregando todo el control a los Estados Unidos, en esta época en que se transita un cambio de paradigmas, donde se caen imperios y nacen otras instancias mundiales que buscan superar guerras y conflictos.
Reflexión
La Argentina ha perdido el rumbo de su trascendencia, especialmente desde que recuperamos el ejercicio democrático después del golpe cívico-militar de 1976, cuando en 1983 el presidente Raúl Alfonsín dijo que se había recuperado “la democracia con la que se vota, pero también la democracia con la que se come, con la que se educa y con la que se cura”.
Una democracia construida con el voto popular, pero esencialmente con el protagonismo y la participación institucional de la sociedad, nos asegura ser libres de imposiciones arbitrarias, más cuando son contrarias a nuestra cultura e idiosincrasia.
La participación del pueblo en las comisiones del Congreso es un simple trámite que guarda las formas, ya que sus planteos y objeciones son anulados por la falta de ética y moral de sus “auténticos representantes”, cuando en la mesa chica de las negociaciones espurias hacen lo que deciden las elites partidarias con el gobierno de turno.
Pero es menester analizar el funcionamiento de las entidades intermedias, porque en estos años plenos de corrupciones, estas perdieron prestigio ético y moral, porque la conducta de muchos dirigentes es cuestionada por apropiarse de forma perpetua de la conducción y conseguir prebendas personales, traicionando la confianza y el voto de sus afiliados.
Por otra parte, el Gobierno dice que libera a los ciudadanos del poder del Estado al eliminar impuestos y normativas que coartan la libertad individual y atentan contra la propiedad privada, como también de la opresión ejercida por las entidades intermedias, y de esa forma se transforma en el único que impone todas las decisiones.
Por eso declara la guerra a quien se le ocurra, abre la economía para destruir el trabajo y la producción nacional; entrega la custodia de ríos y mares a potencias extranjeras; critica; difama y suspende audiencias con los medios que critican objetivamente sus decisiones, mientras que las grandes empresas diseñan y construyen un plan de obras públicas, determinan trazas de rutas o extensión de servicios, etc.
¿Todo esto se permite por lograr el déficit cero, frenar la inflación y pagarle al FMI?
Me pregunto: ¿cuán lejos estamos de lo que es una democracia y cuán cerca de lo que significa una dictadura?
* Exministro de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba