El último gobierno militar que puso fin al Estado democrático arrasó también con todo el sistema de libertades y garantías, destruyó la división y el equilibrio de los poderes y se arrogó la suma del poder público. De esa forma, dispuso sobre la vida y libertad de los ciudadanos y pudo asesinar, ejecutar, secuestrar, torturar e imponer los más crueles tormentos, como nunca se había conocido en la historia argentina.
Los hechos ocurridos fueron finalmente bien conocidos por la sociedad, a través de los juicios que se les hicieron a las juntas militares y los procesos que se les siguieron a los genocidas. A medida que más se sabía sobre los detalles de los crímenes y la desaparición de personas, la sociedad fue tomando verdadera conciencia de los aberrantes sucesos, y sobre ellos quedó como guardiana y a la expectativa.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación encuentra a la población en ese estado de sensibilidad frente a los delitos de lesa humanidad, y políticos y legisladores de diversos partidos responden sin más a ese llamado.
Ese estado de situación es también aprovechado por sectores políticos que sobreactúan en busca de otros objetivos y que no trepidan en denostar, promover juicios políticos y denunciar penalmente a los miembros del máximo tribunal, quienes resolvieron a favor del denominado “dos por uno” y, con ello, la libertad anticipada de un condenado.
Al unísono, se decía que a los genocidas no les podía corresponder tal beneficio, al que sólo se podía llegar por los artilugios y un tecnicismo enmarañado o por una determinada posición política de los juzgadores. No se tenía en cuenta que sobre esos delitos sólo se había prohibido la amnistía, el indulto y la prescripción.
Es bien cierto que el Poder Judicial tiene una forma preestablecida de funcionar impuesta por la Constitución Nacional, que es distinta de los otros poderes del Estado. Sus decisiones sólo deben atender a las previsiones constitucionales y fundarse en las leyes que sanciona el Congreso Nacional.
El órgano judicial no debe responder al clamor popular ni a ninguna influencia extraña al sistema legal, y sí debe develar, dentro del marco normativo que establece el Poder Legislativo, la norma aplicable al caso. Para ello debe revisar la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes vigentes y las derogadas y posteriormente puestas de nuevo en vigencia.
El Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzosa de Personas, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estatuto de Roma, todos vigentes en el país y algunos con jerarquía constitucional, además de disponer la persecución de estos crímenes, establecen con carácter imperativo la aplicación del principio de la ley penal más benigna.
En parecido sentido, el artículo 2 del Código Penal dispone la aplicación de la ley más benigna, dentro de la cual se encontraba el dos por uno.
Por todo ello, la reciente ley sancionada por el Congreso que en forma contundente impide que a los responsables de los delitos de lesa humanidad se les compute el dos por uno no resuelve la cuestión de manera definitiva. Ello resulta así por cuanto no será la única norma que regirá el caso, sino que se incorporará al sistema legal que integrará junto con todos los precedentes legales antes indicados.
Pero, por encima de todo, se deberá tener en cuenta el artículo 18 de la Constitución Nacional, que dispone que ningún habitante de la Argentina puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso.
Dicha disposición, una de las más esenciales garantías del proceso penal, impedirá la aplicación de la nueva ley a los procesos que ya se encuentran en trámite. Lo que no se podrá hacer es ir sancionando nuevas normas para regir los casos pasados, pues los derechos y garantías deben regir para todos los habitantes, incluidos los represores. Ese es el precio de la vigencia plena de la democracia republicana.
Así lo entendió el fallo de mayoría que dejo expresado en los fundamentos dados. La resolución tomada no supone desconocer que los delitos de lesa humanidad expresan el estadio más degradado en que ha caído la naturaleza humana. Tampoco implica ignorar que el régimen durante el cual se perpetraron los ilícitos probados en esta causa descendió a niveles de inhumanidad nunca vistos en nuestro país desde la sanción de la Constitución Nacional.
Pero un Estado de derecho no es aquel que está dispuesto a combatir a la barbarie apartándose del ordenamiento jurídico, sino respetando los derechos y garantías que fueron establecidos para todos; incluso para los condenados por delitos aberrantes.
* Abogado constitucionalista
