El pasado 14 de enero, La Voz publicó un artículo en el que, entre otras cosas, señalaba que en nuestra provincia las medidas excepcionales dictadas en 2023 por la Secretaría de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género (Senaf), consistentes en el egreso temporal o permanente de niños, niñas y adolescentes de sus hogares, se debían a la negligencia en los cuidados por parte de los progenitores.
Asimismo, se puso de relieve que en la provincia se encuentran 736 niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado institucional. Sumado a ello, se hizo mención a que el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba remitió a la Secretaría más de 43 mil oficios conformados por 36 mil oficios entre los fueros de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género; y Penal Juvenil, y siete mil entre el fuero Penal y diferentes oficinas del Poder Judicial del interior cordobés.
Sobre ese punto, se destacó la imposibilidad material de atender esa cantidad de oficios, conforme las palabras de la ministra Liliana Montero.
Al reflexionar y compartir las iniciativas tendientes a mejorar las diferentes áreas, como derechos humanos, discapacidad, niñez, adolescencia, adultos mayores, diversidades, y las instituciones y programas que trabajan esta temática, pensamos que es necesario redoblar los esfuerzos para dotar de mayor eficacia a las medidas que pudieran tomarse, por la gravedad de las cuestiones en tratamiento.
Ello nos anima a formular propuestas superadoras para agilizar la comunicación entre las distintas instituciones, lo que redundará en una mejor organización, optimizando los tiempos de la comunicación a sus destinatarios. En tal sentido, sostenemos que las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) no pueden estar ausentes de las propuestas que se formulan.
Frente al tradicional medio de comunicación (e-oficios judiciales) que se elige con frecuencia para enviar solicitudes o puestas en conocimiento a la Senaf por parte del Poder Judicial (y viceversa, en la respuesta), con el avance tan desafiante de las TIC se impone plantear estas vías de comunicación más eficaces e inmediatas, para lograr una solución a los pedidos efectuados por parte del órgano judicial.
En ese orden de ideas, proponemos utilizar las herramientas de la cooperación articulando el trabajo entre autoridades judiciales y administrativas, a fin de lograr resultados más eficientes. Asimismo, nos preguntamos por qué no utilizar las comunicaciones judiciales directas entre jueces provinciales y las autoridades especializadas en la temática en casos específicos, anticipando la información a comunicar en tanto se respeten las garantías del debido proceso y la urgencia lo amerite.
Si bien esta comunicación refiere a la que se establece entre jueces, estimamos que el recurso también queda habilitado para la comunicación con otras autoridades administrativas cumpliendo con las pautas exigidas en la norma de fondo (artículo 2612 del Código Civil y Comercial de la Nación).
Ello requiere respetar las salvaguardias establecidas para su uso y, en su caso, adecuar a estas comunicaciones provinciales el protocolo para comunicaciones judiciales directas transfronterizas elaborado por la Oficina de Cooperación Judicial Internacional del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.
Estas se llevan adelante a través de correo electrónico, los llamados telefónicos, los llamados vía aplicación WhatsApp (o mensajes por intermedio de esta aplicación), los que conforme a nuestra experiencia generan una cooperación más eficaz, respuestas rápidas o en muchos casos instantáneas, y soluciones en tiempos más acotados a las que diariamente vemos y que precisamente se denuncian en el artículo periodístico como “la imposibilidad material de atender esa cantidad de oficios”.
Esta propuesta de implementación de las TIC y de las comunicaciones judiciales directas es una respuesta superadora a los inconvenientes señalados. Ello, claro está, sin descartar el posterior e-oficio que refuerce el pedido solicitado y preservando el principio de reserva.
Inteligencia artificial
Asimismo, no desconocemos la falta de personal que existe tanto en los juzgados especializados en niñez y adolescencia como en las distintas reparticiones de la Senaf para tramitar estas cuestiones tan apremiantes. Ante ello, entendemos que la utilización de inteligencia artificial podría ser una solución para esta problemática. Esta rama de las ciencias informáticas diseña tecnologías que reemplazan a la inteligencia humana, lo que podría traer grandes beneficios en pos de agilizar los tiempos en cuestión y dar curso a los pedidos efectuados.
Conocemos las dificultades que se presentan y los esfuerzos que se necesitan para superarlas, pero en los tiempos actuales no podemos dejar de pensar en nuevas herramientas para lograr respuestas más agiles que permitan afrontar las delicadas situaciones que atraviesan niñas, niños y adolescentes.
Estos claramente resultan ajenos a la estadística presentada y la única realidad es que sus problemas no pueden esperar. El interés superior del niño es el fundamento de la propuesta presentada.
* Jueza de enlace de la República Argentina; coordinadora de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba
** Magíster en Derecho procesal
