La línea temporal que divide caprichosamente lo que se va de lo que comienza encuentra a los argentinos sumergidos en otra de sus peores crisis. El reseteo general que plantea la nueva administración del presidente Javier Milei como solución para intentar abandonar el largo estadío de retroceso llega con pretensiones revolucionarias y una receta que, despejados los papelitos y las serpentinas, no es novedosa. Los déjà vu son frecuentes en el país que lo tiene todo, pero lo dilapida casi todo. El péndulo viaja veloz, ahora, hacia el otro extremo.
Córdoba votó masivamente por la propuesta de cambio radical del autopercibido anarcolibertario. Y sobre esa adhesión están comenzando a cimentarse acciones y discursos locales que no se habían escuchado por estas tierras, al menos con la magnitud con que se advierten ahora. Más allá del resultado parcial o final que tengan las políticas de Milei, hay un cambio de tono que, como una marea alta y persistente, lo impregna todo, al menos en esta etapa inicial.
Embebido en ese marco, hay un planteo bien provincial que afloró fuerte en estos últimos 15 días en los que todo está teñido de ajuste y de acciones preventivas para amortiguar el impacto de la profundización de la crisis.
El gobernador Martín Llaryora buscó anticipar en su discurso de asunción la línea del nuevo tiempo que venía. Habló de tomar “decisiones difíciles”. El jefe provincial termina este año e inicia el nuevo abocado a esa tarea.
Nunca antes a nivel provincial –sí había sucedido en el plano capitalino– y desde la cúpula de la administración se había fijado la mirada en el peso que representan para todos los cordobeses sus agentes estatales y los jubilados que conforman el mismo ecosistema público.
“¿No es razonable que sean los propios empleados estatales quienes asuman parte del costo en un momento de crisis como este? ¿Es justo que el conjunto de los cordobeses deba seguir sosteniendo a los agentes estatales y a los 110 mil jubilados provinciales?”. Las preguntas se reproducen por estos días en boca del propio mandatario y también de sus principales colaboradores y de los líderes parlamentarios del oficialismo.
Se trata de un debate incómodo y complejo, aunque necesario y postergado. En ese universo de activos, hay docentes, médicos y policías, fundamentalmente, además de administrativos. Son 140 mil y demandan mensualmente $ 130 mil millones. Ahí están quienes educan, sanan y protegen a la mayoría de los cordobeses ¿Cuánto deben ganar? ¿Qué nivel de eficiencia y productividad tienen en sus tareas quienes se rigen por fuera del menos compasivo y desafiante sector privado?
Aun en este contexto de restricciones, Llaryora matiza fuerte con Milei. El Presidente fue contundente en semana que pasó con el “no hay plata” cuando le preguntaron si los estatales nacionales tendrían un aumento. “No”, contestó en seco el jefe del Estado.
Llaryora no está diciendo “no hay plata”. Lo que intenta advertir es que no hay en el nivel que pretenden los gremios. A Llaryora le juega en contra que fue el ahora exgobernador Juan Schiaretti quien firmó la indexación atada a la inflación hasta enero. Pero tiene a su favor la realidad incontrastable de que la crisis se agravó; por eso dio por caído el acuerdo paritario.
Tras un primer revés político que exhibió errores de cálculo, y de un cambio de contexto no percibido –el PJ ya no tiene el número holgado en la Unicameral que la hacía una cuasi escribanía–, Llaryora logró finalmente hacer que los activos estatales ayuden a fondear su Caja de Jubilaciones y la Apross, la obra social de salud estatal.
Vía una suba de hasta cuatro puntos en los aportes –dos para la Caja y otros dos para Apross–, los empleados del Estado verán recortados sus salarios en esa misma proporción. Los gremios protestaron con un paro y preanuncian que cuando la actividad se restablezca tras el receso de enero, volverán a la carga. Hay amenazas de paralización del inicio del ciclo lectivo y de la atención en los hospitales. Llaryora tiene guardados otros dos puntos de recorte para negociar. Con una inflación bimensual para enero-febrero de entre 40 y 50%, no es difícil imaginar cómo será el paisaje de protesta social en los meses por venir.
“Si la situación mejora en unos meses, nosotros podremos salir más rápido de la crisis. Y si empeora, ya tenemos hecho un primer ajuste que nos ayuda a poder seguir gestionando”, trazan un primer balance de situación desde el Panal. Todos los análisis se hacen a cortísimo plazo. Coyuntura mata proyección.
No cheque en blanco
La novedad política de la última semana del año vino del Congreso. Allí, los ocho diputados –cinco de ellos cordobeses– que responden a Llaryora y a Schiaretti unieron fuerzas con otros bloques y presentaron en sociedad una bancada de 24 diputados, donde sobresalen figuras como Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Margarita Stolbizer y el cordobés Carlos Gutiérrez.
“Tenemos la llave para el cuórum”, dicen en ese espacio, que será clave para la intensa actividad en extraordinarias que, desde esta semana, tendrá al Congreso como fiel de la balanza para las ambiciosas propuestas que planteó el presidente Milei a través de la denominada “ley ómnibus”, el conjunto de 644 artículos que deroga y modifica leyes de toda índole.
Massot será el representante de ese bloque en la comisión bicameral de seguimiento de DNU. El órgano es clave porque de ese cuerpo depende buena parte de la suerte legislativa –al margen del camino judicial vía amparos– del decretazo desregulatorio impulsado por el Presidente y vigente desde este sábado.
La premisa de ese bloque es “colaborar”. Sin embargo, habrá reparos. “Nada de facultades delegadas por cuatro años. Empecemos con un año e iremos viendo. Ayudar no es dar un cheque en blanco. No se puede cerrar el Congreso”, adelantan desde esa bancada, con espíritu de negociar.
En el Panal descuentan que el no envío aún al Congreso de la reversión del pago del Impuesto a la Ganancias es una carta fuerte que se está guardando Milei a cambio de apoyo para el DNU y la “ley ómnibus”. El ahorro mensual que Llaryora tendrá por la suba de los aportes de los estatales representa la cuota de Ganancias que la Provincia no recibe cada mes por la quita del impuesto coparticipable.
En contacto con Llaryora, Schiaretti sigue desde el llano los primeros días de Milei en el poder. A finales de febrero volvería a escena con una serie de conferencias. Cerca suyo dicen que hay varios pedidos para escuchar al exgobernador. La intención es comenzar a darle musculatura política al espacio de centro que se constituyó con el bloque ampliado en el Congreso. Todo muy en línea con Llaryora, quien reitera que el “partido cordobés” debe migrar en el futuro a “partido argentino”. En el Congreso hay una semilla que comienza a germinar.
Seguridad, apuesta de riesgo
En el plano local, el intendente capitalino Daniel Passerini comenzó a dar en la semana que concluye el primer paso concreto de acoplamiento en el tema con el cual el oficialismo cree que puede mostrar gestión en medio de la severa crisis: la seguridad.
La adhesión municipal a la nueva Ley de Seguridad votada en el Concejo Deliberante con la oposición del grueso de Juntos por el Cambio habilitó a Passerini a dar el primer paso para constituir la Guardia Urbana de Seguridad. Ese cuerpo de agentes civiles estará en la calle como complemento de la Policía desde marzo, calcula el intendente.
La nueva estructura tendrá una cúpula de conducción que aún debe constituirse, para el manejo de 840 agentes que se irán sumando de manera progresiva. Una vez capacitados, los agentes portarán armas no letales y serán complemento de la Policía.
Sin desconocer los riesgos que representa la seguridad en momentos en que la marginalidad crece por efecto de la crisis social, Llaryora y Passerini apuestan a mostrar cambios en este aspecto durante 2023. Con encuestas en mano, en el Panal dicen que hay banca social para esos cambios. Con todo, la jugada implica riesgos que se multiplican al calor del caldo social.
La última semana del año dejó otra postal oscura para el poder provincial y municipal. Un escandaloso decomiso de drogas, celulares e insumos ilegales sobre un camión que llevaba víveres a la cárcel de Bouwer, al sur de la ciudad de Córdoba, volvió a evidenciar que pese a la intervención ordenada sobre el Servicio Penitenciario y a la detención de toda la cúpula, hay prácticas que parecen seguir vigentes en el principal penal de la provincia.
Al combo de corrupción lo completó un exfuncionario que pasó por la Policía, Bomberos y el área de Seguridad de la Municipalidad de Córdoba. Desde la semana que pasó, Gustavo Folli está detenido acusado de liderar un esquema que fraguaba habilitaciones comerciales a cambio de coimas. Dos casos obscenos de una herencia incómoda para el peronismo gobernante.
