La evaluación integral que está haciendo el Gobierno de Javier Milei sobre la nueva sentencia de la jueza Loretta Preska contra el Estado nacional, derivada de la expropiación de YPF, se mantiene en reserva. Por el momento, sólo se confirmó la presentación de un pedido ante la Justicia estadounidense para frenar la ejecución del fallo.
La sentencia beneficia a fondos de inversión que compraron los derechos litigiosos de la familia Ezkenazi, vinculada al kirchnerismo desde que gobernaba Santa Cruz. El pedido del gobierno actual sostiene que cumplir la orden de Preska generaría un daño irreparable para nuestro país. También se informó que la Casa Rosada trabaja en la apelación sobre la cuestión de fondo.
Lo que decidió esta vez Preska es un modo ejecutivo de aplicación de su sentencia de marzo de 2023, a meses de las elecciones presidenciales. En aquel momento, la economía manejada por Sergio Massa, Cristina Kirchner y Alberto Fernández ya mostraba signos claros de desvarío y el fallo sobre YPF potenció expectativas aún más desfavorables.
Dos años después, la nueva decisión de Preska llega en un escenario de ajuste para la estabilización inflacionaria, con un panorama fiscal inverso, con clara orientación al equilibrio. Pero todavía con un déficit de reservas en divisas, al cual la sentencia le agrega incertidumbre.
La discusión sobre la cantidad de dólares disponibles en el Banco Central es clave para el programa antiinflacionario y, en consecuencia, para el diseño político del Gobierno, que cifra en el índice de inflación su carta fuerte para el plebiscito de octubre.
El ministro Luis Caputo salió a desestimar las opiniones reincidentes sobre rezago cambiario. El dólar pegó un respingo. Domingo Cavallo sumó su opinión al debate. Dijo que le preocupan los cantos de sirena que sostienen que, porque hay libre flotación cambiaria y el Central no emite para comprar reservas, el tipo de cambio es el apropiado.
Cavallo recordó, además, que el cepo cambiario se abrió para personas físicas, pero no para empresas. Sugirió completar la liberalización cambiaria manteniendo una estricta política fiscal como reaseguro de la estabilidad inflacionaria y como prevención de las expectativas para el día después de las elecciones.
A la Casa Rosada llegan sugerencias por el estilo de distintos lados. Entidades empresarias, institutos de investigación económica, organizaciones de análisis y respaldo de los espacios políticos que coinciden con el rumbo hacia una economía de mercado. La sensación que dejan trascender es que el Gobierno apenas escucha. El Presidente y su círculo áulico prefieren encapsularse.
Milei entiende que la soledad política es su fortaleza. Acaso acierte, pero en política todo existe si alcanza una proyección suficiente en el tiempo.
Cuando se hacen cálculos sobre esa proyección temporal, asoman apuestas políticas distintas. El pacto precario de gobernabilidad que la Casa Rosada alcanzó en 2024 con los gobernadores está encendiendo luces de alerta.
Los legisladores que responden a los jefes provinciales ya sembraron en el Congreso un par de acechanzas. El pedido unánime de revisión del pacto fiscal vigente con las provincias tomó forma concreta de leyes que van a salir del Congreso para forzar el veto. Milei necesitará de nuevo un tercio de bloqueo.
Soledad obligatoria
La soledad voluntaria de Milei contrasta con el aislamiento involuntario del principal liderazgo opositor, el de Cristina Kirchner.
La visita de Lula da Silva apenas ocultó que para la expresidenta condenada los días pasan y las solidaridades ceden. Los mismos jefes provinciales que se animan ahora a la discusión fiscal con Milei toman distancia del eje estratégico que les propone el PJ para la campaña: “Cristina libre”.
El fallo de Preska sobre YPF puso en evidencia, además, otro escándalo de la gestión Kirchner. La amplia mayoría de dirigentes que respaldó la estatización de YPF por coincidencia con sus objetivos para el desarrollo nacional reconoce ahora que el negocio de los Kirchner con Eskenazi era opaco de toda opacidad y no fue esclarecido durante casi dos décadas por la inacción del juzgado federal de Ariel Lijo.
Sin quererlo, el fallo Preska echó luz sobre la realidad del peronismo: los dos protagonistas de aquella expropiación ruinosa -Cristina Kirchner y Axel Kicillof- disputan la primacía de la oferta presidencial futura del PJ. Unidos entonces, enfrentados ahora.
Junto a ese desorden, en el núcleo del aislamiento obligatorio de Cristina comienza a emerger otro debate: el destino judicial de la expresidenta.
Miguel Pichetto siempre sostuvo que los expresidentes nunca deberían ir presos; que mientras eso sea admitido en nuestro sistema penal, la política terminará siendo, al final del día, una puja por la libertad individual. Es una idea inviable con el orden constitucional vigente. Pero el propio Piccheto instaló la duda sobre un tecnicismo: ¿puede la inhabilitación política de Cristina exceder el plazo de su condena a prisión?
Como la campaña “Cristina Libre” no prende en la demanda social, el kirchnerismo evalúa en voz baja sus alternativas jurídicas. La vía del indulto fue cerrada por Milei, al menos en declaraciones públicas. Para una amnistía, el Congreso en su conjunto debería asumir el costo político. Y los tiempos para que la situación judicial de la expresidenta se agrave corren con su propia inercia.
¿Cómo justificaría Cristina una eximición de su condena por el caso Vialidad si en breve se suman otras sentencias, como las relativas al pacto con Irán o a la patria sobornada que registró el chofer Oscar Centeno en sus cuadernos?
