Francisco de Quevedo escribió que el tiempo es un enemigo que mata huyendo. Mañana vence el plazo para impugnar los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, propuestos por Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las horas que restan para saber cómo actuará la dirigencia política frente a ese desafío corren ahora contrarreloj.
La decisión de los partidos políticos sobre la integración del máximo tribunal de la Nación es tan relevante que operará en los hechos como un momento bisagra para un proceso que está en curso: la reconfiguración del sistema político, tras el colapso de las coaliciones dominantes de las últimas décadas. Los pliegos de Lijo y García Mansilla serán un catalizador de los alineamientos de la política real.
El gobierno de Javier Milei tendrá en ese proceso una prueba definitoria. A su apuesta incipiente de concubinato judicial con la casta, le habrá llegado la hora de la verdad: no tiene votos propios para imponer a sus candidatos. No podrá hacerlo sin un pacto con el kirchnerismo. Las características de ese pacto -hasta el momento de los votos senatoriales, todavía presunto- siguen siendo motivos de especulación.
Están las versiones infladas desde el Gobierno sobre la intención de ampliar la cantidad de miembros de la Corte, lo que habilitaría una negociación con la oposición para repartir las nuevas sillas del tribunal. Pero también hay hechos concretos: rigen nuevas normas de designación de fiscales federales; criterios para elegir a funcionarios que, con la instrumentación del sistema acusatorio, pueden llegar a tener más poder que los jueces de ese fuero. Más de un centenar de vacantes esperan de la política esa negociación, menos refulgente pero tan apetecible como la integración de la Corte.
Entre las razones de quienes se animaron a hablar antes del vencimiento que opera mañana, conviene prestar atención a la impugnación que hizo el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Con la firma de su presidente, Alberto Garay, esa entidad hizo un recorrido lapidario de los antecedentes académicos y judiciales de Ariel Lijo.
El tramo inicial del escrito, sobre los aportes académicos de Lijo, sólo puede leerse en clave de ironía. El jurista propuesto por Milei tiene sólo tres publicaciones jurídicas: un escrito sobre los parámetros constitucionales para la evaluación de investigaciones con cámaras ocultas (que el propio Lijo descarta como proposiciones válidas para ser aceptadas en un proceso penal); un trabajo de divulgación sobre los delitos de tenencia, sin ninguna novedad doctrinaria; y un artículo de elogio a la publicación de sentencias de la Corte en internet. La tarea académica de Lijo ha sido mucho más austera que la de su impulsor que habita en la Casa Rosada, aunque en principio menos señalada por acusaciones de plagio.
Más severas son las observaciones a la conducta de Lijo. Los abogados porteños le recuerdan al Senado que Lijo acumuló cinco pedidos de juicio político. Tres fueron rechazadas in limine. El resto duerme en el Consejo de la Magistratura porque el presidente de la comisión disciplinaria, Mariano Recalde, paralizó hasta el sorteo de los integrantes que deben evaluar las denuncias.
Recalde aplicó un criterio curioso: como Lijo es candidato a la Corte, entendió que por un principio de “primacía de la realidad” no conviene investigarlo mientras su postulación esté indefinida. Todo lo contrario de lo que exigiría la transparencia republicana: precisamente porque es candidato a la Corte, conviene investigar antes (y no después) quién es el nominado por el presidente de la Nación.
Además de los pedidos de juicio político, Lijo tuvo una denuncia por asociación ilícita vinculada a su expansión patrimonial. Fue archivada por el juez Julián Ercolini, en un trámite donde el abogado patrocinante de Lijo fue el abogado Mariano Cúneo Libarona, hoy ministro de Justicia de la Nación.
Con datos de la auditoría que el Consejo de la Magistratura hizo sobre los juzgados federales en tiempos de Mauricio Macri, puede constatarse además que, como juez, Lijo llegó a tener demoras de hasta 14 años para resolver en causas de su juzgado. Por caso: la hija del sindicalista José Ignacio Rucci solicitó varias veces que se citara a declarar a Roberto Cirilo Perdía, sindicado como el líder de la célula que asesinó a su padre. Lijo dejó transcurrir 12 años y nunca lo citó. Perdía murió impune a los 82 años.
Partidos silenciosos
Al cierre de esta edición, con la solitaria excepción de la Coalición Cívica (CC), ninguno de los partidos políticos de primera línea en la escena nacional consideró necesario impugnar el pliego de Lijo. El partido liderado por Elisa Carrió presentó un extenso escrito que recuerda las relaciones de Alfredo “Freddy” Lijo (hermano apuntado como operador del juez) con la empresa Caledonia Seguros, vinculada a Ernesto Chalabe (persona de confianza de José María Olazagasti, exsecretario privado de Julio De Vido) y Marcelo Rochetti (exjefe de gabinete del exministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo). Primacía de la realidad: la casta es multicolor.
Carrió también fue protagonista de otra denuncia que describe en su impugnación. Se trata de la presentación que hizo ante el juzgado de Lijo por fraude y evasión –entre otros delitos– de la petrolera Repsol YPF, estatizada por los Kirchner luego de un proceso de recomposición accionaria que obligó a los españoles a ceder un cuarto de la empresa al Grupo Petersen (de la familia Eskenazi, adjudicataria de la privatización del banco de la provincia de Santa Cruz). Carrió le pidió a Lijo en 2006 que investigara maniobras de vaciamiento y la irregular expropiación e indemnización de la empresa por parte del Estado nacional. La causa sigue abierta, 18 años después.
En marzo del año pasado, la jueza norteamericana Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar una indemnización de U$S 16 mil millones porque el Estado argentino estatizó YPF violando los estatutos de la empresa. El grupo Petersen resultó beneficiario indirecto de esa sentencia, por hechos denunciados que el juez Ariel Lijo demoró investigar. Sus tiempos hicieron daño al huir.
