Tanto en el Congreso como fuera del recinto, permanentemente estamos debatiendo sobre la reforma laboral. Pero advierto que la atención de los formadores de opinión se vuelve a centrar en temas como el banco de horas, el fraccionamiento de las vacaciones o el pago de indemnizaciones en cuotas. Son cuestiones que ya se encuentran habilitadas, de una u otra forma, dentro del marco normativo vigente.
Lo que realmente falta es actualizar quiénes están habilitados a negociar colectivamente. Sin ampliar los legitimados para firmar convenios, no hay reforma que logre crear empleo.
Un sistema diseñado para otra época
El núcleo del problema radica en la estructura centralizada del sistema argentino de negociación colectiva. Hoy, la enorme mayoría de los convenios colectivos de trabajo (CCT) se negocian a nivel de actividad, firmados por sindicatos de gran escala y cámaras empresariales nacionales. Este esquema, que tuvo sentido en la Argentina industrial de mediados del siglo 20 –con grandes empresas y mercados concentrados–, resulta anacrónico frente al perfil productivo actual.
En la economía moderna, el 99% de las empresas son pymes y generan el 65% del empleo privado formal, con enormes diferencias regionales y sectoriales. Aun así, estas empresas siguen sujetas a convenios diseñados para realidades productivas que no las representan: una metalúrgica cordobesa o una textil jujeña deben regirse por las mismas cláusulas salariales, jornadas y categorías que una automotriz o una multinacional porteña. El resultado es previsible: la norma se aleja del hecho, y las condiciones laborales reales se definen por fuera de los convenios, en la informalidad, lo que alcanza hasta más del 70% en las empresas más pequeñas.
El antecedente de la “ley Erman”
En 1998, la llamada “ley Erman” (Ley 25.013) intentó corregir parcialmente esa rigidez. Además de introducir modalidades más flexibles de contratación y nuevos regímenes de aprendizaje y pasantías, la norma incorporó por primera vez la posibilidad de que los convenios de ámbito menor (por empresa o establecimiento) prevalecieran sobre los de ámbito mayor, siempre que estuviera prevista su articulación.
Aunque posteriormente el articulado fue derogado y volvió a prevalecer la negociación centralizada, el espíritu original era claro: descentralizar de manera gradual la negociación colectiva, acercarla al territorio y al ámbito real donde se produce el empleo, pero manteniendo la tutela sindical.
Un nuevo impulso a la reforma laboral
El tema de la reforma laboral vuelve al debate y el aspecto de la descentralización es tomado por un dictamen de minoría reciente de la Comisión Pyme de la Cámara de Diputados, que propone restablecer la autonomía en la negociación de las pequeñas y medianas empresas.
Se plantea que las microempresas queden excluidas de la aplicación obligatoria de los convenios sectoriales y que las pymes puedan modificar sus propios términos laborales de acuerdo con su realidad regional y productiva. Además, habilita que los trabajadores elijan entre ellos hasta tres representantes para firmar acuerdos específicos, con registro automático ante la autoridad laboral y sin necesidad de homologación previa.
Esta innovación implica ampliar los legitimados para negociar: ya no sólo los sindicatos de actividad, sino también los propios actores de la relación laboral –empleadores y trabajadores de la empresa.
Lejos de significar un retroceso en derechos, el enfoque apunta a devolver contenido real y democrático a la negociación colectiva. El derecho a negociar no es de las cúpulas sindicales y empresariales, sino de los propios trabajadores, quienes pueden decidir –junto con sus empleadores– las condiciones para mejorar y equilibrar la productividad con la protección dentro de un marco legal transparente.
La modernización de la negociación colectiva no implica impactos negativos para los sindicatos. Muy por el contrario, es un segmento de empleo donde predomina la informalidad, por lo que avanzar en la reducción de la precarización laboral fortalecerá la representación sindical. Así también, incorporar más trabajadores al empleo formal significa también incorporar más trabajadores al sistema sindical, ampliando su base de afiliación y su legitimidad.
Una modernización que aún espera
La modernización laboral, por lo tanto, no pasa por discutir si las vacaciones pueden fraccionarse o si las horas extra pueden compensarse con descanso, mecanismos que ya prevé la ley, de alguna manera. Pasa por actualizar las instituciones que determinan quién puede sentarse a la mesa de negociación.
En un país con asimetrías tan profundas entre regiones y sectores, pretender que un solo convenio represente a todos termina desprotegiendo a la mayoría. Modernizar la legislación laboral es, en definitiva, reconfigurar las reglas de representación, para que las normas vuelvan a reflejar la realidad de quienes producen y trabajan.
La experiencia de la “ley Erman” demuestra que los intentos de descentralización pueden naufragar si no se asume el cambio de paradigma: no se trata de fragmentar la negociación, sino de acercarla a la realidad del empleo.
Si Argentina lograra ese paso, el empleo formal podría crecer no por decreto, sino porque las reglas finalmente empezarían a adaptarse al siglo 21.
*Diputada nacional
