Usualmente los economistas exigen tres funciones al dinero. La principal es que sirva como medio de cambio. Es decir, que se pueda intercambiar por bienes y servicios.
La segunda función es servir como unidad de cuenta, que no es otra cosa que poder establecer a cuántas “unidades” de dinero equivale cierto bien. Aquí aparecen los precios.
Y la tercera función se refiere a que el dinero pueda ser considerado como depósito o reserva de valor. En otras palabras, que se garantice a su poseedor que lo que hoy tiene en su bolsillo en el futuro le permitirá comprar lo mismo.
Ahora bien, ¿cuántos de estos ítems se pueden tachar para el peso argentino?
No se puede ahorrar en pesos
Argentina arrastra históricamente grandes problemas con su moneda. Desde 1881, el país tuvo cinco monedas diferentes y en reiteradas ocasiones fue necesario quitarles ceros. Como referencia, en el mismo lapso Estados Unidos tuvo sólo una moneda.
El peso que conocemos hoy en día existe desde 1992. Y tomando como referencia que en aquel momento un peso equivalía a un dólar, resulta que en 30 años se redujo su valor en un 99,7%.
Ante estos valores, es claro que hace mucho tiempo que el peso dejó de ser depósito de valor. Para evitar la pérdida de poder adquisitivo, los argentinos se refugian típicamente en el dólar. En los últimos años, el gobierno ha intentado infructuosamente evitar esta “fuga”, imponiendo cada vez más restricciones a la compra de divisas, al punto que hoy en día, además de los empleados públicos, son contadas las excepciones de ciudadanos que puedan acceder al dólar oficial.
No se puede pensar en pesos
Ya bien conocido el punto anterior, y en medio de una crisis inflacionaria, el peso también está perdiendo la función de ser unidad de cuenta. Como consecuencia de la falta de referencias de precio y de las distorsiones económicas que esto implica, el sistema de precios está totalmente desarmado. Los precios, que deberían servir para enviar señales a consumidores y productores, hoy han perdido esa cualidad.
Por un lado, los comerciantes no quieren vender porque no saben a qué precio hacerlo ni a qué precio podrán reponer esa mercadería, o si directamente podrán hacerlo. Por otro lado, quienes tienen pesos carecen de referencias sobre qué es caro y qué es barato. ¿Vale lo mismo un par de zapatillas que el alquiler de un departamento? El resultado es que las señales que envían los precios se empañan y sucede lo inevitable: empiezan a escasear productos.
Adicionalmente, los controles de precios impuestos por el Gobierno profundizan estos problemas. Los precios regulados acumulan aproximadamente un 110% de aumento desde el inicio de la gestión de Alberto Fernandez, frente a una inflación para el mismo período de 180%. Cada mes que pasa se acumulan más distorsiones y los precios son cada vez menos representativos y homogéneos.
Al mismo tiempo, en lo que respecta a bienes de consumo masivo, los comportamientos de las empresas para eludir los controles de precios son igualmente perniciosos: para no violar los acuerdos de precios suelen bajar calidad, aumentar preventivamente los precios, cambiar las presentaciones de los productos en versiones “casi” idénticas y, finalmente, dejar sin stock a los consumidores.
¿No se aceptan pesos?
La aceptación como medio de cambio es el último bastión de defensa del peso. Esta cualidad fue la última en caer en casos como el del bolívar venezolano, en los hechos desplazado por el dólar.
De continuar este complejo escenario económico en nuestro país, la función del dinero como medio de cambio también podría verse seriamente amenazada. Hace tiempo que viene ya comprometida en el mercado inmobiliario, el cual se suele manejar a través de precios y transacciones en dólares.
Actualmente, esta situación también está comenzando a notarse con los alquileres y en el mercado de automóviles: las ventas en pesos se han ido estancando, de manera que cada vez hay más transacciones plenamente dolarizadas. Reflejo de esto es que en la nueva Ley de Alquileres el oficialismo pidió expresamente prohibir la publicación de precios en dólares.
La inflación como obstáculo
Detrás de la pérdida funcional del peso en estos tres puntos, está la necesidad crónica del Estado de emitir dinero por encima de lo que demanda el público. Con un presupuesto equilibrado, este tipo de financiamiento desaparecería.
En los últimos meses, la inflación ha escalado y los valores mensuales que antes se consideraban como un techo hoy se consideran como un piso. Si los precios variaran mensualmente en 7% de aquí a fin de año, lo cual no es un escenario descabellado, 2022 terminaría con una inflación de más del 100% anual.
El escenario macro actual es de extrema fragilidad y las opciones de quienes están a cargo de la economía del país son cada vez más acotadas. Esto puede hacer que se presente esta crisis como una gran oportunidad para comenzar a lograr los consensos necesarios para ordenar el Estado.
* Economista de Idesa
