20 de marzo del 2024. A través de un comunicado oficial de la oficina del Presidente de la Nación, se hace pública su decisión de nominar a Manuel García Mansilla y Ariel Lijo para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, producidas por Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, quien se acoge al beneficio previsional en diciembre del corriente.
Desde el anuncio presidencial, la información ha tomado estado público muy rápido, y como pocas veces antes –quizás el caso más reciente fue la nominación de la gran jurista Carmen Argibay– se levantaron voces manifestando un fuerte rechazo de la mano de organizaciones de la sociedad civil, de profesionales y particulares que advierten una clara violación, tanto a obligaciones convencionales que la Argentina asumió al ratificar una serie de instrumentos internacionales como a la propia Constitución Nacional, que imponen al Estado nacional promover acciones positivas estatales que garanticen a las mujeres una igualdad real de oportunidades y de trato para acceder al máximo tribunal de justicia.
Los cuestionamientos públicos fueron llevados no sólo a la audiencia pública celebrada a instancias del decreto 222/2003 –instrumento que por cierto exige que la integración refleje las diversidades de género–, sino también a la Justicia a partir de amparos colectivos impulsados por prestigiosas organizaciones de mujeres y de derechos humanos, por los que se solicita sean declarados nulos los pliegos remitidos por el presidente Javier Milei.
Incluso han tomado estado parlamentario varios proyectos de ley, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación, disponiendo una composición que respete la paridad de género, entre los que se destaca el de la senadora por Córdoba, Alejandra Vigo.
El trámite previsto por la Constitución Nacional y el referido decreto han seguido su curso y, poroteo mediante, pareciera que más temprano que tarde los argentinos tendremos un máximo tribunal de Justicia, encargado de velar por el respeto a la ley fundamental, compuesto sólo por varones. Literalmente cinco de cinco.
La historia nos muestra que esto no es coyuntural. La Corte fue creada por la Constitución Nacional de 1853 y su primera conformación data de 1863. La primera mujer en integrarla fue Margarita Arguas, designada por el presidente de facto Roberto Levingston. Asumió el cargo el 18 de agosto del 1970 hasta el 24 de mayo de 1973, fecha en que renuncia, dado que se restablece el gobierno constitucional.
Debieron pasar 34 años para que la Corte Suprema fuera integrada por una mujer, Elena Higton de Nolasco, quien asume en 2004 a partir de la propuesta que realiza Néstor Kirchner. Se mantuvo en el cargo hasta su renuncia en 2021.
Sigue en la limitada lista Carmen Argibay, también con vasta carrera judicial y con una destacada trayectoria en la defensa de los derechos humanos, quien asumió el 3 de febrero de 2005 y permaneció hasta 2014.
De la cronología descripta advertimos que desde la renuncia de Higton de Nolasco la Corte no cuenta con integrantes mujeres, lo que en números significa que en 161 años de vigencia de la cabeza máxima de uno de los poderes del Estado, y habiendo pasado 161 juristas, sólo tres fueron mujeres, panorama que lejos está de modificarse de resultar aprobados los pliegos de García Mansilla y de Lijo. Ningún país en Latinoamérica ha llegado a tal extremo.
Los números exponen una clara desigualdad y discriminación estructural, realidad alarmante y significativa por las consecuencias que genera en el plano individual en cada mujer con expectativas de integrar la Corte –el 60% de los egresados en las facultades de Derecho son mujeres, aunque sólo llega a ocupar altos cargos con poder de decisión el 30%– no tendrá ninguna posibilidad.
Pero también las consecuencias se dan en el plano colectivo y, por supuesto, repercute en la calidad democrática de nuestro país, donde por cada 107 mujeres, hay 100 hombres según datos del Indec sobre el Censo de 2022, y a pesar de ello son las que más obstáculos tienen para ocupar cargos de poder o decisión. El techo de cristal más vigente que nunca.
Han vuelto al tapete discusiones que parecían ya superadas o zanjadas y es la necesaria paridad de género en los espacios de poder o donde de adoptan las máximas decisiones de un país, pero además nos inquiere sobre un gran interrogante, cual es si existe una obligación convencional/constitucional de garantizar un trato igualitario, pensando la igualdad como no sometimiento de aquellos grupos que históricamente han sido excluidos en el ejercicio igualitario de sus derechos frente a otros grupos no segregados. La respuesta es afirmativa; y sin embargo, los hechos lo niegan.
Una sociedad más justa, inclusiva y democrática necesita y exige acciones que promuevan la paridad y el acceso igualitario a los derechos, y en este camino Argentina fue pionera en la región; sin embargo, hoy ese anhelo democrático pareciera diluirse.
Estamos ante graves retrocesos en materia de igualdad y no discriminación, consecuencia obvia cuando un poder del Estado, el que tiene a su cargo ser el fiel custodio de la Constitución Nacional, continuará integrado sólo por varones. Cinco de cinco.
* Abogada especialista en asuntos de género. Profesora e Investigadora (UCC)
