El 18 de noviembre pasado, La Voz publicó un artículo de alerta sobre el peligro de extinción de casi el 40 por ciento de las especies de mamíferos de la provincia de Córdoba. Con sorpresa, advierto una expresión inadecuada de una investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, cuando dice: “La única ley que tiene Córdoba (de 1958) es de caza, no de protección”.
En primer lugar, Córdoba cuenta en su Constitución con los artículos 66 y 68 (recursos naturales), que se refieren a garantizar la protección del agua, la flora y la fauna (entre otros).
Siguen en importancia la ley 7.343, con dos artículos que prohíben desarrollar acciones u actividades que degraden a los individuos y las poblaciones de la fauna silvestre en peligro de extinción. Se destaca el artículo 36, por el cual la Provincia adhiere a la Ley Nacional de Conservación de la Fauna Silvestre 22.421, junto a su decreto reglamentario 666/97 y las numerosas resoluciones nacionales conexas.
Esta es una ley de carácter puramente conservacionista, y lo advertimos en su artículo uno: “Declárase de interés público a la fauna silvestre que temporal o de manera permanente habite el territorio de la República Argentina, así como su protección, conservación y aprovechamiento racional”.
El mismo espíritu posee el artículo 3: “Las especies que se hallaren en extinción o en grave retroceso numérico, deberán ser protegidas. La autoridad de aplicación (Secretaría de Ambiente) promoverá y aplicará planes y programas para asegurar la protección de estas especies y su hábitat específico”. Se destaca también el artículo 19: “La Autoridad de Aplicación adherida a esta ley deberá adoptar medidas para la creación de reservas, santuarios y/o criaderos de la fauna silvestre”.
Por su parte, el capítulo octavo, de carácter penal, cuenta con cuatro artículos que sancionan a los transgresores con prisión que va de un mes a tres años y de inhabilitación especial hasta 5 años, en los siguientes casos: 1) a. cazar en campo ajeno sin permiso de su dueño; b. cazar especies prohibidas (protegidas) o vedadas; 2) cazar con armas, artes o medios prohibidos; 3) transportar, almacenar, comprar, vender industrializar o poner en el comercio piezas, productos o subproductos, provenientes de la caza furtiva o de la depredación.
A estas normativas, la Provincia de Córdoba le sumó el Código de Convivencia Ciudadana, que sanciona con multas o arrestos las siguientes faltas: 1) violación a las normas reglamentarias de la caza y pesca deportiva, con el agravante si tienen un fin comercial; 2) tener o circular con animales potencialmente peligrosos); 3) tener sin autorización animales silvestres en estado de cautiverio.
Si bien es cierto que la pérdida de hábitat (pastizales, bosques nativos y humedales) es el factor principal de la declinación de numerosas especies en Córdoba, la caza furtiva o caza ilegal es de sumo cuidado. Pero a ambas causales las supera la falta de cumplimiento efectivo de las normativas de conservación vigentes, en el marco de un Estado ausente, con escasa o nula vocación para hacer cumplir con seriedad y severidad las leyes.
En este marco, se hace sentir la ausencia del Cuerpo de Guarda fauna-bosques y los defensores honorarios del Ambiente, dos cuerpos de fiscalización gratuitos, que desde hace más de 16 años fueron desafectados de modo inconstitucional de sus tareas voluntarias por un aparente capricho del gobierno de turno, a pesar de haberse creado el primero en 1958 y el segundo a fines de la década de 1980, a instancias de una sociedad que veía con impotencia el desinterés de los actores gubernamentales de controlar las decenas de actividades legales e ilegales sobre los recursos naturales de nuestra provincia.
Esta equivocada decisión política ha significado en las dos últimas décadas que cientos de personas comprometidas con el ambiente dejaran de vigilar las actividades antrópicas, con el agregado de que sus acciones no generaban gastos para el Estado sino que significaban cuantiosos ingresos monetarios que provenían de la procuración de las multas impuestas.
Lo cierto es, que junto a Santa Fe y Entre Ríos, somos las tres provincias que menos hemos cuidado los ambientes naturales nativos y la valiosa biodiversidad asociada, lo que con urgencia implora por la planificación y ejecución de un programa de manejo, regulación y conservación verdaderamente serio y efectivo por parte de la autoridad de aplicación.
* Licenciado en Ciencias Ambientales, miembro activo de la Comisión Directiva de Funam.
