En junio 2022 ingresó al Senado de la Nación un proyecto de ley impulsado por 17 gobernadores oficialistas para aumentar a 25 los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, teniendo como fundamentos centrales: federalismo, equidad de género, especialidad en la materia.
El 22 de septiembre se presentó el proyecto en el que se reducía el número de 25 –sin otro fundamento que componenda política– a 15. Ahora el Presidente de la Nación impulsa el pedido de juicio político. Todo ello agrava el deterioro de las instituciones y la decadencia de Argentina.
Instituciones inclusivas o extractivas
Los países que progresan tienen instituciones políticas y económicas inclusivas. Instituciones políticas inclusivas se corresponden con la forma republicana y democrática de gobierno (incluido monarquías constitucionales). Esto es: plena independencia de los tres poderes, fundamentalmente: Poder Judicial fuerte (y eficiente); democracia de alta calidad en la cual los partidos políticos practican la democracia interna; alternancia.
Ello genera instituciones económicas inclusivas, cuya organización es a través del mercado. El estado cumple con sus funciones inherentes, esto es, la provisión de los bienes públicos y semipúblicos mediante servidores elegidos por mérito. Todo ello alienta y garantiza el libre ejercicio de la iniciativa privada, la inversión y, por tanto, el progreso económico y social.
Instituciones políticas extractivas se corresponden con el modelo populista/corporativista, que consagra instituciones económicas extractivas, fundamentalmente: intervención en los mercados y altos impuestos a los sectores productivos competitivos, cuyo producido el gobierno gasta a discreción en objetivos políticos que aseguren su continuidad en el poder, como transferencias discrecionales a: provincias y/o municipios adictos al poder (que muchos destinan a obras no prioritarias); empresas públicas deficitarias; sectores de la producción no competitivos; sectores sociales empobrecidos “cautivos”, etcéteras.
En una reciente investigación he verificado la hipótesis que la decadencia de Argentina es institucional: una derivación desde instituciones inclusivas a extractivas, pasando de prácticas republicanas y democráticas a un modelo populista/corporativista, con períodos esporádicos de reversión parcial.
Una historia de embates contra la Justicia
La mayor degradación en las instituciones políticas lo es respecto del Poder Judicial (PJ), el federalismo y la legislación laboral. En el caso del Poder Judicial, principalmente por los ataques a la Corte Suprema a partir del presidente Juan Domingo Perón en 1946. En concreto, Perón hizo que la Cámara de Diputados destituyera tres de los cinco miembros (el cuarto dimitió y el quinto había sido designado por el gobierno militar que él había integrado). El Senado aprobó la destitución. Perón nombró cuatro nuevos jueces, teniendo su propia Corte.
Perón inauguró lo que luego se convertiría en una mala práctica con cada cambio institucional significativo, produciéndose seis destituciones más de la Corte impulsadas por la llamada Revolución Libertadora, la Revolución Argentina, Héctor Cámpora, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner, y dos aumentos de números de los miembros, con Arturo Frondizi (dos) y Carlos Menem (cuatro). Exactamente, desde 1946 hubo nueve ataques a la Corte Suprema. No la atacaron los presidentes Arturo Illia, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri.
Un PJ independiente requiere el no acoso formal a la Corte (juicios políticos sin fundamentos), ni informal (convocar “puebladas” en su contra) (y no acoso –“carpetazos”– a los tribunales inferiores), y que el número de ministros sea inamovible. El actual presidente de la Corte ha dicho que no es conveniente su aumento, pues cada Ministro se expide para cada caso, por lo que ello iría en contra de la eficiencia.
Respecto de los tribunales inferiores la reforma de la Constitución de 1994 creó el Consejo de la Magistratura, que “…tendrá a su cargo la selección de los magistrados…” (antes facultad del Poder Ejecutivo), específicamente: “Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores” (propendería a la calidad de la Justicia requerir para camarista el grado universitario máximo, con las excepciones previstas para acceder a las cátedras universitarias) y “Emitir propuestas en ternas vinculantes…”.
También “ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados”. La Constitución prevé que el Consejo “será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matricula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley”.
Dado a que se debe dictar nueva ley, sería conveniente que en ese “equilibrio” se equipare la participación de “personas del ámbito académico y científico” con los otros estamentos, cubriéndolos con miembros de las Academias Nacionales afines al derecho, ciencias políticas, económicas, historia, contribuyendo a la despolitización y eficiencia del Consejo.
Todo ello redundaría en imparcialidad y eficiencia del Poder Judicial, necesarias para resguardo de la república y los derechos de los ciudadanos, lo que impulsaría la iniciativa privada, la inversión y, por ende, el crecimiento económico y social, revirtiendo la decadencia.
* Académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas
