El pasado 25 de febrero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió dictamen en carácter de opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la separación del archipiélago de Chagos. Sentó allí importantes principios en materia de descolonización.
Este precedente nos invita a reflexionar sobre las anquilosadas fórmulas que los sucesivos gobiernos argentinos exploraron para intentar recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
La protagonista del caso es la República de Mauricio, pequeño estado insular en el océano Índico que fue colonia británica hasta su independencia, en 1968. Desde ese entonces, Mauricio desarrolla una continua e innovadora batalla para recuperar el archipiélago de Chagos, territorio que formó parte de la dependencia colonial durante el dominio británico y que en 1965 fue separado por el Reino Unido con la finalidad de crear los denominados “Territorios Británicos de Ultramar en el Océano Índico” e instalar allí una base militar angloestadounidense.
Tras sucesivos reclamos, y a instancias de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mauricio solicitó en 2017 la opinión consultiva de la CIJ para que examinara la legalidad de su proceso de descolonización.
El tribunal fue contundente y sostuvo por 13 votos contra uno no sólo que el proceso de descolonización de Mauricio no se completó de manera legal, sino que el Reino Unido está obligado a poner fin a su administración del archipiélago de Chagos lo más rápido posible y que todos los estados miembro están obligados a cooperar con la ONU para completar la descolonización.
La opinión consultiva de la CIJ marca un significativo triunfo del derecho y de la justicia. En contra de todos los pronósticos, las presiones del Reino Unido no lograron impedir que un pequeño estado lograra una victoria en la CIJ, con una respuesta ajustada a las normas y principios fundamentales del derecho internacional.
Aunque el dictamen de la CIJ no tiene carácter vinculante, pues no es una sentencia que resuelva la cuestión de fondo, el simple hecho de que señale al Reino Unido como responsable de un ilícito internacional por violar el derecho fundamental a la libre determinación de los pueblos ejerce un amplio poder político y simbólico para aquellos estados que, como el nuestro, aún hacen frente al colonialismo en sus territorios.
Con este antecedente, no cabe duda de que es un momento propicio para ser creativos y construir nuevas estrategias que no descarten ninguno de los medios pacíficos de solución de controversias que nos ofrecen las organizaciones y tribunales internacionales.
Mucho tenemos que aprender de Mauricio. En el conflicto que mantenemos en el Atlántico sur con la misma potencia colonial, las cosas son bien diferentes. Los 53 años transcurridos desde la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que instó a negociar la disputa de soberanía por Malvinas, y los más de 36 años que lleva Argentina pidiendo al Reino Unido que cumpla lo allí establecido son más que suficientes para reconocer que la tan mentada “política de Estado” que se desarrolla en la cuestión Malvinas necesita renovarse.
Salvando las distancias fácticas y jurídicas que separan al caso de Chagos de la cuestión Malvinas, las conclusiones de la CIJ constituyen un interesante precedente para nuestras reivindicaciones.
En particular, resulta indispensable focalizar en el rol que el tribunal le reconoce a la Asamblea General como la encargada de determinar las modalidades de los procesos de descolonización y de supervisar el cumplimiento de la obligación de los estados de poner fin al colonialismo.
Bajo estos lineamientos, adquieren renovado vigor las resoluciones que la Asamblea General emitió respecto de Malvinas, sobre todo la que insta a los estados a negociar la soberanía de las islas.
Así, la diplomacia argentina podría solicitar con especial ahínco el cumplimiento de la obligación del Reino Unido de retomar las negociaciones que desde hace más de tres décadas están en punto muerto.
Otra alternativa que se impone es la posibilidad de emplazar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda internacional llevándola de nuevo a la Asamblea General, para que esta insista en la obligación a poner fin a la situación colonial.
Esta herramienta del multilateralismo permitiría ejercer una presión política y diplomática sobre el Reino Unido que Argentina no tiene por sí misma.
El diseño y la ejecución de una política de Estado comprometida con la cuestión Malvinas son responsabilidad compartida de todo el arco político, que deberá arribar a acuerdos y a compromisos sostenibles en el tiempo.
Ser capaces de reconocer los errores y aciertos del pasado es la clave para construir una mirada al futuro con nuevos caminos para recuperar las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, que formaron parte de los territorios de la corona española y que desde nuestra Independencia nos pertenecen.
*Profesora de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho - UNC.
