La literatura politológica reconoce cinco tipos de consultas populares convocadas por los gobiernos.
- Los plebiscitos obligatorios (o referendos), cuando son vinculantes, dado que la Constitución o una ley obliga al presidente de la Nación a convocarlos por tratarse de una modificación sustancial del régimen institucional (por ejemplo, la propuesta a la postre infructuosa de pasar de un régimen presidencialista a otro parlamentario, en el Brasil posdictatorial, en abril de 1993).
- Los plebiscitos consultivos, cuando se trata de temas puntuales y su resultado no es vinculante (en Argentina, fue el caso del plebiscito por el Tratado del Beagle con Chile, en noviembre de 1984).
- Los plebiscitos derogatorios o abrogativos (por ejemplo, el fallido intento de la Democracia Cristiana italiana de derogar la Ley de Divorcio en 1974, que fue rechazado por el voto del 59% de los italianos),
- Los plebiscitos facultativos, cuando tienen resultados vinculantes, pero su convocatoria no es definida ni por la Constitución ni por una ley (ilustra esta situación el caso de algunos países europeos, como Dinamarca, a la hora de decidir su ingreso o no a la Unión Europea).
- Un quinto tipo de consulta popular –generalmente precedida de la recolección de un determinado porcentaje de firmas que la solicita– son los referendos revocatorios, que permiten a los ciudadanos destituir a una autoridad electa, pero tienen su aplicación, principalmente, en ámbitos locales: durante el gobierno de Amadeo Sabattini en Córdoba (1936-1940) se concedió los derechos de iniciativa, referéndum y destitución de autoridades electivas a los vecinos de los municipios.
Dos bibliotecas
En relación con estas consultas populares, existen dos bibliotecas.
Una destaca sus aspectos positivos y argumenta que otorgan mayor legitimidad al proceso de toma de decisiones, constituyen una herramienta educativa (estimulan a los ciudadanos a informarse sobre determinados temas) y favorecen la participación popular en política.
La otra biblioteca subraya sus aspectos potencialmente negativos: pueden ser utilizados por líderes con tendencias autocráticas y dictatoriales, como los casos de Adolfo Hitler en Alemania, para aumentar su poder unificando los cargos de presidente y de canciller (1934) o para anexar Austria (1938); y más recientemente, Vladimir Putin en Rusia, quien en 2020 logró eliminar la cláusula que limitaba el ejercicio de la presidencia a dos mandatos consecutivos, acompañada de una enmienda que le permite potencialmente gobernar hasta 2036.
Un segundo aspecto negativo de los plebiscitos y los referendos remite al desplazamiento de la política como un juego cooperativo de negociaciones entre actores diferentes por otro en el que no hay espacio para concesiones recíprocas y soluciones concertadas.
Las advertencias del presidente Javier Milei sobre la posibilidad de convocar a un plebiscito no son el punto de partida de un estilo de gestión decisionista –tendiente a “puentear” las instancias parlamentarias de diálogo y negociación–, sino el corolario de un proceso que tuvo su punto de inflexión durante la presidencia de Carlos Menem.
De acuerdo con Delia Ferreira Rubio (presidenta de Transparencia Internacional 2017-2023 y especialista en financiamiento de la política), entre 1953 y 1976 se dictaron 15 decretos de necesidad y urgencia; durante la presidencia de Raúl Alfonsín, fueron ocho, y durante los primeros cuatro años del gobierno de Carlos Menem, 308. De estos últimos, 69 fueron referidos a impuestos, 32 a salarios, 29 a organismos públicos y 28 a deuda pública.
A partir de entonces, esta práctica, sumada a los vetos parciales y totales del Poder Ejecutivo sobre leyes aprobadas en el parlamento (70 vetos totales entre 1989 y 1994), se fue naturalizando, lo que convierte a la Argentina –retomando las palabras del politólogo Hugo Quiroga– en un país en “emergencia permanente”.
Milei y la tradición política argentina
Como puede advertirse, desde el punto de vista histórico la propuesta plebiscitaria de Milei no inventa una tradición política, sino que profundiza una tradición que tiene dos componentes centrales: un estilo gerencial y tecnocrático de tomar decisiones, en el que la presunta racionalidad económica se privilegia respecto del diálogo político; y un componente populista –en este caso, de derecha– que en contraste con la tradición liberal democrática tiende a circunscribir el ejercicio de la democracia al voto y no al respeto riguroso de las reglas y los mecanismos formales de limitación del poder.
Esta lógica, en el marco de un ideario neoliberal extremo, tiende a negar la política, desvalorizar el sistema de partidos y comprimir la ciudadanía social, dejándola al libre arbitrio del mercado.
Lejos de los liberales que construyeron desde finales del siglo XIX el Estado nacional construyendo escuelas públicas como si fuesen verdaderos palacios; distante de los avances sociales de las presidencias de Hipólito Yrigoyen y de Juan Domingo Perón, y en las antípodas del ideario alfonsinista que rendía culto al matrimonio entre ciudadanía política y ciudadanía social, asoma en cambio el peligro de una autocracia electiva, con dudosa sensibilidad social e iliberal en su práctica política, cuya capacidad de gobernar efectivamente correrá el peligro de transitar por el barro de la anomia y la inestabilidad institucional.
* Director de la Maestría en Partidos Políticos del Centro de Estudios Avanzados de la UNC
