En los últimos días volvió a instalarse en la agenda pública el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal, tema que se trató ayer en la Cámara de Diputados.
La propuesta se presenta, una vez más, como una respuesta necesaria frente a la inseguridad y como una herramienta para “hacernos cargo” de delitos cada vez más graves cometidos por adolescentes.
Sin embargo, detrás de ese planteo hay un diagnóstico incompleto y una solución equivocada.
Lo primero que conviene decir con claridad es que oponerse a la baja de la edad de imputabilidad no implica negar el delito ni desconocer el dolor de las víctimas. Por el contrario, implica tomarse el problema en serio y preguntarse si el camino elegido es realmente eficaz, justo y compatible con un Estado constitucional de derecho.
Cuando el Estado fracasa en garantizar condiciones básicas de vida –alimentación adecuada, educación de calidad, acceso a la salud, contención familiar, espacios de cuidado y oportunidades reales– y luego responde con el sistema penal, lo que hace es sancionar a niños, niñas y adolescentes por sus propias omisiones.
El derecho penal, que debería ser la última herramienta del Estado, pasa a ocupar el lugar de políticas públicas que nunca llegaron o llegaron tarde.
Los datos oficiales muestran que la participación de menores en delitos graves representa un porcentaje reducido del total. Sin embargo, se legisla como si allí estuviera el núcleo del problema de la inseguridad.
Esa desproporción revela que la discusión no es técnica, sino simbólica: se busca una respuesta rápida, visible y punitiva frente a un fenómeno complejo que exige políticas profundas y sostenidas en el tiempo.
Se afirma que la reforma persigue un fin noble: la reinserción social. Pero las leyes no se evalúan por sus intenciones declaradas, sino por las condiciones reales de su aplicación.
Hoy el sistema de encierro –adulto y juvenil– no está preparado para cumplir una función reeducativa. Carece de infraestructura adecuada, de equipos interdisciplinarios suficientes y de dispositivos de acompañamiento que permitan una verdadera inclusión social.
En ese contexto, el encierro temprano no repara: endurece. No incluye: segrega. No previene: consolida trayectorias de exclusión.
Creer que bajar la edad de imputabilidad va a resolver la inseguridad es una ilusión peligrosa. El contacto precoz con el sistema penal suele producir el efecto contrario al buscado: mayor estigmatización, mayor reincidencia y más violencia.
Las cárceles y los dispositivos de encierro terminan funcionando, en muchos casos, como verdaderas escuelas del delito, en especial cuando se aplican a adolescentes que todavía están en pleno proceso de formación personal y emocional.
El origen del conflicto
Hay una dimensión del problema que suele quedar fuera del debate público: el origen del conflicto. Muchos de estos chicos nacen y crecen en contextos atravesados por la violencia, la desnutrición, el abuso, el consumo problemático de drogas y la ausencia de referentes adultos estables.
Son infancias que escucharon demasiadas veces “no”: no hay comida, no hay trabajo, no hay lugar, no hay futuro. En un mundo que les exige éxito, consumo y dinero –mostrándoles permanentemente, a través de una pantalla, realidades a las que nunca podrán acceder– el dolor, la frustración y el resentimiento no son una sorpresa; son una consecuencia.
La mano dura puede tranquilizar conciencias por un tiempo, pero no construye seguridad duradera. La historia demuestra que el endurecimiento penal sin políticas sociales robustas sólo produce más encarcelamiento de los sectores más vulnerables y más fractura social. No se construye una sociedad más segura castigando infancias heridas.
Si de verdad queremos reducir el delito y proteger a las futuras víctimas, el camino es otro: más oportunidades que penas. Mejor alimentación, mejor educación, más espacios de cuidado, más acompañamiento familiar, más presencia estatal antes del delito y no después. Un Estado que llegue primero como escuela, como hospital, como club, como trabajo y como abrazo; no como patrullero o celda.
Bajar la edad de imputabilidad no es una decisión valiente ni moderna. Es una respuesta fácil a un problema difícil. Pensar políticas más humanas, más profundas y más complejas requiere coraje político y compromiso social. Pero es el único camino que puede ofrecer un futuro distinto para esos chicos y, en definitiva, para toda la sociedad.
Porque los niños, niñas y adolescentes no necesitan penas más tempranas. Necesitan más futuro.
Abogado
