La “causa de los Cuadernos” no parece que vaya a terminar bien. Lo que empezó como la investigación más ambiciosa del periodismo argentino –nuestro Watergate–, con un impulso judicial arrollador, hoy amenaza con derrumbarse. Y sólo un milagro podría salvarla.
Los responsables son los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 7 de la Ciudad de Buenos Aires, donde está radicado el proceso.
Interminable
Decidieron realizar audiencias una vez por semana y en forma virtual, para un juicio que tiene 87 imputados y entre 400 y 600 testigos.
El objeto es determinar si existió un sistema de corrupción organizado desde el poder kirchnerista para el pago de sobornos de empresas contratistas a cambio de adjudicaciones de obra pública.
La magnitud del juicio es monumental. Sólo la lectura de las acusaciones demandará todo noviembre. Luego, cada imputado podrá declarar, etapa que podría extenderse varios meses.
La recepción de la prueba testimonial llevará algunos años más, y recién entonces la fiscal deberá presentar sus conclusiones individuales para cada acusado.
Después vendrán los alegatos de las defensas, y podrá hablar uno por audiencia, a razón de cuatro por mes. Solo esa instancia podría ocupar más de 20 meses, sin contar feriados ni imprevistos.
Los más optimistas calculan que el juicio podría durar entre dos y tres años, aunque no exageran quienes advierten que el proceso podría extenderse por al menos un lustro. Y quizá más.
Un simple formalismo
El tribunal ya rechazó la posibilidad de que los acusados resuelvan la causa mediante una reparación económica. Argumentó, con razón, que los delitos de corrupción afectan bienes jurídicos de carácter supraindividual y no pueden ser compensados con dinero.
Eso está muy bien, pero solo si el juicio no se convierte en una farsa interminable que, al final, no sirva para nada y termine haciendo del mismo procedimiento un obstáculo para la verdad.
Porque si el proceso fracasa, al daño enorme ya causado se sumará la frustración de constatar que el sistema democrático carece de instrumentos eficaces para enfrentar la corrupción, aun cuando todo el mundo la percibe.
Cuesta entender la decisión de los jueces. Un juicio oral debería ser la mejor garantía de justicia, porque se apoya en dos principios esenciales: concentración e inmediación.
El primero exige que el debate se desarrolle con la mayor cantidad de actos posibles, en el menor tiempo y de manera continua. La ley prevé que si el proceso se interrumpe –aun por razones de fuerza mayor– durante cierto plazo, todo lo actuado se anula y hay que empezar de nuevo.
En un juicio de esta magnitud, con tantos imputados, cualquier contingencia puede ocurrir. Y con un solo juez suplente, bastaría que dos se vean impedidos de continuar –algo perfectamente posible en cinco años– para que todo vuelva al punto de partida.
El segundo principio apunta a que los magistrados escuchen directamente a imputados y a testigos, para poder valorar sus dichos sin intermediarios.
La virtualidad pudo tener alguna razón de ser durante la pandemia, cuando todos estábamos encerrados, pero no hoy. Un juicio es algo solemne que se lleva a cabo en un recinto apropiado y en presencia de los jueces, no por apego a las formalidades, sino porque es algo grave: en él se define el destino de las personas.
Grosero e innecesario
Imputados en pijama, acostados, comiendo, y abogados ocupados en otras cosas representan una grosería sin rival que deja la autoridad del Tribunal por el suelo y hace que nadie se tome en serio el trámite.
Además, si la sentencia se dicta dentro de cinco años, sería un disparate suponer que un juez pueda recordar con precisión una declaración escuchada al comienzo del juicio o el alegato de un fiscal o de un defensor pronunciado años atrás. Todas las bondades del juicio se pierden sin remedio.
El lamentable espectáculo, sin embargo, se podría haber evitado. La ley –más sabia que quienes deben aplicarla– prevé una salida para estos casos: la separación de juicios.
No era necesario hacerlo todo junto. Podrían haberse dispuesto varios debates, uno después del otro.
Claro que el tribunal debería haberse dedicado casi por completo a estos procesos, y probablemente también habría llevado años. Pero cada juicio hubiera sido más acotado, con tiempos razonables y con la posibilidad de que las formas sustanciales del juicio –acusación, prueba, defensa y sentencia– se observaran con normalidad.
Antecedentes no faltan. En Córdoba, la célebre causa del Banco Social o, sin ir más lejos, la megacausa del Registro de la Propiedad usaron esta modalidad.
La Cámara Federal de Casación Penal citó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 para el martes 18 de noviembre de 2025, con el propósito de organizar el juicio en la Sala Amia de Comodoro Py, con tres audiencias presenciales por semana y sin interrupción durante la feria judicial de verano, para acelerar el proceso.
Aun si la Casación lograra modificar algo, el juicio oral correría el riesgo de convertirse en el cumplimiento de una formalidad, pero sin garantía de justicia para nadie. Algunos defensores ya se han opuesto. Si van a perder cinco años de su vida, que al menos no sea encerrados en una sala y varias veces por semana.
*Abogado
