La reforma que se propone busca reducir drásticamente la carga tributaria, lo que aliviaría la presión sobre los sectores productivos y permitiría que los ciudadanos puedan destinar sus ingresos en lo que ellos decidan, sin que nadie les esté quitando su esfuerzo, además de que eso fomentaría más el consumo.
Una de las medidas claves de la reforma es la eliminación de un tributo altamente distorsivo y expropiatorio: el Impuesto de Sellos, un vestigio medieval que no tiene justificación en la actualidad, como vemos, por ejemplo, cuando tenemos que hacer un contrato de alquiler, o cuando simplemente pagamos la tarjeta de crédito.
Otra medida sería la reducción del 50% del robo institucionalizado y naturalizado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que afecta de manera desproporcionada a pequeñas y medianas empresas y a los sectores productivos, y desemboca finalmente en los consumidores, que pagan el impuesto oculto en el precio del producto o servicio que consumen.
Tercero, se buscaría eliminar todas las exenciones objetivas y subjetivas que los sucesivos gobiernos han ido dando a grupos de personas o sectores determinados.
Esta práctica clientelar, prebendaria y corporativa, que se asemeja mucho a los privilegios por cercanía a la Corona, genera una ruptura del principio de igualdad y generalidad de los tributos. En consecuencia, es una manifiesta injusticia, que deja afuera a la inmensa mayoría de la población, sobre todo aquellos que no tienen poder de lobby o contactos políticos.
Les pregunto: ¿qué diferencia tiene un emprendedor con una hamburguesería de barrio que paga Ingresos Brutos, frente a un gran festival de música que está exento?
También se reformaría el sistema de cobro del Impuesto Inmobiliario, para que no tributen aquellos que ya pagan el Impuesto a los Bienes Personales a nivel nacional, lo que evitaría la doble imposición en esta materia.
Cambios necesarios
Junto a la fundación Mejor Futuro, el abogado tributarista José Ignacio Vocos y el contador Lucas Rodia, hemos presentado este proyecto de reforma tributaria con el objetivo fundamental de reducir la carga impositiva sobre familias, negocios y empresas.
Fue presentado en abril de 2024 y recién el pasado 19 de febrero tuvimos la posibilidad de tratarlo en la Legislatura de Córdoba. Posibilidad, ya que el peronismo de Córdoba y algunos oficialistas encubiertos rechazaron debatir el proyecto y mejorar la calidad de vida de los cordobeses.
Es hora de reflexionar sobre los cimientos de nuestro sistema impositivo, que no sólo ha fracasado en sus objetivos, sino que ha agravado la situación económica.
La Argentina atraviesa una decadencia económica de casi 100 años, y Córdoba no es la excepción. La causa principal de esta situación es un gasto público exorbitante e ineficiente, financiado con impuestos confiscatorios. Este sistema es insostenible.
A pesar de la altísima carga tributaria, los servicios públicos son deficientes y no brindan una cobertura adecuada a los ciudadanos, como son los casos de salud, educación y seguridad. Esto provoca que muchos tengan que acudir a los servicios de manera privada, para tener una mejor respuesta. En palabras sencillas, existe un Estado demasiado caro en relación con las funciones y los servicios que brinda.
Además de reducir impuestos, es fundamental mejorar la eficiencia en el gasto público. En los últimos 20 años, el empleo público aumentó enormemente, pero en gran parte este crecimiento no ha estado vinculado a la mejora de los servicios prestados, sino a la creación de puestos políticos, hasta llegar a más de 100 mil empleados en planta permanente en la Provincia de Córdoba, equivalente a dos estadios Mario Kempes llenos de empleados públicos.
Es necesario que el Estado deje de ser un botín de guerra, administrado por una clase dirigente que no responde a las verdaderas necesidades del pueblo.
La reforma tributaria no es sólo una cuestión técnica o económica, sino una cuestión social. Es hora de que Córdoba avance hacia un modelo en el que el Estado esté al servicio de la gente, no al revés. Esta reforma permitirá a los cordobeses recuperar una parte de lo que se les ha quitado durante años, generando las condiciones necesarias para que nuestra provincia crezca de manera sostenida, con más empleo, más inversión y más bienestar para todos.
Es un hecho histórico haber llevado al recinto un proyecto de ley para bajar los impuestos. Vamos a seguir peleando hasta que sea realidad. La oportunidad está ante nosotros. Es hora de dejar atrás un modelo de Córdoba feudal y dar paso a una Córdoba libre, donde los impuestos sean justos y el gasto público sea eficiente.
* Legislador de Córdoba; presidente de Fundación Mejor Futuro
